A larga distancia, sin compromiso y a largo plazo. Así podría definirse el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en la Región de Murcia. El pacto, que consiste en 30 puntos, reafirma la intención de ambas fuerzas de investir al candidato del PP y actual presidente del Gobierno, Fernando López Miras, pero lanza más dudas que respuestas sobre cómo navegarán juntos en esta legislatura. “El pacto es un brindis al sol, aquí hay una gran cantidad de puntos que son más bien reivindicaciones”, señala el codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (CEMOP) y catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo.
La falta de definición en el acuerdo podría ser una ventaja para ambos partidos: “El Partido Popular, que al fin y al cabo controla el Gobierno, va a tener mucha capacidad de maniobra, porque en el pacto no hay puntos que les obliguen a nada”, apunta el politólogo. Lo mismo le ocurrirá a Vox, que para el codirector del CEMOP “va a salir ganando comunicativamente, van a tener mucha libertad para dar declaraciones”.
“Baleares o Valencia tienen pactos muy concretos”, ejemplifica Crespo, que reconoce que acuerdos muy cerrados pueden ser “peligrosos”: “Obligan a las partes. En la Región este acuerdo refleja en realidad el reparto de consejerías”.
El politólogo, sociólogo y también codirector del CEMOP, Juan José Escribano, incide en que algunos puntos del acuerdo no dependen “para nada” del Gobierno regional. Es, en definitiva, “un texto para salir del paso, sin compromisos claros”. En total, concreta Crespo, “hay diez puntos más o menos que no dependen ni del Partido Popular ni de Vox, sino del Gobierno central”, como la defensa del Plan Hidrológico Nacional o dotar de recursos a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Falta de concreción aparte, el acuerdo ofrece algunas certezas: “Agua para todos, defensa a ultranza del sector agroalimentario, la familia como centro de la sociedad o seguridad aunque sea a costa de libertad”, enumera Escribano.
Mar Menor, punto de fricción
Al Mar Menor se le dedica un solo punto, en el que ambas formaciones se comprometen a “todas las acciones ejecutivas y legislativas necesarias para su protección, con la construcción de nuevas infraestructuras que contribuyan a su conservación”. Queda por ver en qué términos legislarán los dos partidos sobre la laguna salada, un punto de fricción entre ambas formaciones durante estas negociaciones. El día en el que se anunciaron las consejerías que asumía Vox, el partido de extrema derecha votaba en contra de renovar la moratoria urbanística de la laguna. “El Gobierno Regional seguirá sin mover ficha con el Mar Menor”, vaticina Crespo.
En el documento no hay ni rastro de la violencia de género, pero tampoco de la denominada violencia intrafamiliar, un término acuñado por Vox que abarca todo tipo de agresiones en el seno de la familia. El pacto tan solo expresa la intención de ambas fuerzas de erradicar “la violencia contra las mujeres, la que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores”.
Este asunto ha sido un punto de fricción entre ambas fuerzas, con Vox desmarcándose de numerosas protestas institucionales contra la violencia de género a nivel nacional. En la Región, el PP se desvinculó el pasado junio del partido de extrema derecha, con el portavoz del Gobierno regional Marcos Ortuño declarando que “la violencia de género existe y, evidentemente, es una lacra contra la que vamos a destinar todos los esfuerzos y recursos necesarios”.
La presidenta del colectivo LGTBI Mar Tornero se indigna porque “también a la lucha contra la violencia machista le llaman ideología; y lo que nos espera es una legislatura lamentable en cuanto a igualdad, pero ahí estaremos los colectivos tanto LGTBI como feministas para protestar”. Para Tornero, es “patético” lo que ha hecho López Miras “cediendo ante la ultraderecha, y más con la experiencia que tuvo ya con una consejera de Vox en su anterior gobierno”.
Cambio de la ley que regula la participación de sindicatos y patronal
Otro aspecto que ha dejado anonadados a los sindicatos regionales ha sido el punto 25 del acuerdo programático. Tanto UGT como CCOO de la Región expresaron el pasado martes su rechazo a la modificación de la Ley de Participación Institucional –que regula su actividad– “para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos”, según reza el documento.
CCOO recordó que la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región “no la reciben con carácter finalista, sino que es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región”. El sindicato también se preguntó si este punto no deja de ser “un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen” del trabajo que realizan los agentes sociales.
“No sabemos exactamente la repercusión que puede tener el cambio de esa ley y por eso queremos hablar en primer lugar con el presidente de la Región. Participamos en más de 90 mesas de negociación y trabajamos por el conjunto de la sociedad en acuerdos como el pacto contra la economía sumergida”, cuenta a este periódico Santiago Navarro, secretario general de CCOO en la Región de Murcia. En todo caso, la plantilla de este sindicato está adecuada a los ingresos que reciben de los afiliados y “solo un 7% depende de nuestra participación en esas mesas”, aclara el sindicalista.
“Esto no deja de ser más que un intento de Vox de debilitar la negociación colectiva, como ha pasado en Castilla y León”, añade. En esta comunidad, el Gobierno de coalición de PP y Vox ha recortado la acción sindical y ha recibido el segundo aviso del Ministerio de Trabajo por desmantelar su organismo de mediación laboral.
La patronal murciana (CROEM) subrayó igualmente en una nota de prensa que su “representatividad viene recogida en la Constitución Española, la Ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, aprobada por amplia mayoría en el Asamblea Regional en 2017”.
El veto parental, una medida que se intentó implantar sin éxito
En materia de educación repiten promesas de los populares con “la gratuidad de la educación de 0 a 3 años”, una medida incumplida desde la pasada legislatura. Los colectivos sociales vuelven a temer que desde el Ejecutivo se apruebe el veto parental, que trató de implementar la anterior consejera de Educación, Mabel Campuzano (Vox), sin éxito. Ahora, el documento asegura que defenderá “el mandato constitucional de la libre elección de centro y la Consejería de Educación garantizará la neutralidad ideológica del currículo escolar”.
“Si lo que quieren es eliminar la ideología, que saquen la religión de las aulas, que son los que adoctrinan contra los derechos de la mujer, como el aborto, y han llegado a pedir el voto para el PP en algunos casos”, señala Vladimir Solá, coportavoz de STERM-i. “El veto como tal no tiene recorrido jurídico, pero sí que tiene un preocupante recorrido social la persecución que hay contra el profesorado”, denuncia al tiempo que apunta a que el objetivo es que “no nos atrevamos a decir que hay que cuidar el medio ambiente, luchar contra la violencia de género o que la homosexualidad no es una enfermedad”. Por eso, el “problema” no es el veto, “es la coacción sistemática para que no eduquemos”. Este jueves, ha adelantado en declaraciones a elDiario.es Región de Murcia, “nos concentraremos junto a otros colectivos en las puertas de la Asamblea Regional para protestar contra el acuerdo de gobierno PP-Vox”.
Susana Navarro, portavoz de Docentes Unidos, pone el acento en que el PP “sigue sin afrontar los problemas reales de la educación de la Región, y se busca entretenimientos con los que generar necesidades inexistentes”. Y cita entre esos “problemas reales” las ratios, la salud mental, las deficitarias infraestructuras o el funcionamiento de los centros públicos. En el grueso del acuerdo, no existe ninguna mención a reforzar el personal educativo.
“La cuestión es que lo que llaman ideología es igualdad, y no es que se les permita promoverla por ley, sino que se les obliga”, reflexiona la presidenta del colectivo LGTBi Mar Tornero. “Hay leyes estatales de igualdad, y la regional LTBi en las que se establece que hay que educar en la diversidad en todos los centros educativos, y formar en este campo a profesores y funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o de la sanidad, por ejemplo”. Pero la ley es de 2016, concreta, “y no se ha estado cumpliendo, las iniciativas en este campo parten de los centros y no de la Consejería; el PP regional no ha hecho nada hasta ahora y menos todavía lo hará ahora con Vox”.
Un presidente para Transparencia y Defensor del Pueblo
Una de las pocas medidas con concreción del acuerdo es el compromiso de populares y Vox de impulsar una reforma legislativa para dotar al Presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de “Defensor del Pueblo de la Región de Murcia”, y a designar al candidato propuesto por la dirección de Vox. Este órgano, que vela por los derechos murcianos frente a la Administración, volverá tras desaparecer en 2012. Previsiblemente, se modificará la ley de Transparencia para juntar ambos organismos en uno.
Las medidas de corte económico, apunta Crespo, están importadas directamente de las promesas electorales de los populares, como la reducción del IRPF o la rebaja general del tipo impositivo del ITP. “Luego hay brindis al sol”, y cita: “Se perseguirá en todo momento la correcta y más eficiente gestión del dinero público. Esto es lo que esperamos en cualquier gobierno, sea de izquierdas o de derechas. Lo mismo ocurre con el compromiso de reducir las trabas burocráticas para ciudadanos. En resumen, han trabajado poco”.