Cambio de planes. Mientras que el jueves por la tarde la Consejería de Salud de la Región de Murcia consideraba que era el Gobierno central el responsable de adoptar la medida del toque de queda con los “instrumentos jurídicos que se consideren”, este viernes el presidente murciano, Fernando López Miras, ha comunicado a los alcaldes de la Región la petición del aval al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) para poder imponer dicha medida ante el avance del virus en la Comunidad.
En una rueda de prensa en la que ha comparecido junto al consejero murciano de salud, el jefe del Ejecutivo regional ha advertido de que los servicios jurídicos de la Comunidad trabajan en una orden para regular el toque de queda, que esperan tener lista a lo largo del fin de semana para remitirla al TSJRM y frenar la expansión del virus en la Región de Murcia, que se encuentra en el nivel alto de contagios de los cuatro establecidos por el Ministerio de Sanidad.
El presidente murciano, a preguntas de los periodistas, no ha podido aclarar cuándo entrará en vigor el toque de queda -ni la fecha hasta la que se decretará- pero sí que ha adelantado que estará vigente desde las 23.00 hasta las 6.00 horas, “y en ese espacio de tiempo no se podrá circular por las calles de la Región salvo por desplazamientos laborales o una urgencia médica”. El objetivo, ha dicho, es evitar reuniones “entre aquellos que siguen sin asumir que no estamos en una situación de normalidad” y ha citado “situaciones indeseadas como los botellones en la calle o las fiestas en domicilios particulares”; una “absoluta irresponsabilidad”.
Una postura que ha cambiado desde la última reunión del Consejo Interterritorial, con miembros de todas las comunidades y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la que los técnicos de la Consejería de Salud murciana señalaron que debía ser el Gobierno central el que adoptara el toque de queda llegado el caso con los instrumentos jurídicos que se consideraran, y que la medida debía tener “carácter general”.
Illá advirtió en su comparecencia del pasado martes que el toque de queda requiere de un estado de alarma en base a la información jurídica de la que disponen: “No bastaría con la Ley sanitaria de 1986”. El ministro se comprometió, no obstante, a “analizarlo” y “estudiarlo” con las comunidades.
Según López Miras, en cambio, la solicitud de autorización previa se hace en base a la Ley Orgánica de 1986 de Salud Pública, en virtud de la cual “entendemos que podemos tomar esta decisión desde el Dobierno regional”. Una orden -ha explicado el presidente- que será redactada bajo criterios epidemiológicos y que debe contar con las máximas garantías jurídicas. “No puede haber dudas ni incertidumbres”.
El popular ha vuelto a insistir -como ya hizo en la primera oleada de la pandemia- en que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones “para garantizar la seguridad y la salud de los murcianos”, pero ha reclamado que “la medida sería más eficaz si fuera generalizada en todo el país; llevo meses pidiendo unidad de acción porque es la única forma de parar el virus”.
López Miras ha hecho, además, un llamamiento “a esa minoría que se salta las normas” para que “dejen de jugar con la salud de todos” y ha recordado que desde que empezó la pandemia han muerto por la COVID-19 en la Región 281 personas, “demasiadas”.
Esta tarde (por el viernes) el presidente murciano ha anunciado que habrá una reunión telemática con los grupos parlamentarios y el presidente de la Asamblea regional, y el sábado el Comité de Seguimiento de la COVID-19 analizará la situación de los municipios con mayor incidencia de la Comunidad para adaptar las medidas restrictivas en esas zonas.