El pasado jueves se confirmó la incorporación a la cartera de Educación y Cultura de la Región de Murcia de una de los diputados expulsados de Vox, Mabel Campuzano. Así, los díscolos del partido de extrema derecha reciben su recompensa tras apoyar al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, para tumbar la moción de censura presentada por PSOE y Ciudadanos.
Con Campuzano al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Murcia, a nadie se le escapa que una de las principales pretensiones de los díscolos es la imposición del veto parental en las aulas murcianas. Sin embargo, aún está en el aire cómo se aplicará: “Dicen que hemos aceptado los postulados del PP, pero lo cierto es que todo esto lo hacemos para asegurarnos que nuestro programa se cumple”, subrayan fuentes cercanas a los díscolos de Vox.
A sus 61 años, Campuzano es licenciada en Historia del Arte. Originaria del Campo de Cartagena, se ha dedicado al sector de la hostelería (regentando dos hoteles) y ha sido profesora de adultos. Como sus compañeros, ha sido una de las principales valedoras del veto parental, una de sus prioridades –en la línea del programa que defiende Vox– aunque tendrán que estudiar cómo lo plantean para sortear a la Justicia y conseguir implantarlo. El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá, declaró que esta medida suponía una “ilegalidad” que vulneraba “los derechos de los alumnos y alumnas”, además de exceder las competencias que tienen los centros educativos. El recurso salió adelante un mes después y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por “pérdida sobrevenida de objeto”.
Pero también apoyan sin tapujos la expansión de la educación concertada o la puesta en marcha de nuevos centros privados con fondos públicos. En una región donde en 2009 se destinaron 106 millones de euros para conciertos y en 2015 la cifra fue de 210 millones, la mayor subida de toda España. En cambio, en ese mismo periodo 2009-2015, la inversión en la educación pública cayó un 12,4%. Entre sus iniciativas se encuentran también la libre elección de centro o el cheque escolar para las familias con el gasto medio por alumno, de forma que puedan invertirlo en la matrícula del centro que elijan. Con ese cheque, los padres o tutores recibirían un bono con el coste medio por puesto escolar en la pública.
Nacho Tornel, secretario general de Enseñanza de Comisiones Obreras, apunta que tanto el veto parental como el cheque escolar son ideas “absurdas para vestir de gala al muñeco diabólico”. En su opinión, “vienen a por el dinero, a manejarlo y desviarlo a los colegios de elite, a los excluyentes, los de sus amigos, porque tienen que formar y promocionar a los suyos”. Y reflexiona que a nadie le puede sonar mal que se repartan cheques, “pero es una trampa porque es una forma de seguir beneficiando a las personas más pudientes; el cheque del hijo de un jornalero no debería ser igual que el del hijo de un magnate”. Las necesidades “son mayores para uno que para otro, pero el cheque será igual”.
Y respecto al presidente López Miras, recuerda que ya en diciembre de 2019 “decía que no se podía consentir el adoctrinamiento en la escuela pública, lo decía para agradar a Vox, y ahora continúa con ese discurso”.
Los colectivos que se han manifestado en los últimos días contra la entrada de Vox en el Gobierno regional, y más concretamente en el área de Educación y Cultura, han criticado duramente la “fobia” contra el colectivo LGTBI del partido de ultraderecha y han mostrado su preocupación ante la merma en sus derechos que podría suponer que gobernase esta formación en la Región. En la última aparición de Santiago Abascal en la capital, el pasado 11 de marzo, se vivieron momentos tensos entre un grupo de jóvenes que quiso reivindicar sus derechos con una bandera arcoíris y asistentes al mitin, que increparon a los activistas con el saludo fascista, levantando el brazo, y profirieron insultos y gritos como “perroflautas”, “id a trabajar, cabrones”, “viva el Caudillo” o “viva España”.
Desde algunos sectores también se ha criticado que Campuzano haya expresado en la Asamblea Regional tener “serias dudas” con la vacuna: “No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado, al contrario, creo que es muy valiente y que lo ha hecho para dar ejemplo a quienes como yo albergamos serias dudas respecto a la vacuna”. Se refería la diputada al exconsejero de Salud Manuel Villegas, poco antes de que dimitiese tras haberse puesto la primera dosis contra la COVID-19 junto a otros altos cargos del Servicio Murciano de Salud el pasado enero, uno de los motivos que más han argumentado desde Ciudadanos y PSOE para presentar las dos mociones de censura en el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia.
Un Gobierno de “centroderecha” con Vox
Pese a que el nombramiento no había sido corroborado de forma oficial por ninguno de los dos partidos hasta este momento, lo cierto es que era prácticamente un hecho consumado. Minutos después de fracasar la moción el pasado jueves en la Asamblea Regional, se filtraba un documento en el que el PP cedía el área de Educación y Cultura a la diputada del grupo parlamentario de Vox –y una de las tres expulsadas del partido de extrema derecha– Mabel Campuzano a cambio del apoyo de los tres díscolos. Un escrito en el que se recogería también el compromiso de López Miras de no convocar elecciones anticipadas antes de 2023. Campuzano, Juan José Liarte y Francisco Carrera, por su parte, apoyarían la Ley del Presidente para establecer en ocho años el límite de tiempo para estar al frente del Gobierno y no dos mandatos, además de secundar los presupuestos de 2021.
Echando balones fuera, el presidente del Gobierno ha evitado pronunciarse estos días en sus apariciones públicas al respecto de la polémica. “Lo importante no son las personas, sino el proyecto”, aseguró al tiempo que indicó que su Ejecutivo será “moderado y liberal”, un Gobierno “de centroderecha”, propuesto por los líderes nacionales del PP Teodoro García Egea y Pablo Casado para ensayar en Murcia y exportar al resto de España.