En declaraciones recogidas por el diario la Verdad, Miguel Ángel Cámara ha recurrido a la misma lectura que hace pocas fechas hizo el consejero de Edudación y Cultura, Pedro Antonio Sánchez, al conocer la querella presentada contra él por la Fiscalía de Murcia: que no cree en las causalidades. Y todo ello, tan solo un día después de que los fiscales murcianos se reunieran y mostraran su rechazo a las ingerencias políticas en su labor, defendieran su independencia y reclamaran respeto.
Así, si Cámara ha defendido hoy, en relación al caso del derribo de la guardería pública de La Paz para llevar a cabo un proyecto inmobiliario, que “todos los acuerdos que se tomaron por parte del ayuntamiento están conformados en un expediente, con los informes de expertos de los diferentes servicios”, el concejal de IU-Verdes de Murcia, Nacho Tornel, ha explicado que “hay hechos” en este proceso que son “incontestables”, como “la inexistencia de informes que argumenten el traslado y derribo del centro educativo y la celeridad con la que se produjeron los hechos”.
“De hecho, es imposible que ningún funcionario público en su sano juicio pudiera rubricar un informe en ese sentido, avalando una ilegalidad manifiesta”, ha añadido el concejal de Izquierda Unida, para quien la petición del fiscal de imputar en este caso al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, “es la única conclusión posible tras el desaguisado monumental que se urdió para llevar a cabo esta actuación absolutamente irregular”.
La equis en la orden de derribo
“No existe una orden escrita asumida por nadie, ni nadie de los llamados a declarar recuerda de dónde partió la orden de derribo del edificio, ni quién la rubricó, salvo uno de ellos, que señala que la orden vino directamente de la Alcaldía”, ha argumentado Nacho Tornel, para después lanzar varias preguntas al aire: “¿Quién podría, con una orden o autorización meramente verbal, dar paso a la destrucción de un bien patrimonial del Ayuntamiento, eludiendo todos los procedimientos legales y formales? ¿Cómo es posible que el alcalde de Murcia no haya tomado él mismo la iniciativa de investigar los hechos denunciados, de los que es responsable en última instancia? ¿Admite el alcalde que se derribe una escuela municipal sin que nadie haya dado la orden y tramitado el expediente necesario? ¿No es él el primer interesado en aclarar esa barbaridad?”.
“Desde el primer momento, Izquierda Unida-Verdes denunció la completa arbitrariedad de los criterios y del procedimiento seguidos en esta actuación, ajenos al sentido de la política como servicio a los trabajadores de esta ciudad”, ha explicado Tornel. A su juicio, “privar a los vecinos de La Paz de un centro de interés levantado por ellos mismos en su barrio y dificultar aún más a las familias trabajadoras su derecho a la protección y a la educación de sus hijos, es el gran mérito del PP y de Miguel Ángel Cámara, y todo bajo las directrices de negocio privado de un empresario cuyo único interés era vaciar el barrio y convertirlo en su mina de oro particular”.
Para acabar, Izquierda Unida-Verdes ha expresado su respeto por el proceso judicial y por las garantías de todos los implicados.