El veto parental ha vuelto a la primera línea pese a las dudas legales de su aplicación, siendo una de las peticiones estrella que Vox ha reclamado para apoyar los presupuestos regionales murcianos. Una reclamación que parece haber llegado a buen puerto. El cerco se estrecha para el Gobierno de Murcia y la aprobación de sus cuentas. El Partido Popular y Ciudadanos –cogobernantes– precisan del apoyo de, por lo menos, un diputado de otro partido para sacar adelante su propuesta y así alcanzar la mayoría absoluta (23 escaños). Su socio habitual –que ya salvó las cuentas el pasado año– se encuentra escindido en dos partes: los tres expulsados por el partido y el diputado leal a Santiago Abascal.
Pese a que diversos medios se han hecho eco de un preacuerdo entre el PP y el Vox oficialista que incluiría el llamado 'pin parental', fuentes parlamentarias populares cercanas a las negociaciones señalan que “no se ha cerrado nada” y que incluso el veto sigue en el aire. Unas declaraciones que chocan con las del entorno de la agrupación de extrema derecha, que si bien coinciden en que quedan cuestiones pendientes de aprobar, la autorización previa de los padres para asistir a prácticas o charlas curriculares, no es una de ellas y sale adelante.
El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá declaró que esta medida suponía una “ilegalidad” que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas”, además de exceder las competencias que tienen los centros educativo. El recurso salió adelante un mes después, y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por “pérdida sobrevenida de objeto”.
“De la negociación nos hemos enterado a través de los periódicos” señala Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autónomico. Los naranjas se niegan a ir contra la ley: “Tenemos muy clara nuestra postura y no nos salimos de ella. Hay que cumplir la legalidad vigente”. El portavoz insiste en que no pueden aplicarse medidas que no contemple la ley e insta a su socio de gobierno, el PP, a notificarles las negociaciones con Vox.
A modo de preaviso, Vox lleva semanas exigiendo la impantación del veto parental en aquellas comunidades donde su apoyo es necesario para sumar mayorías absolutas. El pasado 25 de febrero, el partido de extrema derecha anunció en el Parlamento andaluz que retiraba el apoyo al Gobierno hasta que se implantara el 'pin' en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado junta a PP y Ciudadanos. En Madrid, han condicionado su apoyo a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso a implementar las autorizaciones parentales para actividades curriculares en los centros educativos.
La idea del veto parental surgió en las pasadas elecciones autonómicas al calor de la extrema derecha, como contramedida a las charlas afectivo-sexuales. Se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas curriculares que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.
Veto parental y alternativas al aborto y la eutanasia
Junto al veto parental, Vox ha planteado en la Región de Murcia a los populares líneas de ayuda a mujeres embarazadas con problemas económicos para que no tenga que abortar, a través del subvenciones para el alojamiento de futuras madres en donde podrán recibir asistencia y apoyo psicológico.
También han pedido la introducción de un programa de cuidados paliativos dirigida a aliviar el padecimiento de los pacientes terminales. Una medida que choca con la regulación a nivel nacional de la eutanasia. Los de Abascal han solicitado paquetes económicos para el turismo, empresas de ocio, hostelería, e incluso feriantes.
Críticas desde la oposición y de la comunidad educativa
El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Espín ha lamentado que el Partido Popular siga buscando a la extrema derecha como aliada para “recortar los derechos de la comunidad educativa de la Región de Murcia e implantar el veto parental”. Espín ha recordado que este miércoles se debate en el pleno de la Asamblea Regional la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que no se implante el llamado pin parental en los centros educativos de la Región de Murcia.
El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, ha asegurado que “el Gobierno de López Miras pretende aprobar que la igualdad y el respeto son opcionales en la educación”, a raíz de la negociación con Vox para reimplantar el veto parental a cambio del apoyo a la extrema derecha a los presupuestos regional. Para Sánchez Serna, el presidente regional “mercadea una vez más con los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, pero sobre todo con el derecho de los menores a recibir una educación basada en valores democráticos como igualdad, respeto y empatía”.
Desde Comisiones Obreras han tildad la reincorporación del veto paretnal como “moneda de cambio” para los presupuesto autonómicos. “El Gobierno regional se sitúa fuera de la democracia, plegándose a los postulados antidemocráticos de la extrema derecha”. Desde el sindicato acusan a Vox de escondenrse tras el “disfraz” de la “neutralidad ideológica” en la escuela: “Prentenden esconder su clasismo, racismo y homofobia”.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Región de Murcia -FAPA Juan González- han emitido un comunicado en el que denunciar las consecuencias de implantar el pin parental. “Afectará a todos los temas transversales que se trabajan en los centros, que además están están incluidos en el currículo: compañerismo, acoso, medio ambiente, promoción de la lectura, prevención de adicciones y ludopatía, ocio saludable, interculturalidad, prevención del racismo, educación sexual y afectiva, deporte, naturaleza, ciencia y tecnología, humor, cultura y tantas otras cosas que les preparan para afrontar la vida con espíritu crítico”.