El Gobierno de la Región Murcia entregó en 2021 una subvención directa de 200.000 euros destinada a empresas afectadas por la pandemia a Las Lomas de Pozuelo S.A., una inmobiliaria creada en los albores del boom del ladrillo levantino y que llegó a entrar en concurso de acreedores poco después de que pinchara la burbuja. La sociedad no tiene trabajadores y arrastra serios problemas económicos desde hace más de una década. El propietario de la compañía es Joaquín Ventero Muñoz, hijo de Enrique Ventero Terleira, que fue condenado a ocho meses de prisión por el Caso Malaya.
El Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) lanzó en septiembre del año pasado una “línea de ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19”. El importe total con el que contaba Murcia para estas ayudas era de 102.707.585,87 euros y la financiación provenía del Gobierno de España, según consta en el Real Decreto que aprobó el Ejecutivo el 12 de marzo de ese año.
Para recibir esta subvención, el Info expuso una serie de criterios en línea con los establecidos por el Real Decreto del Gobierno central. A saber, tener deudas y pagos pendientes; haber tenido beneficios en 2019; o en caso de haber presentado pérdidas en 2019, haber obtenido beneficios en 2018. Por otro lado, las empresas o autónomos debían haber experimentado en 2020 una caída superior al 30% en el volumen de operaciones con respecto al ejercicio anterior.
Las Lomas de Pozuelo S.A. recibió el máximo importe estipulado en las bases de la subvención: 200.000 euros. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la empresa registró beneficios por valor de 101.664 euros en 2020, aunque la cifra de negocios fue 0. En 2019, la empresa vendió viviendas correspondientes a una promoción en la urbanización de Torre del Rame, ubicada a pocos metros de la costa del mar Menor, en la localidad murciana de Los Alcázares. A pesar de percibir por esa venta ingresos de más de 824.000 euros, ese año la empresa registró más de medio millón de pérdidas. El año anterior tuvo un beneficio de cerca de 37,6 millones de euros, aunque el grueso de ese dinero provenía de la “quita de cancelación de una deuda que mantenía la sociedad” con el Banco Castilla La Mancha, S.A.. Ese 2018, el importe de los negocios fue de 163.700 euros.
La empresa no tiene trabajadores registrados y arrastra problemas económicos desde hace más de una década. En 2011, entró en concurso de acreedores por serios problemas de insolvencia y dos años más tarde las partes acordaron un convenio. Ya en 2015, presentaba un riesgo máximo de impago, superior al 60%, y desde ese año ha recibido hasta cinco diligencias de embargo por parte de la administración local de Madrid, las últimas en 2021 y 2018.
Preguntado sobre los criterios para otorgarle esta subvención, destinada a paliar los efectos de la pandemia, a una empresa que mucho antes de la crisis sanitaria ya estaba en serios problemas económicos, el Info se limita a justificar que la empresa cumplía “con los requisitos establecidos por el Estado, al igual que todas y cada una de las empresas que han recibido subvenciones del Fondo de Solvencia Empresarial”.
Conexión Malaya
La sociedad cuenta con un único administrador, Joaquín Ventero Muñoz, uno de los hijos del abulense Enrique Ventero Terleira, fundador en los años 70 del grupo inmobiliario Vemusa (Ventero Muñoz S.A.). Entre finales de los 90 y principios de los 2000, en el boom inmobiliario de aquellos años, el Grupo Vemusa se convirtió en un holding de más de una decena de empresas dedicadas en función de su composición a la reclasificación del suelo, a la gestión urbanística de terrenos, a la promoción inmobiliaria y a la explotación patrimonial, según la información que aparece en las capturas de la web del grupo de esos años.
Ventero Terleira tejió durante décadas negocios inmobiliarios millonarios en diferentes provincias españolas e incluso hizo una incursión en Polonia. Durante una de esas operaciones que emprendió en los años del boom se topó con el empresario Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya. Según consta en la sentencia del Supremo del principal caso de corrupción inmobiliaria de la Costa del Sol, Ventero Terleira pagó a Roca 600.000 euros que este luego remitió a ediles del Ayuntamiento de Marbella. En paralelo, el Consistorio en ese tiempo cedió a Vemusa varios terrenos edificables, le concedió licencias de urbanización y la aprobación de varios planes urbanísticos –presentados con la firma de Joaquín como representante y administrador de Vemusa–. El Alto Tribunal condenó a Ventero Terleira a ocho meses de cárcel y una multa de 300.000 euros por un delito de cohecho activo.
Roca y Ventero Terleira también hicieron negocios en Los Alcázares, otra de esas localidades levantinas donde la recalificación de los suelos se tradujo en pelotazos inopinados. Uno de ellos se dio a partir de la conversión en suelo urbanizable de los terrenos de Torre del Rame, los alrededores de una antigua fortaleza árabe que pasaron en pocos años a estar repletos de apartamentos y un campo de golf. Muchos de ellos levantados por Vemusa. En concreto, Las Lomas de Pozuelo, constituida en 2004 ya con Joaquín Ventero Muñoz como administrador solidario, edificó en esas parcelas 132 viviendas y 48 apartamentos turísticos y garajes. En los años posteriores, Las Lomas de Pozuelo figuraba como empresa integrante de la corporación Vemusa.
Para la construcción de esa urbanización, el Ayuntamiento de Los Alcázares aprobó una recalificación del suelo de esa zona en 2002, que fue anulada una década más tarde por el Tribunal Supremo debido a un error de forma en la tramitación. A raíz de la decisión del Alto Tribunal, el Consistorio incoó un expediente sancionador a Las Lomas de Pozuelo por rebasar el número de metros cuadrados edificables permitido, con una multa de 2.356.263 euros por la comisión de una infracción urbanística. Esta decisión fue confirmada en 2015 en una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. La empresa libra varias peleas legales con el Ayuntamiento a causa de los problemas con este plan urbanístico.
Con el estallido de la burbuja inmobiliaria, la sociedad solicitó en 2011 un concurso voluntario. En 2013 firmó un acuerdo con los acreedores y desde entonces Las Lomas de Pozuelo ha mantenido una actividad residual, ahora con Joaquín Ventero como administrador único y sus hermanos Félix y Javier como apoderados. Los ingresos de la sociedad han estado limitados a la venta de propiedades, hasta que en 2021, el Info le concedió una subvención destinada a las empresas afectadas por la pandemia de coronavirus.