Esta resolución se produce tras la petición de la jueza de Instrucción número 1 de Murcia, Ana Isabel Navarro Prieto, instructora del caso, que ha solicitado que la alto cargo sea imputada, aunque lo decidirá TSJ al estar aforada por ser miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en calidad de consejera de Agricultura
Martíne-Cachá era concejala del Ayuntamiento de Murcia cuando entonces se produjo el derribo de la guardería, con el objetivo de utilizar los terrenos con fines inmobiliarios.
Hasta ahora, los imputados son el exalcalde Miguel Ángel Cámara, el promotor de la remodelación de la Paz José López Rejas, la actual concejala María del Carmen Pelegrín y los exediles, Joaquín Moya-Angeler y Antonio Castillo, los tres últimos por participar en la junta de gobierno en la que se votó favorablemente el derribo.
La providencia está firmada por Miguel Pasqual del Riquelme, presidente del TSJ, y por los magistrados Julián Pérez-Templado y Enrique Quiñonero. Según la Asociación Nuevo Barrio y otros colectivos que presentaron la denuncia contra el Ayuntamiento el proceso de derribo y traslado estaba plagado de irregularidades.