La información de Lola García en el diario murciano La Opinión señala la decisión del fiscal de solicitar imputación para el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, que de ser admitida, supondría el segundo caso judicial en el que se vería implicado el primer edil del ayuntamiento de la capital, junto con el de Umbra. La solicitud habría llegado tan sólo un mes después de que el exconcejal de Urbanismo, también imputado, declarase ante la jueza que desconocía de quién había partido la orden de derribar la guardería pública del humilde barrio murciano de La Paz, y que el propio Berberena se enteró de ese hecho el mismo día que se aprobó la demolición.
Tal y como contó eldiario.es Región de Murcia en un reportaje, la causa fue reabierta en el Juzgado de Instrucción nº 1 de la capital a instancias de la Audiencia Provincial y del fiscal, para dilucidar si pudo existir delito en el derribo de la escuela pública infantil de La Paz para llevar a cabo un gran proyecto urbanístico. Dicho proyecto, abanderado por el promotor López Rejas, pretendía duplicar el número de viviendas del barrio hasta 3.000 –en un primer momento planteó hacer 4.000-, regalar a los vecinos una casa nueva el doble de grande y vender la otra mitad de los pisos nuevos.
Todas las viviendas, las pertenecientes a los 1.500 antiguos propietarios y las 1.500 de los nuevos compradores, se repartirían en 62 edificios de entre 5 y 30 plantas. Y para comenzar el proyecto, era necesario construir 'ex novo' dos bloques en los que ir realojando a los vecinos afectados por la demolición del primer bloque. A partir de ahí, a cada demolición le antecedería un nuevo edificio para el realojo.
El ayuntamiento hizo algunos apuntes al proyecto, y más tarde aprobó el polémico Avance de la Modificación nº 93 del Plan General en el Ámbito de Suelo Urbano del Barrio de La Paz, hecho que generó las dudas de instituciones como el Colegio de Ingenieros de Caminos.
Sin embargo el proyecto siguió adelante y en octubre de 2007, sólo un día después de su aprobación en el Consejo de Gobierno del ayuntamiento de Murcia, se llevó a cabo la demolición de la guardería pública del barrio, cuyos usuarios ya habían sido trasladados a unos barracones provisionales. La excusa del derribo fue que el edificio, que estaba vacío, no fuera ocupado por indigentes, y el fin de dicha actuación era que sobre su solar se comenzaran a elevar las dos primeras torres de viviendas del proyecto de López Rejas.
Los niños fueron realojados en unos barracones provisionales, donde permanecen desde hace más de siete años, pero el proyecto se detuvo por falta de financiación. El solar que ocupaba la escuela pública, que decían corría peligro de ser invadida por 'okupas', contiene un gran hoyo cubierto por matorrales. Y en la esquina del solar hay una caseta de ventas del promotor López Rejas, abandonada y con signos de estar siendo ocupada.
Entre los imputados en la causa del derribo de la guardería pública de La Paz se encuentra Fernando Berberena, concejal de Urbanismo en el año de los hechos al que el fiscal acusa de prevaricación administrativa; y también encontramos a Francisco Porto, que por entonces era presidente del Patronato de Escuelas Infantiles; Pilar Megía, que era la responsable del área de Educación y Personal del ayuntamiento de Murcia, y José Antonio Peñaranda, jefe de las Escuelas Infantiles.