De nuevo se vuelve a posponer la decisión de enviar o no a prisión a cuatro de los 13 condenados por explotar sexualmente a menores en Murcia. En las últimas dos semanas ya se ha suspendido la pena de privación de libertad de los seis empresarios clientes de esta red de pederastia. Ahora, la Audiencia deja en el aire el destino del núcleo de la trama, las proxenetas Ruth Karina Dorado, Yesenia Mercedes B., Nelly Paola Céspedes; el taxista ilegal Walter Domínguez, y uno de los clientes Juan Martínez Fernández.
En la vista de este lunes el único convocado, Walter Domínguez, ha pedido la suspensión de la pena alegando que abonó 1.500 euros de responsabilidad civil en dos plazos y que se le impuso prisión provisional. “Llegué en el año 2000 a España, la mitad de mi vida. He estado trabajando en el campo, nunca le hice daño a la sociedad”, ha defendido Domínguez, que ha definido lo ocurrido como “un desliz, un momento, donde me ofrecieron hacer de taxi”.
El teniente fiscal, José Francisco Sánchez Lucerga, se ha opuesto a la suspensión, argumentando que “la excepción –que la hubo– solo se aplica en el atenuante de dilaciones indebidas”, y que por lo tanto no debe volver a tenerse en cuenta para la aplicación o no de las penas. La Fiscalía ha recordado que “en el presente caso nos encontramos con que el autor lo es de seis delitos de prostitución. Es una reiteración efectiva”.
La pena a la que se enfrenta el transportista es por seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización, a dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 540 euros y el pago de una indemnización de 1.000 euros como daño moral. Además de cinco años de libertad vigilada.
La decisión para condenar o no a Ruth Karina Dorado, Yesenia Mercedes B., Nelly Paola Céspedes se ha aplazado hasta en dos ocasiones.
Ruth Karina Dorado, una de las proxenetas, acumula una pena máxima de seis años. Se enfrentaba en principio a una condena de 16 años acumulados por ocho delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización. Se le pedían dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 4.320 euros y el pago de una indemnización de 8.000 euros como daño moral. Además de cinco años de libertad vigilada.
Por su parte, Yesenia Mercedes Balladares Cusme fue condenada por tres delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización, a dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 1.600 euros y el pago de una indemnización de 3.000 euros como daño moral. Además de cinco años de libertad vigilada. En la vistilla del pasado martes alegó que estaba “perfectamente normalizada e integrada en la sociedad” y sostuvo que tenía problemas de salud.
Nelly Paola Céspedes fue condenada por seis delitos de prostitución de menores con pertenencia a organización, a dos años de prisión por cada uno de ellos, multa de 3.240 euros y el pago de una indemnización de 6.000 euros como daño moral. Además de cinco años de libertad vigilada.
Su defensa insinuó tras solicitar la suspensión de la pena que el revuelo mediático del caso es lo que ha llevado al Ministerio Fiscal a querer asegurarse la culpabilidad de los imputados sin tener demasiado en cuenta la posible reparación a las víctimas: “La defensa no entiende que si el fiscal tuviera la intención de que mi clienta cumpliese la pena de prisión, por qué se le rebajó la pena de dos años y medio a dos años”.
Juan Martínez Fernández, conocido como 'el enterrador' de Totana, no se presentó a la Audiencia Provincial el pasado martes, según su defensa por “problemas de salud” y porque su situación es complicada por la “presión mediática y social” que ha traído este caso.
En un principio la Sala aplazó la decisión sobre su futuro a este lunes. El Ministerio Fiscal no se opuso a la suspensión. El Consistorio de Totana retiró las distinciones honoríficas que se le habían entregado en el pasado tras conocerse el acuerdo de conformidad de este caso.
Nuevas movilizaciones este 15 de octubre
El próximo 15 de octubre habrá una nueva manifestación contra la suspensión de las penas de los condenados frente a la Audiencia Provincial de Murcia. Desde que se conoció por primera vez el acuerdo de conformidad han tenido lugar tres concentraciones multitudinarias denunciando la “impunidad institucional” que trae consigo las penas de este caso. Los manifestantes consideran que las condenas ponen de manifiesto “un fallo del sistema demasiadas veces sucedido en la Audiencia Provincial de Murcia”.
Por qué se están suspendiendo las penas
La polémica decisión de perdonar la entrada en prisión de los condenados, sobre los que ya pesan condenas en firme, está atravesada por el artículo 80.3 del Código Penal, que dicta que cuando se cumplan los requisitos de tratarse de un delincuente primario, y de que las penas no superen los dos años individualmente consideradas, podrá acordarse la suspensión de la pena de prisión cuando lo aconsejen las circunstancias personales del preso y la naturaleza de los hechos.
También lo es la decisión de concluir el caso con un curso de reeducación sexual para los condenados por prostitución de menores, pero no es la primera vez que se lleva a cabo: la propia magistrada Concepción Roig, miembro de este tribunal, condenó a un empresario agrícola que violó a una jornalera y amenazó con despedirla si lo contaba, a otro de estos cursos y evitó la entrada en prisión con la condición de no delinquir en un lustro.