Pudo parecer que el debate sobre la censura parental educativa había acabado cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suspendió de forma cautelar, el pasado mes de marzo, la medida estrella de Vox que el gobierno autonómico de PP y Ciudadanos compró a cambio de los presupuestos para 2020.
Pudo parecer que López Miras había entendido que el disparate que pretendía entonces, además de ilegal, era inmoral e improcedente.
Pudo parecer que la razón y el enérgico impulso de la comunidad educativa de la Región habían ganado la batalla a los ultras, que pretendían vulnerar los derechos de nuestros menores, acabar con el consenso social de respeto a la diversidad y convertir a nuestra Región en el ensayo de una macabra maniobra orquestada desde los foros más conservadores de nuestro país, para ser extendido más tarde por todo el territorio nacional, si encontraban gobiernos tan mediocres, blandengues y descabezados, como el nuestro, que lo consintieran.
Pudieron parecer todas estas cosas, pero ninguna lo fue. Y para muestra, las declaraciones del consejero Celdrán, presidente en las sombras, que ha anunciado que su compromiso con el “Pin Parental” de la extrema derecha es indudable y que están trabajando en las modificaciones normativas para convertirlo en una realidad.
A nadie extraña ya esta simbiosis entre la derecha extrema y la extrema derecha. Pero si ahora se quieren con más descaro es porque, aunque dos meses tarde, parece que los presupuestos están al caer y López Miras necesita aliados para sacarlos adelante. Y qué mejor aliados que los nostálgicos de nuestro oscuro pasado, aquellos que niegan la violencia machista, acusan de todos nuestros males a niños y niñas menores no acompañados por el mero hecho de ser extranjeros (y pobres, claro) y dedican todos sus esfuerzos a generar odio y a segar los derechos sociales conquistados con el trabajo y la vida de tantos y tantas, durante tantos y tantos años.
Y es que, aunque les estén comiendo la tostada, siempre los eligen. Será cuestión de afinidad. O de añoranza, pues la mayoría compartieron filas en el mismo partido. Debe ser una u otra cosa, porque hace más de dos meses que Diego Conesa tendió la mano al gobierno regional para tal negocio. Les ofreció el apoyo del grupo mayoritario en el parlamento autonómico para sacar adelante las que, quizás, sean las cuentas más importantes para nuestra tierra, en los momentos más críticos que recordamos. Y lo hizo sin vetos, sin censuras, con la única premisa de que los esfuerzos mayores fuesen destinados a reforzar nuestros servicios públicos básicos.
No creo que hayan encontrado jamás una oposición tan generosa, con tanta altura de Región, ni una oferta partidistamente tan poco rentable. Pero parece no ser suficiente. Mantener el cortijo debe costar sus “perras” y parecen no estar dispuestos a dedicar la ingente cantidad de millones extra que este año enviará el Gobierno de España a la Región en mejorar la sanidad, la Educación o las políticas sociales públicas. Y en esas cosas los ultras no entran. Se conforman con utilizar al presidente para hacer de nuestra Región el laboratorio de sus repulsivos inventos. Eso a ellos sí que les renta.
Y, claro, en esa tesitura, al Partido Popular le faltan escrúpulos y no ha dudado ni un momento en utilizar la Educación como moneda de cambio para darles en el gusto y seguir manejando el cotarro de la Región, aunque cada día esta adolezca, gracias a los palos que le han dado, de una brutal desigualdad y de unos servicios públicos profundamente resquebrajados.
No obstante, aún queda un halo de esperanza, aunque muy fino dada la experiencia. Ciudadanos también tiene que decidir. Y tendrá que hacerlo entre el PSOE, sin censuras educativas, y la derecha extrema, con vetos parentales.
Desde luego, si finalmente hay espacio para el veto educativo, nosotros estaremos, pero enfrente, con toda la fuerza, como estuvimos en su día junto a la trinchera ciudadana que defendió con uñas y dientes que los valores de nuestra Constitución, el respeto, la tolerancia, la igualdad entre hombres y mujeres y el derecho de los menores a una Educación plena no son optativos en nuestro Estado y deben prevalecer por encima de todo y de todos.
Pudo parecer que el debate sobre la censura parental educativa había acabado cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suspendió de forma cautelar, el pasado mes de marzo, la medida estrella de Vox que el gobierno autonómico de PP y Ciudadanos compró a cambio de los presupuestos para 2020.
Pudo parecer que López Miras había entendido que el disparate que pretendía entonces, además de ilegal, era inmoral e improcedente.