El Gobierno de Murcia sigue adelante con el veto parental, según confirman fuentes de la Consejería de Educación a este periódico. El Ejecutivo formado por PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la extrema derecha llevará a cabo una modificación en los decretos de currículum educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato para introducir en la normativa la autorización familiar exigida por Vox.
El blindaje por decreto de la polémica norma llega, sin embargo, con algunos matices. A diferencia de la instrucción vigente desde septiembre –una orden de rango menor y que da a los centros un mayor margen de actuación–, el decreto obligará ahora a los alumnos a asistir a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres en lugar de imponer el 'sí' expreso. Además, en el caso de que las charlas sean impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización familiar. El segundo punto implica que, por ejemplo, las acciones formativas coordinadas desde la Consejería de Salud, que son impartidas por enfermeras y médicos, no podrán ser prohibidas por los padres.
La decisión salta a los medios la misma noche en la que casi mil personas, según la organización, se han manifestado en Murcia contra el llamado 'pin parental'. La concentración, convocada por la plataforma Pacto por la Regeneración, ha aglutinado a gente de todas las edades, que han mostrado un rechazo frontal al veto educativo.
El veto parental permite a los padres censurar parte del programa educativo decidiendo si sus hijos acuden o no a actividades complementarias que forman parte del currículo escolar, como charlas de diversidad LGTBI, racismo, feminismo o protección medioambiental. Más de 230 organizaciones y asociaciones han firmado un manifiesto, tanto a nivel regional como nacional, en apoyo a su retirada.
Ciudadanos considera que el decreto está “rebajado y matizado”
La vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, ha abierto la puerta a que los miembros del Ejecutivo murciano de su partido Ciudadanos apoyen las reformas en los decretos propuestas desde la Consejería de Educación. Las modificaciones planteadas blindarían parte del veto parental exigido por Vox. “Hoy vemos un decreto donde las cosas empiezan a cambiar. Las propuestas están bastante rebajadas y matizadas”, ha señalado la también consejera de Mujer, Igualdad y LGTBI.
Franco ha señalado que desde su formación no tenían constancia de la propuesta de blindaje del veto parental hasta que la han leído en los medios. Aun así, su consejería lleva varios días elaborando “una bolsa de personas que puedan impartir las charlas de educación afectivo-sexual en los colegios”. La vicepresidenta está a la espera de ver el texto final del decreto para saber si esa bolsa solo incluirá funcionarios o también profesionales colegiados.
La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, también de Ciudadanos, ha asegurado que ha visto dos informes de los servicios jurídicos de la administración murciana que evalúan las modificaciones de los decretos en favor del veto parental y ambos “son favorables”. También ha señalado que la introducción del 'no' expreso es positiva. Vidal ha expresado que para Ciudadanos su 'pin parental' consiste en asegurar que los hijos reciban una “educación plural en valores”. No obstante, ha rechazado el “adoctrinamiento político” en las aulas: “Si un miembro de ETA en el País Vasco va a dar una charla sobre democracia en las aulas entendemos que vulnera los principios constitucionales. Si en Cataluña hay una charla sobre independentismo en los colegios, tampoco estamos de acuerdo”.
La portavoz ha ratificado que su agrupación no acepta el veto parental de Vox. “No entramos en temas seculares o morales”. Además, ha asegurado que con los informes jurídicos favorables y con las “condiciones de autorización de Ciudadanos” los miembros de su partido en el Ejecutivo regional votarán a favor.
Jerónimo Moya, portavoz de la comisión gestora de Ciudadanos en la Región de Murcia ha valorado como “aceptable” la propuesta planteada desde Educación “mientras no se salga de la ley y cuente con los informes jurídicos favorables. En la misma línea, ha señalado que no tendrán inconveniente en apoyar ”todo lo que esté dentro del marco normativo. Nuestra línea roja es la Constitución y las leyes educativas“.
Oposición de Gobierno y dudas legales
El endurecimiento mediante un decreto del veto parental ya vigente en Murcia desde septiembre a través de una instrucción a los centros escolares –a raíz del acuerdo de investidura que permitió al PP retener el gobierno regional en una coalición con Ciudadanos que necesitaba el apoyo de la extrema derecha– saltó a la palestra después de que los socios del Gobierno murciano alcanzaran un acuerdo de Presupuestos con Vox que incluía en principio el blindaje legal de la polémica medida.
Las críticas suscitadas y el anuncio de que el Gobierno acudirá a los tribunales, llevaron a Ciudadanos a dar marcha atrás y acogerse a las dudas legales que generaba la censura paterna a contenidos educativos para intentar congelar la medida. A pesar de ello, tal y como han confirmado fuentes de la Consejería de Educación a esta redacción, el veto parental se incorporará a los decretos que regulan el currículum educativo de los alumnos de Primeria, Secundaria y Bachillerato.
La decisión implica escalar el conflicto abierto con el Gobierno del Estado. El pasado día 17, el Ministerio de Educación trasladó al Ejecutivo de PP y Ciudadanos en Murcia un requerimiento para que procediera a derogar la instrucción vigente sobre el veto parental por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España. En caso de incumplir esa exigencia en el plazo de un mes, la ministra de Educación, Isabel Celáa ha anunciado su intención de acudir a los tribunales. A pesar de ello, Murcia ha decidido elevar la apuesta: en lugar de derogar la instrucción, blindará el veto parental por decreto.