Los dos documentos han generado ya las reacciones de los partidos políticos, y de todos los asuntos de la anterior etapa del Gobierno del PP pendientes de investigación, ha colocado el de la planta desalinizadora de Escombreras en primer lugar. Tanto el dictamen de la Intervención General como el informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM apuntan a la inviabilidad de la instalación, y además, recomiendan el traslado de toda la información a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde ya hay abiertas diligencias por la acumulación de pérdidas de la planta.
Desde el PSOE han declarado que con ello se confirman sus reiteradas denuncias, Podemos ha recordado que la desalinizadora de Escombreras estaba vinculada a la especulación urbanística, e Izquierda Unida-Verdes ha pedido que se revise el contrato de la constructora y que se renegocien sus condiciones, por considerarlas perjudiciales para la Región de Murcia.
El pasado mes de febrero, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea Regional tumbó la proposición del Grupo Socialista, apoyada por IU-Verdes, de abrir una Comisión de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. En ese momento el Partido Popular adujo que ya se habían dado suficientes explicaciones, pero en el nuevo escenario político, dicha Comisión se podrá poner en marcha con el apoyo de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Manuel Soler explicó en aquel momento que “es necesario conocer los motivos por los que la planta se encuentra infrautilizada desde su puesta en funcionamiento en el año 2009, y por qué en algunos ejercicios el coste del metro cúbico de agua desalada ha tenido un coste superior a los 10 euros”. Por su parte, José Antonio Pujante, de IU-Verdes, explicó que la desaladora es “innecesaria” y que está “infrautilizada”, y añadió que “se hizo para la especulación urbanística y está asociada a la corrupción”, ya que “era una garantía de suministro de agua para Novo Carthago”.
Esta infraestructura fue construida por la empresa Hydro Management S.L, propiedad al 80% del empresario Florentino Pérez, y su coste real era de 114 millones de euros, pero una ampliación posterior elevó su coste hasta los 140 millones de euros, y según el PSOE, “con una nefasta gestión que tendrá como consecuencia un coste final para los murcianos de 600 millones de euros”.
El importe de las obras, con un préstamo al interés del momento de la construcción, más los intereses de los 25 años de amortización, estaría entre los 200 y 205 millones de euros. Por ese motivo, el secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, se ha preguntado “adónde va la diferencia entre los 205 del coste, los 445 millones de euros aproximadamente firmados en el contrato y los 600 que ahora reclama Hidromanagement”.
El dirigente socialista ha afirmado que la planta fue “capricho de Valcárcel que hereda Pedro Antonio Sánchez de su mentor político, y que tantos perjuicios está ocasionando a las arcas públicas de nuestra Región”. Además, González Tovar ha pedido a Ciudadanos “que ponga la lupa sobre este proyecto y extreme las precauciones para que no sea copartícipe de este desaguisado monumental, y vele por la transparencia, exigiendo al PP todas las responsabilidades políticas derivadas de este fallido, inviable y caro proyecto”.
Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha declarado que desalinizadora de Escombreras es “uno de los puntos negros de la corrupción en la Región de Murcia” y ha mostrado su preocupación porque se esté obligando a los municipios a usar y pagar el agua de la desaladora “para justificar otra infraestructura que se dijo que era para regar, pero que en realidad se quería utilizar para seguir apostando por el modelo de la especulación inmobiliaria”. Por ese motivo, Urralburu ha puesto a la planta Escombreras como el ejemplo paradigmático del “uso populista del agua por parte del PP”, ya que a su juicio, “su destino era el desarrollo turístico olvidando a las necesidades de los regantes”.
Óscar Urralburu ha afirmado que su grupo participará en la creación de una comisión de investigación que aclare qué ha pasado con la desalinizadora, “ya que está en juego el dinero de todos los murcianos y murcianas”, y ha explicado que el Plan Regional del Sol que ha propuesto en la Asamblea podría unir dicha instalación a un Plan Integral que vincule energía renovable y la fotovoltaica, algo que “puede crear puestos de trabajo” y propiciar “la bajada del precio del hectómetro cúbico, que beneficie tanto a los regantes como a las arcas públicas de la Región de Murcia”.
Desde Izquierda Unida-Verdes también se aboga por la creación de la Comisión de Investigación y por el aprovechamiento de las renovables para abaratar el coste de la desalinización. Además, ha pedido que se revise el contrato de la empresa constructora y que se renegocien las condiciones porque son “desfavorables” para la Región de Murcia. Para el responsable de Economía de la formación, José Antonio Pujante, el problema de fondo es que se trata de una infraestructura “sobredimensionada” que se hizo al calor de la burbuja inmobiliaria para legitimar los procesos urbanísticos, y que la demanda es mínima por el elevado coste del proceso de desalación.