El colectivo LGTBI de Murcia reclama “de manera contundente” que Educación no pida el consentimiento familiar para las actividades escolares
El colectivo LGTBI de la Región de Murcia ha reaccionado a la normativa enviada a los centros docentes para pedir el consentimiento familiar a la hora de realizar actividades escolares, tal y como pidió Vox cuando para formar el gobierno regional, registrando sendos escritos en contra de tal instrucción en la consejería de Eduación y a la vicepresidenta y consejera de Mujer, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco.
La Plataforma LGTBI de la Región de Murcia, formada por los colectivos Asfagalem, Chrysallis, Galactyco y No Te Prives, solicitaron de “manera contundente e inmediata” la retirada de estas instrucciones para el inicio de este curso, en las cuales “obligan a los centros educativos a solicitar el consentimiento familiar para cualquier formación curricular y complementaria programadas por los centros en su proyecto educativo”.
La Plataforma formada por los colectivos LGTBI afirmó en estos documentos que estas instrucciones vulneran toda la legislación vigente en materia educativa: “desde la Constitución, el Estatuto de Autonomía, las leyes sobre Educación estatales y regionales, los decretos que desarrollan las mismas, los convenios internacionales a los que España está suscrita y la propia Ley de Igualdad que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional en 2016”.
La plataforma señaló que la nueva consejera de Educación, Esperanza Moreno, “conoce de primera mano la legislación vigente”, ya que, cuando ocupó durante el gobierno anterior la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, tuvo que hacer frente a las críticas recibidas por diversos colectivos al prohibir la anterior consejera de Educación las charlas en diversidad afectivo-sexual, “presionada por el Foro de la Familia”. Finalmente, tras una moción parlamentaria de reprobación, se vio obligada a rectificar, al tener que atenerse a la ley.
“No es comprensible volver a caer en el mismo error”, advierten en una nota de prensa desde la plataforma LGTBI, sobre todo “sabiendo que toda la legislación deja claro sin lugar a dudas, la educación en valores de respeto, libertades, equidad, igualdad, desarrollo óptimo de la personalidad y Derechos Humanos como una responsabilidad de nuestros poderes públicos”.
“La escuela pública, y todos los valores que transmite, son sobre todo un derecho para los menores, no una opción que pueda dejarse en manos de creencias morales a todas luces subjetivas, y en muchos casos, contrarias a nuestro Estado de Derecho”, añadió la plataforma.
Dicha agrupación de colectivos LGTBI también advirtió de estar dispuesta a adoptar “las medidas judiciales necesarias para que nuestro Estado de Derecho no quede vulnerado por políticas educativas ilegales y nefastas para un desarrollo social adecuadamente dirigido”.
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