La Fiscalía de la Región de Murcia ha abierto diligencias para investigar si la vacunación irregular del exconsejero de Salud junto con altos cargos y funcionarios de su cartera entraña alguna ilegalidad, según fuentes del Ministerio Público han confirmado a este medio.
La incoación de diligencias se ha abierto después de que llegara a la Fiscalía una denuncia interpuesta por el PSOE de la Región de Murcia. Las pesquisas indagarán sobre si al inyectarse dosis de la vacuna contra la COVID a personas fuera del protocolo sanitario establecido se puede haber cometido algún delito.
El exconsejero de Salud, Manuel Villegas, anunció su dimisón tras revelarse que se había vacunado contra la COVID-19, incumpliendo el protocolo marcado por el Ministerio de Sanidad. Además de Villegas, alrededor de 500 trabajadores de la cartera de Salud, además de altos cargo, recibieron la primera inyección. Entre ellos se encuentra su pareja, María Teresa Martínez Ros, directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano en la consejería murciana de Salud.
El portavoz y vicesecretario general del PSOE-PSRM, Francisco Lucas, señaló el día que anunciaron que presentaría la denuncia que la autorización por parte del Gobierno regional para la administrar la vacuna a personal al que todavía no le tocaba, “supone una falta de respeto imperdonable hacia la ciudadanía de la Región”. Podemos también presentó en el Ministerio Público una denuncia para “llegar al fondo del escándalo de las vacunas”. La portavoz regional del partido, María Marín, indicó que los casos conocidos hasta el momento no constituyen “sólo un error humano o una conducta poco ética”, sino que además “se ha cometido es una presunta ilegalidad, que tiene consecuencias que van más allá de la política”.
La investigación en torno a las dosis inyectadas de forma irregular se produce en medio del conflicto entre los socios del gobierno murciano: Ciudadanos reclama al Partido Popular todos los nombres de los vacunados, pero el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras -PP-, se escuda en la ley de protección de datos. La negativa a entregar dicha lista ha desembocado en que la portavoz del Gobierno regional y líder de Cs en el territorio murciano, Ana Martínez Vidal, haya puesto en marcha en el parlamento autonómico una comisión de investigación para “llegar hasta el final” .