“La corrupción no le pasa factura al Partido Popular y, de hecho, va el primero en las encuestas”, afirma Juan José García Escribano, profesor de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU) y codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP). El pasado marzo fue un mes horribilis para el PP de la Región. A principios del mismo, el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez era condenado a 3 años de prisión y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por los delitos de prevaricación y falsedad en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de esta localidad murciana. Mientras que a finales de mes la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia ordenaba la apertura de juicio oral contra Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la comunidad autónoma entre 1995 y 2014, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude continuado y malversación de caudales públicos en relación al contrato de arrendamiento para la adquisición de la desaladora de Escombreras. El fiscal solicitó penas que suman 11 años de prisión y conllevan hasta 20 de inhabilitación absoluta.
Sánchez también tiene otra causa abierta. El pasado lunes la titular del juzgado de instrucción número 1 de Lorca encaminó al banquillo al expresidente murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y falsedad documental por el 'caso Guardería'.
El antiguo alcalde lumbrerense habría ordenado presuntamente la edificación en una misma parcela de este municipio murciano de “tres proyectos arquitectónicos diferentes: Centro de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, el Centro de Atención a la Infancia y el Centro de la Mujer”. “Estos proyectos se presentaron de forma autónoma a diferentes entidades autonómicas y estatales, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2006, con la finalidad de obtener distintas subvenciones, gestionándose tres expedientes para cada una de ellas”, subraya el auto.
Casos “descontados” y preocupación por los políticos
“El mayor daño de cómo cuentan los casos de corrupción electoralmente lo tiene la lentitud de la justicia. Son temas judiciales de los que se lleva hablando 7 u 8 años”, señala el el politólogo Francisco Javier López Carvajal. “Creo que para la ciudadanía los casos de corrupción ya están descontados. Piensan que con el nuevo presidente hay un tiempo nuevo”, coincide García Escribano, quien considera que la corrupción le pasó factura al PP en las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2019 cuando esta formación política perdió seis diputados y se quedó en 16 escaños en la Asamblea regional, mientras que el PSOE conseguía ser el partido más votado por primera vez en 28 años y se hizo con 17 asientos. “Cuando no se produce un cambio de Gobierno, al final hay un voto que se queda ahí siempre muy fijo, que probablemente fue ese mínimo que obtuvo el PP en la Región en 2019”, apuntala Carvajal.
Otro motivo apuntado por el politólogo a la hora de explicar por qué los casos de corrupción parecen no afectar a las perspectivas electorales del PP en Murcia sería que “en el día a día del ciudadano la política autonómica se diluye, ya que todo queda muy subyugado por la política nacional, sobre todo por la influencia de los medios nacionales”.
La corrupción, según García Escribano, sí que aparece como un problema “difuso” para los murcianos ya que en los últimos barómetros del CEMOP los políticos y los partidos políticos han ocupado los primeros puestos de entre las principales preocupaciones de los ciudadanos de la Región, “pero no se señala a ninguna formación en concreto”. “Simplemente se queda ahí como un problema que no termina de cuajar, pero no como un voto de rechazo a esa corrupción de los políticos. Es un rechazo generalizado”, subraya el profesor de Sociología.
López Miras, “despegado” de su mentor político
Ambos investigadores consideran que, a pesar de que el actual jefe del Ejecutivo murciano y candidato del PP a la presidencia de la comunidad, Fernando López Miras, fuera designado por Sánchez como su sucesor en abril de 2017 cuando fue obligado a dimitir por su partido al encontrarse cercado por una nueva imputación, “ha conseguido despegarse, de alguna manera, de Pedro Antonio y hacerse autónomo, por lo menos en la imagen”, apunta García Escribano.
El sociólogo también considera que López Miras “tiene un discurso que, en principio, está llegando a gente de todos los sectores del electorado, mientras que enfrente tampoco hay una alternativa muy visible”. Por otro lado, el codirector del CEMOP observa que los votantes de centro izquierda, “a quienes la corrupción a lo mejor les podría pasar factura”, están desmovilizados.
El último barómetro del CEMOP, publicado hace escasos días, otorgaba al PP entre 20 y 21 escaños en el Parlamento murciano frente a los 14 ó 15 del PSOE. De hacerse realidad este resultado, el PP aglutinaría más votos que toda la izquierda, por lo que López Miras pretende gobernar en solitario, aunque Vox haya exigido hasta el momento su entrada en el Gobierno regional a cambio de su apoyo ya que la mayoría se conforma en la Asamblea regional con 23 diputados.
Para López Carvajal “hay un antes y un después” de la pandemia en la proyección de López Miras como presidente de la Región. “Empezaba a haber un cambio en su comunicación y el hecho de salir airoso con la moción de censura ya fue el paso definitivo para ese cambio”, explica el politólogo e investigador del barómetro de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), que también daba al PP como vencedor en su última encuesta de mayo. “Fue en ese momento cuando él ya se vio realmente como un presidente de verdad, teniendo los mandos y siendo capaz de ser él”, añade.
“De hecho, López Miras tiene ahora una relevancia política nacional que no llegó a tener siquiera Ramón Luis Valcárcel. Recientemente ha aparecido en los programas de Ana Rosa Quintana y con Susanna Griso. Valcárcel era uno de los principales barones del partido, sin embargo, a nivel nacional no era conocido”. El presidente del Ejecutivo murciano, por otro lado, también “ha vuelto a recoger el testigo de Valcárcel con el tema del agua, aliándose también con el PSOE de Valencia y Andalucía”.
Otro de los efectos de la lentitud con la que actúa la justicia sería que para “mucha gente, sobre todo quienes tienen entre 18 y 30 años, no saben ni quién es Valcárcel”, apunta Carvajal. De hecho, el antiguo secretario general del PP, Teodoro García Egea, se “lo quitó de en medio”, de modo que el antiguo jefe del Ejecutivo murciano no repitió en la lista del PP para el Parlamento Europeo en abril de 2019, adonde se había ido motu proprio al abandonar la presidencia de la Región en abril de 2014.
“Poder absoluto”
Para Antonio Urbina, antiguo diputado regional de Podemos que participó en la comisión parlamentaria que investigó el 'caso Desaladora' en 2016, Válcarcel “es un símbolo, no es un presidente cualquiera. Fue presidente casi 20 años y tuvo un poder muy absoluto dentro del Partido Popular y una mayoría absoluta a nivel regional durante cinco legislaturas seguidas. De hecho, Pedro Antonio Sánchez era su delfín, quien, a su vez, colocó a López Miras”. “Valcárcel ha sido un presidente que ha sabido manejar muy bien lo que sería un clientelismo clásico en una región donde donde las cosas no se hacen por la vía abierta, sino, en gran medida, a base de pasillo”, añade.
“Este caso −por Desaladora− es la punta del iceberg de toda una bola de corrupción alrededor del gran pelotazo del ladrillo en un momento en el que había una cultura de la impunidad. El exceso de confianza fue lo que les llevó a hacer un entramado tan chapucero”, en referencia a la creación de un ente paralelo para evitar la Ley de Aguas y el permiso necesario de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) con el fin de construir la desaladora de Escombreras que iba a proporcionar agua a las nuevas urbanizaciones previstas para que se mudaran a la Región “unos 800.000 extranjeros” y para la que ya se habían firmado convenios con 26 ayuntamientos de la Región.
Urbina afirma que la desaladora de Escombreras costó de “manera real” unos 110 millones de euros y supuso un sobrecoste de “otros 500 millones” que las arcas públicas de la Región seguirán pagando hasta 2027.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, tuvo buenas palabras para Valcárcel en la primera alocución que pronunció en la Región tras ser elegido nuevo líder del PP, cuando recordó que él era el presidente autonómico que llevaba más tiempo en el gobierno −desde 2009− y que cuando su antiguo homólogo murciano se presentaba a las elecciones autonómicas “siempre le sacaba diez puntos más” en la Región.