El grupo parlamentario Popular ha apoyado, esta vez sí, la creación de la segunda Comisión de Investigación que ha aprobado la Asamblea Regional en la recién inaugurada legislatura, la de la desalinizadora de Escombreras, tras haberse opuesto a la que ha de investigar el llamado 'caso Auditorio' de Puerto Lumbreras, en el que está implicado el exalcalde de la localidad y actual presidente, Pedro Antonio Sánchez. Con la Comisión aprobada este viernes se pretende analizar la gestión de los anteriores Gobiernos del PP en la licitación, construcción y explotación de la desalinizadora de Escombreras, y determinar las correspondientes responsabilidades políticas, si las hubiera.
Cabe recordar, por un lado, que la Fiscalía ya está investigando el elevado coste y las cuantiosas pérdidas generadas por la planta, así como su bajo rendimiento; y por otro, que el anterior presidente del Gobierno regional, Alberto Garre, ya solicitó a la Intervención General de la Comunidad Autónoma sendos informes sobre la situación en la que se encontraba la desalinizadora. Dichos informes han sido reclamados por la Fiscalía para incorporarlos a sus pesquisas.
El nombre de Alberto Garre ha salido a colación en varios momentos del debate parlamentario antes de que todos los grupos votaran a favor de la Comisión de Investigación. Así, el diputado socialista Jesús Navarro, ha recordado al PP que fue Garre quien encargó los informes a Intervención de la Comunidad Autónoma porque dudó de la gestión y porque quiso “arrojar luz” sobre la planta desalinizadora. Y según Navarro, esa postura del entonces presidente provocó el “cualquiera menos Garre”, en referencia a la elección del candidato del PP para las elecciones autonómicas.
Navarro ha sido el encargado de defender la moción propuesta por el portavoz del Grupo Socialista, Rafael González Tovar, y ha calificado a la desalinizadora como una infraestructura “inviable, costosísima para las arcas públicas”, y como “un proyecto que fue un capricho de Valcárcel y Cerdá para favorecer proyectos como Novo Carthago y Polaris, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria”. “No es un asunto baladí”, ha proclamado Navarro reclamando la atención de los diputados populares, “ya que con 600 millones de euros se puede cumplir con muchos expedientes de renta básica, y ayudar a que la educación y la sanidad públicas de la Región de Murcia presenten sus servicios en mejores condiciones”.
Por su parte, el portavoz socialista, Rafael González Tovar, ha manifestado a los medios que la Comisión tiene como objeto “llegar al fondo de todo lo que afecta a esta infraestructura, con total transparencia e incluidas la asunción de responsabilidades tanto políticas como de carácter patrimonial”. “Es preciso analizar todos los contratos firmados por la Administración pública regional en este asunto y de los que se derivaron compromisos económicos para la Comunidad Autónoma, que entendemos, no han sido suficientemente justificados, así como todos los aspectos que han convertido a esta planta en un lastre para la economía regional”, ha añadido González Tovar.
El mayor “agujero negro” de la Región
Por el grupo parlamentario Podemos, ha tomado la palabra en el hemiciclo el diputado Antio Urbina, para quien la desalinizadora de Escombreras es “uno de los mayores agujeros negros en las infraestructuras de la Región de Murcia, una infraestructura mal diseñada, mal construida y que cuesta el doble de aquellas que son semejantes”.
Urbina ha comparado sus cifras de explotación y coste con las de Valdelentisco, que con un funcionamiento del 70% genera al año 57 hectómetros cúbicos y tuvo un coste de construcción de 141 millones, “lo que supone un balance de coste de construcción 2,5 millones de euros por cada hectómetro cúbico y año”. “Mientras, la de Escombreras desala 21 hectómetros cúbicos al año, y con coste de 117 millones de euros arroja un resultado de 5,5 millones de euros de coste de construcción por cada hectómetro cúbico y año”, ha explicado el diputado.
Antonio Urbina ha defendido el apoyo de su grupo a la creación de la Comisión: “Nos encontramos ante un ejemplo muy preocupante de cooperación público-privada que el Partido Popular quiere llevar a otras infraestructuras en distintos ámbitos, una cooperación que ha llevado a un entramado societario y financiero que hay que investigar, porque no podemos permitir que este tipo de entramados se salten las formas de contratación que impone la normativa de contratos y concursos públicos”, ha dicho.
“Es incomprensible que un proyecto que tiene un coste de 117 millones de euros, por una promesa de arrendamiento a 25 años y una demanda del grupo ACS que exige una indemnización por lucro cesante de 570 millones de euros, se haya transformado en una deuda para la Región de Murcia de 600 millones de euros desde ahora hasta 2034, es decir, 1,1 millones de euros al mes”, ha denunciado Urbina. De ahí, ha añadido Urbina, que llame la atención “esta demanda de lucro cesante cuando la desaladora arroja pérdidas de explotación de 13 millones anuales”.
A juicio de Podemos, la investigación no puede limitarse a cómo se contrató, cómo se paga o cómo se libra la Comunidad Autónoma de esa “esclavitud de pago”, sino que debe incluir una “auditoría técnica, ya que es incoherente que con la buena tecnología que tiene la desaladora de Escombreras, los costes de explotación provoquen pérdidas y se use tan sólo un 10% de su capacidad”.
Por parte de Ciudadanos, ha sido el diputado Miguel López-Morell el que ha tomado la palabra agradeciendo en primer lugar al PSOE que haya recogido también el interés del partido naranja por proponer la Comisión de Investigación sobre la desalinizadora de Escombreras. López-Morell ha recordado que este asunto se encuentra en su proprama electoral, y también que se incluyó entre los puntos que el PP se debía comprometer a afrontar si quería contar con el apoyo de Ciudadanos a la investidura de Pedro Antonio Sánchez.
“Es absolutamente necesario que se conozca toda la información sobre la desalinizadora de Escombreras, en la que ha habido un proceso muy complejo”, ha dicho el diputado de Ciudadanos, y por eso ha defendido el voto favorable de la formación naranja, sumándose a la incomprensión del resto de grupos al respecto del elevado coste de la infraestructura, a su bajo rendimiento y a la acumulación de pérdidas que están repercutiendo en las arcas públicas.
“No tenemos nada que ocultar”
Esta vez el PP ha votado 'sí' a la segunda Comisión de Investigación que se propone desde la oposición en la Asamblea Regional, porque según el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Martínez, “no hay nada que ocultar, y si se han cometido errores, que se subsanen”. “La pasada legislatura el Gobierno regional ya informó ante la Asamblea del expediente de la desalinizadora y aportó toda la documentación que solicitó el Grupo Socialista, y no hay problema en dar continuidad a ese trabajo” ha añadido Martínez. Sin embargo, el PP se opuso en varias ocasiones a la solicitud de crear una Comisión de Investigación que planteron PSOE e Izquierda Unida-Verdes, y logró evitarla gracias a su mayoría absoluta.
Víctor Martínez ha defendido que la construcción de la desalinizadora fue “fruto de una necesidad en una situación de gran crecimiento económico”: “O teníamos agua o la Región de Murcia se paraba, con el riesgo de poner en peligro la actividad agrícola y echar el freno a los nuevos desarrollos”, ha justificado el portavoz popular. Martínez también ha pedido a los diputados del resto de grupos parlamentarios que no utilicen la comisión para hacer un “juicio político” y que no “emitan una sentencia antes de que empiece a andar”, aunque por ejemplo, ha agradecido al diputado de Podemos, Antonio Urbina, el tono de su intervención.
Construyendo la desalinizadora “se trataba de garantizar las demandas del crecimiento natural de los municipios, impedir la paralización de la actividad económica y la fuga de inversiones”, ha expuesto el portavoz del PP, para quien la planta de Escombreras “ha cumplido y cumple una función social que no es otra que paliar la carencia de agua proporcionando ese recurso a los agricultores, a las empresas y los Ayuntamientos”.