Cuando en septiembre de 2020 al jurista Julián Pérez-Templado Jordán (Cieza, 1948) lo propuso Ciudadanos para presidir el Consejo de la Transparencia de la Región, muchos creyeron ver en ello un giro radical respecto a su antecesor, José Molina Molina. En la Asamblea Regional, el partido naranja, entonces en el Gobierno en San Esteban coaligado con el PP, obtuvo el respaldo de los diputados populares, así como de los de Vox en segunda votación. El PSOE, por su parte, había presentado un candidato propio, el profesor Emilio Martínez Navarro. Es verdad que la designación del expresidente del Tribunal Superior de Justicia levantó suspicacias entre quienes pensaron que sería una mera correa de transmisión del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, pasado el tiempo, parece que se equivocaron.
Pérez-Templado viene reiterando estos días la necesidad de que el Consejo cuente con un registro propio al que los ciudadanos dirijan directamente sus comunicaciones. En la actualidad, lo hacen a través del Registro General de la Comunidad Autónoma. Cuando el otro día pregunté en una rueda de prensa por este asunto al consejero del ramo, Antonio Sánchez Lorente me soltó una prolija disertación amparándose en cierto articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo que impide, según me argumentó, esta circunstancia. Sin embargo, hay Consejos de la Transparencia, tanto a nivel estatal como en comunidades autónomas como la andaluza y la canaria, que sí tienen su propio registro.
“Nos están fiscalizando antes de que empecemos a actuar”, vino a expresar el exmagistrado Pérez-Templado esta semana, en su despacho, cuando fui a entrevistarlo. Hablamos de esto y de más cosas. Me relató las carencias de personal, que ya denunciaba en su dificultosa etapa el recordado José Molina. Días atrás, el consejero Sánchez Lorente me había referido que el Consejo contaba con cuatro funcionarios, medio millón anual de presupuesto y que con todo ello se habían tramitado 270 expedientes durante el año pasado. Le faltó añadir un les basta y les sobra. Junto a él estaba aquel día la consejera de Política Social, Isabel Franco, extrañada como él de ese franquiciado de Ciudadanos, a la que el Tribunal de Cuentas acaba de amonestar por una carencia “significativa” de planificación. Qué grandes gestores nos ha aportado el transfuguismo en esta última legislatura a la vida política.
Lo que no me explicó Sánchez Lorente fue que de las cinco plazas con que está dotado el Consejo solo se han cubierto dos, mientras las otras tres se van solapando con interinidades. Tampoco mencionó el contencioso que este organismo mantiene con la Comunidad Autónoma, empeñada esta última en que el funcionariado de este órgano de control sea exclusivamente autonómico y no procedente de otras administraciones. En fin, que verde y con asas…
Reconoce Pérez-Templado que a nadie le gusta que lo fiscalicen. Lo sabrá él, que fue juez durante casi 50 años. Y menos aún a los políticos, a los que por estos lares siempre les gustó volar como palomica suelta. Algo que, me confiesa, algunos debieron pensar cuando decidieron crear el Consejo en 2014. Lo cierto y verdad es que este organismo independiente nació cuando el PP dejó de gozar de mayorías absolutas en el parlamento autonómico. Y que este partido tuvo que tragárselo a regañadientes. Para colmo, su primer presidente fue un hombre perseverante, combativo y tenaz, al que respaldaron en su elección el PSOE, Podemos y Ciudadanos. El PP, naturalmente, no le votó.
Como le ocurriera a Pepe Molina, ahora Pérez-Templado ha caído en la cuenta de que hay poco interés en el actual Gobierno regional para que el organismo que preside cumpla con su labor: eso tan rimbombante de velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar el derecho de acceso a la información pública. Hay quienes ya descubrimos tiempo atrás que resultaba un eufemismo hablar de transparencia con gente abonada, durante casi tres décadas, a la más absoluta opacidad.
Cuando en septiembre de 2020 al jurista Julián Pérez-Templado Jordán (Cieza, 1948) lo propuso Ciudadanos para presidir el Consejo de la Transparencia de la Región, muchos creyeron ver en ello un giro radical respecto a su antecesor, José Molina Molina. En la Asamblea Regional, el partido naranja, entonces en el Gobierno en San Esteban coaligado con el PP, obtuvo el respaldo de los diputados populares, así como de los de Vox en segunda votación. El PSOE, por su parte, había presentado un candidato propio, el profesor Emilio Martínez Navarro. Es verdad que la designación del expresidente del Tribunal Superior de Justicia levantó suspicacias entre quienes pensaron que sería una mera correa de transmisión del Ejecutivo autonómico. Sin embargo, pasado el tiempo, parece que se equivocaron.
Pérez-Templado viene reiterando estos días la necesidad de que el Consejo cuente con un registro propio al que los ciudadanos dirijan directamente sus comunicaciones. En la actualidad, lo hacen a través del Registro General de la Comunidad Autónoma. Cuando el otro día pregunté en una rueda de prensa por este asunto al consejero del ramo, Antonio Sánchez Lorente me soltó una prolija disertación amparándose en cierto articulado de la Ley de Procedimiento Administrativo que impide, según me argumentó, esta circunstancia. Sin embargo, hay Consejos de la Transparencia, tanto a nivel estatal como en comunidades autónomas como la andaluza y la canaria, que sí tienen su propio registro.