Vox aprieta en la Región de Murcia. El Gobierno, formado por una coalición entre PP y Cs, con el apoyo de los de Abascal, aplazó el miércoles la aprobación de los presupuestos de cara al 2020. El motivo es que, en palabras del presidente López Miras, aún no se han negociado las partidas de cada consejería. Momentos antes de hacer estas declaraciones, se hacía pública una lista con medidas desde el partido de extrema derecha que condicionaban su apoyo o abstención al plan presupuestario que se presentará para el siguiente año, a las que tuvo acceso La Verdad.
Eliminar organismos relativos a la “ideología de género”; el fin de subvenciones para asociaciones de Memoria Histórica, sindicatos y patronales; suprimir ayudas que “colaboren con la inmigración ilegal”; reducir la presión fiscal, ayudas a la natalidad o “no apoyar a asociaciones que ayuden al islamismo radical”; son algunas de las medidas propuestas. El Gobierno murciano precisa su apoyo expreso o abstención si quiere que sus presupuestos salgan adelante.
El portavoz del Grupo Parlamentario popular, Joaquín Segado, pidió este miércoles a los partidos políticos, tras el anuncio del aplazamiento de los presupuestos “responsabilidad y que estén a la altura para hacer el mejor presupuesto para la Región de Murcia”. Segado puntualizó que como cualquier asunto que hay que someter a la aprobación por parte del a Asamblea Regional, en el caso de los presupuestos “habrá que abordar un proceso de negociación”, que en la actualidad “se encuentra en un momento muy inicial”.
Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento murciano, señaló que “no existen compartimentos estanco en el Gobierno regional”. Molina incidió en la idea de que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2020 “debe reflejar la pluralidad que ahora existe en el Ejecutivo”. El portavoz aseguró que “ahora mismo estamos en la pantalla de negociación del anteproyecto entre Ciudadanos y el PP, y luego ya tocará buscar apoyos para sacar adelante los presupuestos”.
No es la primera vez que los acuerdos entre los tres partidos peligran ante las claras disonancias programáticas. De hecho, fue una de las variables que dificultó, el pasado julio, la formación de Gobierno, que desembocó en la negativa de la formación de Abascal a la investidura de Fernando López Miras. Cinco horas de reunión, a las que Cs calificó de encuentro para “tomar café”, junto a la presencia del popular Teodoro García Egea, no bastaron para doblegar a la extrema derecha, que no vio sus exigencias cumplidas y criticó la “falta de libertad” de Ciudadanos a nivel regional. Finalmente, Vox renunciaría a la revisión de la ley LGTBI, una de sus medidas más polémicas. A cambio Ciudadanos haría oídos sordos a propuestas como erradicar la Memoria Histórica de las aulas y deportar a los inmigrantes ilegales. El PP consumaría su pacto a tres bandas a comienzos de septiembre.
“Esas medidas no nos incumben”
Una vez más, Vox vuelve a tener la sartén por el mango y pone en riesgo la aprobación de las partidas presupuestarias. “Queremos que se cumpla el acuerdo firmado en septiembre. Y si no es en su totalidad, negociar un calendario para ir llevándolas a cabo” señala a este medio el diputado y portavoz de la agrupación en la Asamblea Regional, Juan José Liarte.
“La situación de los MENAS también lo llevábamos en el acuerdo de investidura” señala el portavoz, en alusión a la solicitud de cerrar un centro de Menores Extranjeros No Acompañados localizado en la pedanía murciana de Santa Cruz. Los de Abascal también exigen suprimir cualquier cooperación internacional: “Entendemos que aunque haya un amparo legal deber ser el Gobierno de la nación quien se encargue de las relaciones internacionales”, expresa Liarte.
Otra de las medidas que incluyen es la de eliminar todos los órganos, organismos, observatorios y, en general, entes relativos a la ideología de género. “Es uno de los grandes logros de nuestros primeros cien días”, señalan fuentes de Ciudadanos en referencia a la reapertura del observatorio de Igualdad. De hecho, la actual vicepresidenta de Murcia por Cs, Isabel Franco, es quien lo ha impulsado.
“Nosotros vamos a negociar con el PP, que es con quien tenemos el acuerdo de Gobierno”, expresan las mismas fuentes, que aseguran no haberse sentido aludidos por las medidas que Vox ha planteado. “Tendrá que ser el PP el que haga malabarismos, y tendremos que analizar después si el acuerdo al que lleguen con ellos choca con alguno de nuestros principios”.
Rechazo de la revocación al 'pin parental'
El Parlamento murciano también fue foco mediático tras la moción presentada por el PSOE para retirar las instrucciones dadas al inicio del presente curso lectivo por el Gobierno que obliga a las familias a decidir si sus hijos asisten, o no, a actividades escolares complementarias. Vox quiere reforzar el llamado 'pin parental', y así lo hace constar en su paquete de medidas, porque consideran que no se puede comprobar si se llevan a cabo tales actividades. La medida va dirigida contra las charlas afectivo-sexuales que se imparten en los colegios, y que se engloban dentro de la 'ideología de género'.
La moción fue rechazada por PP y Vox, sumado a un Ciudadanos que se abstuvo, pese a que la propia vicepresidenta lidere la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Políticas Social. El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio José Espín criticó que el Gobierno de la Región de Murcia fuera “el único Ejecutivo autonómico de toda España que ha cedido ante las exigencias de la ultraderecha en materia educativa”.
La diputada de Podemos, María Marín, también rechazó frontalmente el 'pin parental'. “Siempre estaremos en contra de todo lo que sea recortar en libertades y derechos sociales que tanto años nos ha costado conseguir. Nos parece un auténtico disparate”. Marín apunto que detrás de esas “aparentes libertades que nos quieren colar, no hay nada más que presión del partido de la ultraderecha para recortar derechos sociales”.