El mes pasado, la titularidad de las concesiones públicas que se habían realizado hace 20 años sobre las Estaciones de Inspección Técnicas de Vehículos (ITV) de la Región de Murcia, se ha extinguido. La falta de un marco jurídico que regule nuevas concesiones en la Comunidad ha puesto en jaque a los grupos políticos que, a día de hoy, no consiguen llegar a un acuerdo sobre los elementos que deben componer este nuevo marco. Mientras tanto, los trabajadores de las ITV convocan huelgas desde julio, ante lo que denominan una “tentativa por parte del gobierno de privatizar el sector”.
Cabe destacar que en la Región se dispone de un total de ocho estaciones de ITV. Seis de ellas son concesiones públicas y están situadas en Cartagena, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Molina de Segura, Lorca y Caravaca. La ubicada en Alcantarilla está gestionada directamente por la Administración y hay otra en Espinardo que es explotada en régimen de autorización administrativa. El debate sobre el nuevo marco regulatorio se plantea, a grandes rasgos, sobre si este sector debe privatizarse.
Pacto PP-Ciudadanos
El lunes 4 de septiembre, el Gobierno Regional del Partido Popular presentó un Decreto-Ley, apoyado en principio por Ciudadanos, por el que se regulaba al marco jurídico de las ITV. El objetivo de la nueva normativa recaía en la liberalización del servicio, mediante autorizaciones administrativas. Este sistema permitiría asignar a empresas privadas la titularidad de las ITV, exigiéndole unos requisitos técnicos.
Finalmente, el partido naranja decidió retirar su apoyo al Decreto-Ley propuesto por el PP. “Hemos impedido la implantación de un oligopolio en el sector que hubiera sido pésimo para los consumidores” comentaba el portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez. Por otra parte, el dirigente hizo referencia a que, de haber aprobado el documento, “sólo se hubiera favorecido a los amigos del Partido Popular que pretendían aprovechar este modelo caduco para hacer negocio; nos llama la atención que el Partido popular defienda un sistema que está en contra de los principios de su programa político”.
El Decreto-Ley había sido elaborado por el Ejecutivo regional y en palabras de Portavoz del Partido Popular, Víctor Martínez habría sido “muy beneficioso” para la Región. Según el popular, el no de Ciudadanos a esta normativa “creó un problema a los usuarios, a los trabajadores y a los municipios, donde seguirán las colas”.
Actualmente, el Partido Popular ha seguido adelante con las nuevas concesiones y la privatización sobre las Estaciones de Inspección Técnica de Vehículos, pese a no tener marco jurídico regional. Esto se debe a que hace uso de un Decreto Ley aprobado a nivel estatal, por el que se regula gran parte de los aspectos de este sector y que permite practicar tanto concesiones administrativas como autorizaciones.
Hasta ahora, 35 empresas se han visto interesadas en montar nuevas ITV en la comunidad. Las concesiones se irán adjudicando independientemente de cuándo se publique el nuevo decreto.
Continúa el debate público-privado
Alfonso Martínez Baños, diputado regional, ha señalado que “el Gobierno regional aprobará próximamente un Decreto para regular un régimen jurídico de autorización administrativa restringida, en el que la estación de Alcantarilla será gestionada directamente por la Administración Regional”. Esta medida, comenta el diputado, “va en el sentido contrario a la que originalmente proponía el PP, que quería privatizar esta estación”.
Asimismo, el socialista ha comentado que, tras el rechazo del Proyecto de Ley presentado por el grupo popular “el consejero de Presidencia se puso en contacto con nosotros para pactar un nuevo Decreto-Ley, el cual nosotros acordamos previamente con los sindicatos y que es el mismo que anteriormente el propio Gobierno regional había rechazado”, ha explicado Martínez Baños.
En este sentido, el diputado regional se pregunta “¿Cuál es el modelo del Gobierno para gestionar las ITV? ¿El del pacto PP-Ciudadanos? ¿El pactado con el PSOE y los sindicatos? ¿O el que ahora anuncia el consejero?”.
El partido naranja ve de forma “positiva” la liberalización del sector que se está ejerciendo desde el Gobierno, “la puesta en marcha del modelo que defiende Ciudadanos se traducirá muy pronto en la creación de cientos de empleos, en una bajada de los precios y en el descenso de los tiempos de espera”, defiende Miguel Lopez-Borrell diputado regional de Ciudadanos.
Por otra parte, Ciudadanos considera que con el sistema que han defendido, “varias localidades que llevan demandando la instalación de una estación de ITV desde hace varios años, podrán disponer de las mismas”.
Con respecto a la estación de ITV pública de Alcantarilla, López-Morell ha resaltado que “seguimos insistiendo en que puede y debe seguir siendo pública, siendo utilizada como estación de policía, control y seguimiento del resto de ITV.”
Reacciones de Podemos
Sobre el régimen de autorización de las ITV el diputado regional de Podemos, Andrés Pedreño, considera que el Gobierno “podrá aprobar nuevas titularidades a su criterio, a diferencia del anterior régimen de concesión.” En este sentido, las autorizaciones se otorgarán con carácter vitalicio y solo se perderán por disolución de las empresas autorizadas o por revocación de la autorización basada en el incumplimiento de las normas recogidas en el decreto.
Por otra parte, el diputado regional ha valorado el estudio realizado por la empresa Inforges a petición del propio sector de inspección técnica de la Región, el cual revela que la ITV Publica de Alcantarilla es la que más beneficio obtiene por vehículo inspeccionado.
Para Pedreño, los datos relativos al rendimiento y rentabilidad del servicio de Inspección Técnica de Alcantarilla, demuestran “lo que desde Podemos venimos repitiendo desde que el Gobierno Regional anunció la intención de privatizar este servicio público, y es que el modelo publico de inspección técnica de vehículos, asegura la calidad del empleo y logra un mayor beneficio por vehículo”.