Las últimas revelaciones de la Operación Púnica se acercan a la Región de Murcia
El magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, juez instructor de la Operación Púnica, señala que Juan Carlos Ruiz, exconsejero de Turismo del Gobierno murciano, estaría comprometido en la tramitación de “contratos públicos adjudicados a las empresas del imputado Alejandro de Pedro, uno tramitado en el Instituto de Turismo y otro tramitado en el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, que amparaban otros trabajos de manera encubierta, como la creación de un diario digital en Molina de Segura y la reputación y trabajos en redes sociales”.
Velasco considera que durante las pesquisas policiales “se han descubierto los contactos entre los imputados Alejandro de Pedro, José Fidel Saura Guerrero -jefe de Gabinete del consejero de Industria-, Mariola Martínez -exdirectora general del Instituto de Turismo-, el gerente Jesús Galindo y Reyes Samper, del Instituto de Fomento, para adjudicar varios contratos públicos a favor de las empresas de Alejandro de Pedro, eludiendo la normativa en materia de contratación pública”.
Al parecer así se refleja en las conversaciones telefónicas que constan en el caso y que posiblemente sean desveladas la próxima semana. En ellas se determinan con claridad las relaciones entre estas empresas y los cargos públicos relacionados con la investigación, conversaciones que según ha podido saber eldiario.es Región de Murcia, podrían tener un mayor alcance en cuanto a lo sabido hasta ahora sobre la vinculación de la Operación Púnica con la Región de Murcia.
El juez Velasco determina en su auto que se ha revelado “una trama muy compleja en la que hay muchas ramas y líneas de corrupción en distintos ámbitos y con distintas formas”, y que “al final es lo de siempre, usar el dinero público para fines que no son para los que los ciudadanos pagan impuestos”.
La investigación de la llamada 'Operación Púnica' busca esclarecer “la adjudicación de contratos públicos o la prestación de servicios de reputación en la red para autoridades políticas” en Madrid, Valencia, Castilla y León y la Región de Murcia.
