El alcalde de Calasparra por el PSOE, José Vélez, sigue sin hacer públicas las cuentas de la comisión taurina correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, pese a que una sentencia de princpios de 2018 de la Sala Segunda de los Contencioso-Administrativo así se lo exige, tras haber rechazado su recurso presentado. Según el propio Consistorio las cuentas de la comisión de esos años se saldaron con unas pérdidas de 30.000 euros.
Los hechos se remontan a 2014 cuando un vecino de la localidad y posteriormente concejal de Ciudadanos solicitó hasta en cuatro ocasiones se le permitiese acceder a la documentación de la comisión de ambos años.
La formación naranja sospecha que las cuentas de la actividad taurina de los años 2013 y 2014, que están sin fiscalizar, puedan esconder alguna actuación no ajustada a derecho o al procedimiento administrativo. El portavoz local naranja, Jesús Alajarín, ha recordado que “varios toreros denunciaron públicamente haber cobrado por debajo de lo que estipulaba en convenio colectivo. Nosotros no sabemos si esto es así o no, pero nuestra intención es, entre otras cosas, comprobarlo”.
La respuesta a estas solicitudes por parte del alcalde fue que la documentación estaba archivada y que no existían medios en el Ayuntamiento para volver a recopilarla. Además, Vélez añadía que dicha documentación “había estado expuesta en octubre del 2014” y que el edil no “se había interesado por las citadas cuentas”, aunque sí lo hicieron otros ciudadanos del municipio.
La sentencia del juzgado señala que en ningún momento el Ayuntamiento indica donde estuvo dicha documentación a disposición de los ciudadanos y queda claro y demostrado que dicha comisión fue auspiciada por el Consistorio, haciéndose cargo del pago de facturas e impuestos y de los cobros correspondientes a los festejos organizados.
El edil de Ciudadanos ha añadido que el alcalde “perdió en su día el juicio y ahora también el recurso a la sentencia, por lo que solamente le queda cumplir con la Justicia”. Por otra parte, la formación ha solicitado al primer edil que “cumpla la ley y acate las sentencias, que dé ejemplo a todos los calasparreños, a los que no se les ocurre estar cuatro meses sin cumplir con una sentencia”. Alajarín ha informado además de que Cs ha solicitado al juzgado una ejecución de la sentencia “ante la pasividad del Ayuntamiento”.
La resolución judicial que queda ahora por ejecutar indica en sus hechos probados que el alcalde vulneró la ley 7/85 en su artículo 69, el artículo 230 de la ROF, la ley 30/92 e incluso el artículo 105.b de la Constitución Española.