La Fiscalía del Tribunal Supremo ha instado el sobreseimiento de la causa abierta en el Tribunal Supremo contra la diputada nacional y alcaldesa popular de Cartagena, Pilar Barreiro, por la presunta gestión irregular del proyecto urbanístico denominado 'Novo Carthago'. La alcaldesa declaró por estos hechos el pasado 5 de marzo en el alto Tribunal, mientras el resto de la causa continuará bajo la investigación del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia.
Esta petición de la Fiscalía del Tribunal Supremo, realizada por la fiscal Illana Navia-Osorio, deberá ser valorada para su admisión o no por el magistrado José Ramón Soriano, ante quien la diputada declaró después de que la investigación sobre ella fuera elevada al alto tribunal por el instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel Abadía.
A finales del pasado mes de septiembre, Manuel Abadía envió al Tribunal Supremo una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa, tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente. En su resolución Abadía apreciaba la posible concurrencia de indicios de la comisión de un supuesto delito de prevaricación “al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares”.
El magistrado Abadía ha enviado recientemente la causa de vuelta al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, ya que el último imputado que tenía condición aforado por ser consejero del Gobierno regional, Antonio Cerdá, dimitió de su cargo. Sin embargo, antes de dejar la instrucción de Novo Carthago, Abadía invitó al expresidente de la Región de Murcia y vicepresidente del Europarlamento, Ramón Luis Valcárcel, a declarar por su supuesta implicación en la trama que se investiga, y que condujo a la reclasificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir un complejo urbanístico. Además, ya se ha citado a acudir al juzgado a la hija, al yerno y al cuñado del expresidente murciano. En la causa permanecen imputados, entre otros, el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués y el actual delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana.