Hace unos días saltaban a los medios las declaraciones de Irene Montero, ministra de Igualdad, respecto a su decisión de cerrar los prostíbulos. El argumento es bien sencillo y fácil de digerir, como corresponde en tiempos de pandemia, para una población cada vez más infantilizada y poco proclive a pensar: el rastreo en clubes es complicado precisamente porque los clientes de la prostitución necesitan guardar anonimato. Y es que la señora ministra, con sus declaraciones y sin darse cuenta, lo que ha hecho es precisamente dar la razón a las putas politizadas y activistas que llevan ya tiempo en sus charlas exponiendo la cuestión mollar del estigma: no es fácil salir del armario como trabajadora sexual pero, consecuentemente, tampoco lo es como cliente. ¿Pensaría la ministra que las políticas abolicionistas que promueve su partido machista-leninista en el gobierno de coalición más hipócrita de la historia (el PSOE ha sido el partido que más licencias a clubes ha dado) que el oponerse frontalmente a considerar el trabajo sexual como trabajo no iba de la mano con lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo va a ser fácil rastrear el cliente de un prostíbulo desde ese limbo en el que se encuentra el trabajo sexual?
Nos llama poderosamente la atención, desde esa misma óptica relativa a cuidar la salud pública, que las saunas y los locales gays (que no maricas) no hayan sido cerrados también por decreto ley. Esto nos demuestra, una vez más, la prevalencia del privilegio macho: la sexualidad de las trabajadoras sexuales es motivo de preocupación gubernamental mientras que las actividades sexuales en los locales frecuentados por hombres-sin-mujeres no son motivo de declaraciones a los medios. Y ya que hablamos de locales que preocupan, ¿qué pasa con los pubs liberales o espacios swinger? ¿Y las salas de masaje? Hacemos estas preguntas porque tal y como se ha planteado el tema COVID en los prostíbulos y no en otros espacios, al final vamos a pensar que lo del Gobierno central es una caza de putas, y no una preocupación real por la salud de nadie.
No entendemos que los pubs liberales abran sus puertas de 17 a 1 de la madrugada para acoger a clientes que van con parejas o grupos de amigxs a mantener relaciones sexuales. ‘’Uso obligatorio de mascarillas, gel desinfectante y con respecto a las distancias de seguridad allá cada uno’’, nos comentaba ayer vía telefónica el dueño de un pub liberal de Madrid. Otro dueño de este tipo de local en Sevilla nos confirmó también que en su negocio seguían en funcionamiento ‘’la piscina, el jacuzzi, las habitaciones y los reservados’’. Tampoco nos consta que se hayan tomado medidas de prevención con respecto a las salas de masaje, espacios en los que, más allá de que haya o no penetración, indudablemente no se puede mantener distancia de seguridad alguna y donde el contacto corporal es imprescindible. Otro ejemplo son las saunas (entretenimiento para adultos) en las que siguen operativas todas las instalaciones.
Pero volvamos a la realidad de los clubes. ¿Cuándo fue la última vez que la ministra visitó un prostíbulo? ¿Con cuántas trabajadoras sexuales ha hablado? Porque entendemos que desde el Gobierno se hablará con conocimiento de causa y no desde donde habla mi vecina cuando me la cruzo en la escalera. Y otra cuestión, si los prostíbulos no tienen licencia de club como tal, sino que tienen licencia como hoteles, pubs, salas de fiesta, salas de masaje, discotecas, etcétera, ¿por qué se cierran los prostíbulos y los hoteles no? Porque si una trabajadora sexual se va a encontrar el club cerrado, cabe pensar que se irá con el cliente a un hotel. ¿Cómo se va a diferenciar a la puta de la esposa?
Ahora mismo el acoso a las trabajadoras del sexo se está haciendo desde distintos frentes: por un lado las Ordenanzas Municipales y la Ley Mordaza están expulsando a las mujeres de las zonas seguras de trabajo en los barrios, y ahora con los cierres de los clubes de alterne, éstas también quedan fuera de esos espacios, ¿qué alternativas reales les va a dar el Gobierno a estas mujeres? Teniendo en cuenta que hay un amplio porcentaje de trabajadoras sexuales que por su condición de migrantes se encuentran en situación administrativa irregular (es decir, no tienen papeles) preguntamos: ¿por qué el Gobierno no se está ocupando de escuchar las demandas del movimiento estatal Regularización Ya? ¿Por qué el Gobierno no ha derogado la Ley de Extranjería? ¿Cómo se va a ayudar desde la legalidad de las instituciones a las personas que por las leyes racistas y xenófobas se encuentran en una situación ilegal? Sin documentación no tienes derecho a nada, y no estamos hablando exclusivamente del trabajo sexual, estamos hablando de temporeros, limpiadoras del hogar, cuidadoras de personas mayores y tantos otros trabajos que forman parte de la economía sumergida de este país y de cuya salud tampoco se está ocupando nadie. Todos estos trabajos terriblemente precarizados llenan las neveras de muchas familias aquí y en su país de origen, ¿va a mantener el Gobierno de coalición a esas familias?
Pero volvamos a los argumentos higienistas en torno al trabajo sexual, esos que relacionan la salud pública con el trabajo sexual (“los prostíbulos deben ser cerrados por motivos de salud pública” dice Irene Montero), esos que relacionan la falta de control sanitario, la suciedad y los focos de infección con el trabajo sexual. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que este Gobierno de “izquierdas” también regule las relaciones sexuales gratuitas? Según palabras de Alberto Garzón ‘’ha llegado la hora de frenar el virus del machismo’’. Como si regalar sexo no fuera machista. Como si las personas que lo han votado no contrataran servicios sexuales. Quizás no le agradaría saber la enorme cantidad de hombres ‘’feministas’’ de su espectro ideológico que creen tener el derecho de pedir nudes a mujeres esperando recibirlas y gratis.
Sólo hay que ver aplicaciones de contactos como Tinder para calcular cuántas pueden ser las personas que quedan a diario para mantener relaciones sexuales.
Nos gustaría saber qué opciones de prevención da la ministra a la cantidad de mujeres que diariamente suben por primera vez sus anuncios a webs de contactos como pasión.com para hacer exactamente lo mismo que está haciendo la vecina del segundo que ha quedado hoy en su piso para tener encuentros sexuales con dos chicos. ¿Qué hacemos? ¿Abolir Tinder? ¿Estamos a las puertas de que cristalice una legislación que refuerce todavía más el matrimonio monógamo (otra forma de prostitución) y el régimen cisheterosexual al tiempo que criminaliza todo lo que se salga del marco del lobby romántico? ¿Qué aspectos son legítimamente susceptibles de someterse a legislación y cuáles no? ¿Dónde empiezan y dónde terminan las libertades individuales en el terreno de las relaciones sexuales?
Queda clara la visión tan sesgada de este Gobierno de ‘’izquierdas’’ al limitarse a pensar que las prostitutas somos personas ajenas a esta sociedad. La lógica es: si cerramos los clubes y las Ordenanzas Municipales multan a las trabajadoras, acabaremos con la prostitución y, por ende, con gran parte de los contagios, pero el ideario es absolutamente reduccionista al pensar en las putas como vectores de enfermedades y mujeres vulnerables en tacones y vestidos cortos.
Nos parece chapucero hacer políticas feministas cuando se ignora el gran número de mujeres que nos rodea que trabaja manteniendo relaciones sexuales. Las trabajadoras sexuales han existido siempre y seguirán existiendo.
En un escenario de pandemia y salud pública, bajo el pretexto de controlar los rebrotes, no nos parece fortuito que se aborde el tema de la prostitución desde, ni más ni menos, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Consumo, declaradxs abolicionistas. Qué narrativas tan perversas las que ponen a las putas como peligro público al tiempo que son consideradas objeto de consumo (ideario harto misógino y patriarcal) y todo verbalizado a través de una ministra de Igualdad.
Desde el estreno de la democracia los partidos que se han ido alternando en el poder han estado concediendo licencias y maquillándolas para beneficiar a los empresarios desentendiéndose de las trabajadoras. A la luz de esta verdad, no podemos sino concluir que el mayor proxeneta es el Estado.
Hace unos días saltaban a los medios las declaraciones de Irene Montero, ministra de Igualdad, respecto a su decisión de cerrar los prostíbulos. El argumento es bien sencillo y fácil de digerir, como corresponde en tiempos de pandemia, para una población cada vez más infantilizada y poco proclive a pensar: el rastreo en clubes es complicado precisamente porque los clientes de la prostitución necesitan guardar anonimato. Y es que la señora ministra, con sus declaraciones y sin darse cuenta, lo que ha hecho es precisamente dar la razón a las putas politizadas y activistas que llevan ya tiempo en sus charlas exponiendo la cuestión mollar del estigma: no es fácil salir del armario como trabajadora sexual pero, consecuentemente, tampoco lo es como cliente. ¿Pensaría la ministra que las políticas abolicionistas que promueve su partido machista-leninista en el gobierno de coalición más hipócrita de la historia (el PSOE ha sido el partido que más licencias a clubes ha dado) que el oponerse frontalmente a considerar el trabajo sexual como trabajo no iba de la mano con lo que está pasando ahora mismo? ¿Cómo va a ser fácil rastrear el cliente de un prostíbulo desde ese limbo en el que se encuentra el trabajo sexual?
Nos llama poderosamente la atención, desde esa misma óptica relativa a cuidar la salud pública, que las saunas y los locales gays (que no maricas) no hayan sido cerrados también por decreto ley. Esto nos demuestra, una vez más, la prevalencia del privilegio macho: la sexualidad de las trabajadoras sexuales es motivo de preocupación gubernamental mientras que las actividades sexuales en los locales frecuentados por hombres-sin-mujeres no son motivo de declaraciones a los medios. Y ya que hablamos de locales que preocupan, ¿qué pasa con los pubs liberales o espacios swinger? ¿Y las salas de masaje? Hacemos estas preguntas porque tal y como se ha planteado el tema COVID en los prostíbulos y no en otros espacios, al final vamos a pensar que lo del Gobierno central es una caza de putas, y no una preocupación real por la salud de nadie.