La Agencia Tributaria de la Región de Murcia ha dictado diligencia de embargo sobre la vivienda familiar de una afectada por la devolución de las ayudas de los terremotos de 2011 en Lorca. Desde el Gobierno autonómico consideran que el uso de la subvención no está debidamente justificado, por lo que ordenan el desahucio. El caso afecta a Neva Victoria, una librera de 62 años del barrio de La Viña, la zona cero de los seísmos.
Neva Victoria fue indemnizada sólo con 5.600 euros por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, y obtuvo una ayuda pública de 8.000 euros, pese a que en un informe pericial encargado por esta vecina, los daños producidos en su comercio tradicional fueron tasados en 46.557,03 euros. El resto (32.957,03 euros), tuvo que sufragarlos mediante la ampliación de la hipoteca de su vivienda y la solicitud de un préstamo personal, con lo que además tuvo que sufragar los 3.759,80 euros correspondientes a una derrama de la comunidad de propietarios del edificio para reparar daños comunes.
Su negocio estuvo un año cerrado, durante el que tuvo que pagar el alquiler de una nave para conservar el género, y después ha tenido que soportar la crisis que afecta al pequeño comercio tradicional en Lorca. A ello, hay que sumar que la Consejería de Fomento también procedió al embargo de sus cuentas por la ayuda otorgada para la reparación de su vivienda, que pudo solventarse gracias a la movilización de la Plataforma de Afectados por la devolución de las ayudas de los Terremotos e Izquierda Unida, que consiguieron que se pudiera levantar el embargo a través de una aportación de la Mesa Solidaria del Ayuntamiento.
Hasta en tres ocasiones y a requerimiento de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, Neva aportó las facturas y la documentación que se le solicitaba. En julio de 2017 interpuso un recurso potestativo de reposición que la Administración regional ni siquiera ha contestado. “Es como darse cabezazos contra la pared. Le pones recursos y alegaciones, y te responden por la vía de Hacienda, con el embargo de propiedades”, lamenta en declaraciones a este medio Gloria Martín, edil de IU-Verdes. La concejala explicó que, como es común a todos los afectados por esta problemática, la desinformación y la indefensión que sufre Neva es “brutal”.
Martín critica los obstáculos burocráticos que han representado las ayudas a los afectados por el seísmo de 2011: “Si esto se quiere hacer en beneficio de los afectados del terremoto, que ya sufrieron bastante, se podrían hacer inspecciones, visitar el negocio, corroborar en qué se ha gastado el dinero...”.
Para Gloria Martín este es uno de los muchos casos en los que se puede demostrar “sin ningún género de duda” que la afectada gastó mucho más en la reparación de su comercio que las ayudas recibidas. A pesar de ello, está sometida a una “grave persecución” por parte de la administración hasta el punto de que podría perder hasta su propia casa.
Martín advierte de que hay más vecinos afectados por devoluciones de ayudas al comercio y por las relativas a las obras de reconstrucción que realizaron las comunidades de vecinos, lo que demuestra, a su juicio, que todo el procedimiento administrativo relativo a la tramitación de las ayudas es “un desastre” que supondrá la “ruina” para centenares de familias. “A las víctimas se les vendió como una ayuda a fondo perdido. No se les explicó nada. Ocho años después se encuentran con esta barbaridad”.
En la misma línea, la edil señaló que “esto no es una situación de pillaje. Cuando hay tres mil personas en esta situación es que no se explicó a la gente en lo que se estaban metiendo”.
Miles de afectados por el terremoto de Lorca, ocurrido hace siete años, recibieron en 2017 cartas del Gobierno regional exigiéndoles la devolución de las ayudas recibidas para reconstruir sus viviendas. En total, 2,5 millones de euros. La causa: no haber proporcionado la documentación necesaria para justificar la recepción de dichas ayudas. A los pocos meses de aquellas cartas comenzaron los embargos de cuentas corrientes. Los afectados se movilizaron y, en octubre de 2018, se encerraron en el ayuntamiento. Unos días después se alcanzó un acuerdo con el Gobierno murciano, no teniendo que que devolver el dinero recibido.
Crítica a la administración pública
En ese sentido, Martín lamenta la “dejación de funciones” del Gobierno de la nación en todo este asunto, dado que no está ejerciendo las “facultades de control” que le confiere la Ley como administración interviniente en la financiación de las ayudas.
Martín cuestiona que el pasado mes de agosto el Gobierno de Sánchez se hiciera cargo del pago de 350 millones de euros de los cerca de 460 que el Consorcio de Valencia 2007 adeudaba al Instituto de Crédito Oficial (ICO), como consecuencia de las obras realizadas para acoger la Copa América. “Para cargar con los agujeros que generaron los delirios de grandeza en los años de vino y rosas del 'boom inmobiliario', sí se puede contar con el Gobierno, pero para acabar con el sufrimiento de las víctimas de los terremotos de Lorca, ni siquiera somos recibidos por el Delegado del Gobierno en Murcia, al que hace casi dos meses que le solicitamos audiencia”, censuró Martín.
La concejala de IU Lorca también dedicó duras palabras al presidente de la Región de Murcia en funciones, Fernando López Miras (PP), a quien preguntó si piensa consentir que su gobierno saque a subasta pública el piso de una víctima del terremoto para dejarla “en la calle”. La concejala de IU explicó que ayer mismo pidió amparo a un diputado autonómico electo de Ciudadanos, pero que su petición tampoco ha obtenido respuesta.
Empate entre PP y PSOE en las municipales
Los concejales electos del Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Pedro Sosa y Gloria Martín, han manifestado que su apoyo está condicionado a una posible investidura del candidato socialista a la Alcaldía, Diego José Mateos, a que el Gobierno de España recupere el control de la gestión de las subvenciones y evite el desahucio y la ruina económica de las familias afectadas.
El Partido Popular y el Partido Socialista empataron con 10 concejales en el municipio de Lorca, de forma que el primero habría perdido 3 ediles frente a las elecciones de 2015, mientras que el segundo habría ganado 2. IU-Los Verdes pasan de 3 a 2 concejales, mientras que Vox entra en el Ayuntamiento con otros dos ediles. Por su parte, Ciudadanos mantiene un concejal. El PP necesitaría a Vox y Ciudadanos para seguir gobernando en Lorca.