Si afirmamos que nuestra sociedad aún tiene mucho que aprender en cuanto a los derechos de la infancia no es difícil imaginar cómo esta carencia se refleja en los tribunales. Y aunque no siempre nos gusta confrontar estas realidades, hoy quiero abordar un aspecto inevitable, pero a menudo descuidado: la protección efectiva de los menores en los procesos de separación y divorcio.
Los juzgados son espacios en los que las necesidades de los niños, aunque deberían ser una prioridad, se cuantifican principalmente en términos económicos y criterios de estabilidad genéricos que, rara vez, reflejan la realidad individual de cada menor. Esta aproximación superficial e indiferenciada convierte a los niños en víctimas silenciosas de un sistema que se mueve por inercias, sin una comprensión profunda de lo que realmente necesitan. Y cuando las decisiones judiciales se basan en una interpretación simplista de las situaciones familiares, los menores, quienes deberían ser los más protegidos, terminan siendo los más perjudicados.
El criterio predominante en los tribunales para determinar el régimen de custodia en caso de divorcio es la 'custodia compartida'. Sobre el papel, esta medida parece justa y equitativa. Sin embargo, lo que debería ser un acuerdo beneficioso para todas las partes —y especialmente para los hijos— a menudo se convierte en una imposición sin una evaluación adecuada de la situación familiar real.
La custodia compartida requiere el cumplimiento de ciertos requisitos que no siempre están presentes: una dedicación previa equilibrada al cuidado de los hijos por ambos progenitores, una buena relación entre ellos, estabilidad económica y de vivienda por parte de ambos, y la capacidad real de asumir las responsabilidades de cuidado, sin delegarlas en terceros, como abuelos o cuidadores. Porque, como suele decirse, si va a cuidar la abuela, ¿no sería mejor que lo hiciera la madre?
El problema radica en que, a pesar de que muchas familias no cumplen estos requisitos, la custodia compartida se está imponiendo de manera generalizada. En la última década se han cuadruplicado las custodias compartidas en la Región de Murcia. Esta práctica parece ser, en parte, una consecuencia de la falta de medios en el sistema judicial. Los tribunales, desbordados por la cantidad de casos que gestionan, no siempre pueden permitirse el lujo de analizar cada situación familiar con la profundidad que merece. En su lugar, recurren a soluciones rápidas, aplicando criterios generales que no siempre se ajustan a la realidad de cada niño. Ojalá existieran unas gafas de intenciones para que el juez pudiera verlas al leer una demanda o ver una declaración.
Debo reconocer, como madre y como abogada, que no tengo compasión alguna con los padres que solo piden la custodia compartida por no hacerse cargo de pagar una pensión, mucho menos con los abogados que la aconsejan para alargar el procedimiento y litigar para así cobrar más honorarios.
Pero este no es solo un problema de recursos. También hay un sesgo implícito en el sistema judicial hacia una 'falsa igualdad' que, en ocasiones, lleva a imponer responsabilidades de cuidado a progenitores que no han mostrado un interés real en sus hijos hasta el momento del divorcio, cuando se les ha puesto encima de la mesa que la única forma de librarse de pagar la pensión era solicitar una custodia compartida. Se privilegia el reparto equitativo del tiempo y las responsabilidades, incluso cuando ello no es lo mejor para el bienestar emocional y psicológico de los menores.
Una de las consecuencias más graves de este enfoque es que se ignora la edad y las necesidades específicas de los menores. No es lo mismo un bebé, que requiere un apego y cuidado constante, que un adolescente, que puede adaptarse mejor a cambios en su entorno familiar. Sin embargo, en muchos casos, el sistema judicial trata a todos los niños por igual, aplicando un criterio homogéneo de custodia compartida sin considerar adecuadamente su madurez emocional o sus necesidades de estabilidad y continuidad.
Otro aspecto preocupante es la manera en que el sistema legal a menudo no tiene en cuenta las dinámicas de poder y control que pueden existir en una relación, especialmente en casos de violencia de género o abuso psicológico. El mero hecho de imponer una custodia compartida en situaciones de conflicto severo entre progenitores puede ser profundamente dañino para los menores, que terminan siendo expuestos a un ambiente de tensión constante. En estos casos, la custodia compartida no solo no es adecuada, sino que puede convertirse en un factor de revictimización para los niños.
Este enfoque inadecuado también tiene efectos a largo plazo. Los niños que crecen en un entorno inestable, donde los progenitores no cooperan entre sí o donde se ven obligados a adaptarse a cambios continuos, pueden desarrollar problemas emocionales y conductuales. La falta de una estructura clara y de un entorno seguro puede generar sentimientos de inseguridad y ansiedad, afectando su desarrollo emocional y social.
Para que el sistema judicial realmente proteja a los menores en los procesos de separación, es imprescindible que se realicen cambios estructurales. En primer lugar, se necesitan más recursos para que los jueces puedan evaluar cada caso en profundidad, teniendo en cuenta las particularidades de cada familia y, sobre todo, de cada niño. En segundo lugar, es fundamental que el sistema de justicia sea capaz de identificar y responder mejor de lo que lo hace a las situaciones de violencia o abuso, y que no se impongan regímenes de custodia que puedan poner en peligro a los menores.
Además, es crucial que se fomente una mayor formación y sensibilización entre los profesionales de la justicia respecto a los derechos y necesidades de los menores. Los jueces, abogados y trabajadores sociales deben estar mejor preparados para comprender las dinámicas familiares y para tomar decisiones que realmente pongan el bienestar de los niños en el centro del proceso. Porque, al final del día, no se trata solo de repartir tiempos y responsabilidades entre los progenitores, sino de garantizar que los menores crezcan en un entorno que les proporcione seguridad, amor y estabilidad.
Si queremos proteger verdaderamente a los menores, es hora de que ciertos operadores y el propio sistema judicial dejen de verlos como una variable más a considerar en los procesos de divorcio y empiece a tratarlos como lo que son: el eje central de cualquier decisión que se tome.
Si afirmamos que nuestra sociedad aún tiene mucho que aprender en cuanto a los derechos de la infancia no es difícil imaginar cómo esta carencia se refleja en los tribunales. Y aunque no siempre nos gusta confrontar estas realidades, hoy quiero abordar un aspecto inevitable, pero a menudo descuidado: la protección efectiva de los menores en los procesos de separación y divorcio.
Los juzgados son espacios en los que las necesidades de los niños, aunque deberían ser una prioridad, se cuantifican principalmente en términos económicos y criterios de estabilidad genéricos que, rara vez, reflejan la realidad individual de cada menor. Esta aproximación superficial e indiferenciada convierte a los niños en víctimas silenciosas de un sistema que se mueve por inercias, sin una comprensión profunda de lo que realmente necesitan. Y cuando las decisiones judiciales se basan en una interpretación simplista de las situaciones familiares, los menores, quienes deberían ser los más protegidos, terminan siendo los más perjudicados.