Las tres parcelas suman una superficie de 40.000 metros cuadrados, y de momento pertenecen a la inmobiliaria del Sabadell, entidad que se hizo con la CAM, accionista y prestamista de Hansa Urbana, que a su vez era la promotora del proyecto de Novo Carthago. Según ANSE, no se ha fijado ningún precio de venta inicial.
La organización ecologista ha recordado que los Juzgados de Primera Instancia nº 4 y 5 de Cartagena, también anunciaron la subasta de diferetes fincas del mismo proyecto urbanístico en 2014, así como en febrero de 2015, “por sendas reclamaciones del Banco de Santander contra HANSA Urbana S.A., que suman unos 43 millones de euros, y que afectarían a una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados”. “Al parecer las subastas judiciales quedaron sin comprador”, añade ANSE.
“Otra estafa”
“El gran proyecto de desarrollo económico anunciado por diferentes gobiernos del Partido Popular termina así convertido en otra gran estafa para beneficio de comisionistas y desgracia de accionistas bancarios y administración autonómica, que tendrá que pagar el contrato multimillonario, casi 600 millones de euros por un agua que no produce, de la desaladora de Escombreras, que se construyó para garantizar el abastecimiento del complejo residencial”, ha explicado ANSE.
Además, los ecologistas denuncian que las subastas judiciales a favor del Banco de Santander y la venta de terrenos por la Inmobiliaria Solvia son el anuncio de la caída definitiva del proyecto urbanístico de Novo Carthago, “uno de los mayores disparates inmobiliarios y económicos amparados por los responsables políticos de la Región de Murcia en la historia de la democracia”.
ANSE, siempre en contra
Desde la Asociación de Naturalistas del Sureste han recordado que durante muchos años han mantenido “una oposición constante, mediante acciones administrativas y judiciales, a la construcción de la urbanización de Novo Carthago”, como antes se hizo con la recalificación de Lo Poyo, “por considerar que la construcción de entre 8.000 y 10.000 viviendas, hoteles, dos campos de golf y diversas infraestructuras, conllevaría una grave impacto ambiental y paisajístico para la zona sur del Mar Menor, contribuyendo a colapsar el entorno de la mayor laguna litoral española, y aumentando los problemas de degradación actuales”.
ANSE recuerda asímismo que su director, Pedro García, se reunió hasta en cuatro ocasiones con el entonces presidente Valcárcel para pedirle que diera marcha atrás a la urbanización masiva de suelos al Sur del Mar Menor, iniciada con las recalificaciones de Lo Poyo y Novo Carthago.
Hansa Urbana en la Región de Murcia
Según ANSE, la respuesta del presidente “fue la de paralizar el trámite de Lo Poyo, provocando pérdidas multimillonarias a la Caja de Ahorros Kutxa, que había comprado los terrenos tras una declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Comunidad Autónoma, y beneficiando supuestamente a Hansa Urbana porque detrás de ella estaba la Caja de Ahorros del Mediterráneo”.
“Hansa iniciaba su paseo triunfal en la Región que luego le llevaría a promover otros proyectos urbanísticos parecidos en la costa de Mazarrón (4.500 viviendas) y de Lorca (Puntas de Calnegre, 7.700 viviendas), en los que ANSE también presentó alegaciones”, relatan. Por todo ello, ANSE pide la apertura inmediata de una Comisión de Investigación en la Asamblea Regional “que estudie conjuntamente la recalificación de suelos de Novo Carthago y la desaladora de Escombreras, que fue construida para evitar los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Segura”.
La Asociación considera que la Comunidad Autónoma “debería de rescindir de inmediato el contrato con la desaladora de Escombreras, y remitir a la justicia toda la documentación existente sobre la forma en que se contrataron y gestionaron los suministros por el Ente Público del Agua y la empresa Hydro Management, constituida por el grupo Cobra, integrado por la constructora ACS, propiedad en su mayoría del conocido empresario Florentino Pérez”.
El Gobierno de Valcárcel
ANSE va más allá, y afirma que “Ramón Luís Valcárcel no debería de seguir más tiempo como vicepresidente del Parlamento Europeo, ni tampoco como eurodiputado, y debería de asumir su responsabilidad en las enormes deudas económicas y ambientales provocadas a los habitantes de la Región por numerosos proyectos urbanísticos y de infraestructuras que no han respetado además las leyes de la Unión Europea”.
“Es increíble que toda la responsabilidad del proyecto termine asumiéndose por el exconsejero de Medio Ambiente y Agricultura, Antonio Cerdá, y su asesora, mientras Valcárcel emprendía la huida a la Unión Europea”, explican. Además, la organización naturalista ha pedido al nuevo Gobierno Regional “que proceda a anular la recalificación de suelos y la revisión del Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena que confirmaba la calificación como suelo urbanizable al entorno de San Ginés de La Jara, y devuelva a la zona, al menos, la calificación como Suelo No Urbanizable de Protección del Mar Menor que tenía en el Plan General anterior”.
Desastre no sólo medioambiental
Pedro García, director de ANSE, lamenta que “al margen de los impactos ambientales negativos de este macroproyecto urbanístico sobre el Mar Menor y su entorno, casi nadie se percatara de las desastrosas consecuencias económicas de una inversión disparatada, que sólo puede explicarse por la incompetencia de un presidente cegado por la enfermedad del crecimiento a toda costa”.
García ha añadido un matiz de duda más allá de la “incompetencia”: “Tal vez en el futuro conozcamos otras razones”. Además, estima que Valcárcel estuvo “respaldado por un partido político al que valía cualquier cosa defendida por el líder, acompañado y arengado por un grupo de consejeros y otros altos cargos entregados a su presidente, incluida la alcaldesa de Cartagena y sus concejales, y unos representantes empresariales locales y regionales obsesionados contra la conservación de la naturaleza y sus paisajes”.
“El cóctel estaba preparado, y fue servido por constructores sin demasiados escrúpulos, bancos irresponsables dirigidos por hombres de paja al servicio de intereses ajenos a los mismos accionistas y al sentido común, mientras que algunos exdirigentes políticos obtenían importantes beneficios económicos por la intermediación”, concluye Pedro García.