Manuel Abadía, juez que instruye la causa 'Novo Carthago' en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU), ha llamado a Ramón Luis Valcárcel, expresidente de la Región de Murcia, presidente del PP murciano y vicepresidente del Parlamento Europeo, para que declare voluntariamente como imputado “por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho” en un plazo inferior a 30 días hábiles. Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es Región de Murcia describen la situación de Valcárcel como de preimputación y resaltan que, según el auto, los delitos señalados no prescriben.
En el escrito del juez, que tiene 119 páginas, se recoge en apenas unas líneas el aval de la Fiscalía a esta petición de preimputación del expresidente, denominada así a falta de la toma de declaración de Ramón Luis Valcárcel. El magistrado, que pide a Valcárcel “aportar documentos, proponer pruebas y participar en las diligencias probatorias”, también señala que fijará “en sábado o domingo su declaración si desea prestarla, con la finalidad de no interrumpir su actividad en el Parlamento Europeo”.
“En el caso de que transcurran treinta días hábiles –continúa la resolución– sin que desee prestar declaración de modo voluntario, se dará por cumplido el plazo y elevará este magistrado instructor exposición razonada al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo”, debido a la condición de aforado del actual vicepresidente del Europarlamento.
Por medio de su último auto, Abadía también ha citado como imputados a Rosario Valcárcel Cruz –hija del expresidente–, Fulgencio Perán Jiménez –yerno– y Juan Francisco Cruz Alfaro–, así como a Juan Sánchez Carrillo –hermano del presidente del Comité Electoral Regional del PP, Antonio Sánchez Carrillo– y José Alberto Meroño García.
“Trama en la comunidad autónoma”
En el caso Novo Carthago se investiga el proceso de reclasificación de unos terrenos protegidos por la ley medioambiental de la Región de Murcia, situados junto al Mar Menor, que pasaron a formar parte del proyecto de un complejo urbanístico con 10.000 viviendas y campos de golf, hoy detenido por falta de financiación.
Además de las últimas imputaciones, en la causa se investiga al actual delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, que era consejero de Obras Públicas en el momento de los hechos, así como a los exconsejeros Francisco Marqués y Antonio Cerdá, a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, y a otros técnicos de la Administración regional. También al empresario Rafael Galea, de la promotora Hansa Urbana, vinculada en su día a la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Desde hace unos meses, las actuaciones del magistrado del TSJMU Manuel Abadía se habían encaminado al entorno de Ramón Luis Valcárcel. El pasado verano, en uno de sus autos, el juez llegó a hablar de una “trama en la comunidad autónoma” cuyos actos describió así: “Estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada en el que se producen una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última resolución de Bascuñana [consejero de Obras Públicas en aquel tiempo] sin las anteriores, y ninguno es intrascendente para conseguir el fin pretendido”.
Ya entonces, Abadía hizo mención de las más altas instancias del Gobierno regional como parte del proceso de reclasificación de los terrenos de Novo Carthago, y aseguró que se había producido la “voladura de las leyes estatales y autonómicas en materia medioambiental”.
Novo Carthago y la división en el PP murciano
Desde mediados de la semana pasada, los acontecimientos judiciales y también políticos se han disparado en la Región de Murcia tras la dimisión imprevista de Antonio Cerdá, consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, imputado en Novo Carthago.
A las pocas horas de dicha renuncia, que, según se apunta desde algunos ámbitos, podría perseguir la retirada del caso de las manos de Manuel Abadía al ser el único aforado regional que quedaba en la instrucción, se produjo el duro auto en el que el instructor pedía a la Fiscalía que informara sobre la posibilidad de imputar a Ramón Luis Valcárcel, al que señaló como miembro de la trama descrita en un auto anterior.
Con ello se ha desencadenado una crisis de Gobierno, ya que la pasada tarde el presidente Garre decidió destituir de manera fulminante al consejero de Economía y Hacienda, al que se atribuye, junto a Vicente Martínez-Pujalte, la idea de inducir la salida de Cerdá del Ejecutivo.
Desde su llegada a la presidencia de la comunidad autónoma, Alberto Garre, nombrado sucesor por Valcárcel cuando este se marchó al Europarlamento, se preocupó por distanciarse de los imputados de su partido. Así, Garre ha repetido en diversas ocasiones que “imputados en las listas, no”, y ha apelado a la “generosidad” de dichos miembros de su partido para abandonar sus cargos de responsabilidad.
Y de fondo aparece la carrera por ser candidato a la presidencia de la Región de Murcia, hecho que ha dividido al Partido Popular: de un lado están los que se sitúan junto al expresidente Valcárcel, que ha hecho público su apoyo al consejero de Educación, Pedro Antonio Sánchez, como su favorito a ocupar el Palacio de San Esteban; y de otro, los afines a Alberto Garre, quien, aunque insiste en que está al servicio del partido, también ha afirmado que optaría a la reelección como cabeza de lista del PP en las elecciones de mayo.