Lilliam María Miranda y Denis Antonio Saenz llevaban tres meses en España. Llegaron a Lorca porque tenían allí familiares y encontraron trabajo en una finca en ruinas con el fin de rehabilitarla. En la noche del 9 de febrero encendieron el generador de gasolina en la habitación donde dormían -la única estancia cubierta con un techo- para tener un poco de luz. Después de vomitar, la pareja quedó inconsciente. La empleadora los encontró la mañana siguiente sobre las 10.00h cuando tiró la puerta al no encontrar respuesta y los servicios sanitarios los trasladaron al hospital Rafael Méndez de Lorca. Denis Antonio había fallecido y Lilliam María pasó 11 días ingresada en el hospital y tiene problemas de movilidad en su mano derecha.
La muerte del trabajador nicaragüense “tiene que ver directamente con las condiciones en las que se desarrollaba el trabajo y en las que residían estas dos personas”, ha denunciado en una rueda de prensa Víctor Romera, secretario de Empleo de CCOO Región de Murcia. Era una situación “completamente precaria”, ya no por el hecho de que carecieran de contrato y de alta en la seguridad social, “sino porque estaban desarrollando su trabajo sin las más mínimas condiciones de seguridad y salud”.
En situación irregular, el matrimonio había venido a España para buscar sustento para sus dos hijos de 7 y 8 años que permanecen en Nicaragua a cargo de su tía. Lo encontraron a las dos semanas de llegar en una casa “en una situación de semirruina con una cantidad ingente de animales vivos y muertos -como perros, gatos, ocas y cerdos, estos últimos desalojados- y con excrementos”, situada en el camino rural de Vera de la localidad murciana, en la que vivían y trabajaban en la construcción de lo que parecían “establos”. La vivienda carecía de electricidad, agua potable o baños.
Dolor de cabeza y vómitos
“La situación en Nicaragua está muy dura. Entonces vinimos aquí mi marido y yo para darle una manutención a nuestros hijos”, ha apuntado Lilliana María durante la rueda de prensa. “Aquel viernes ya por la noche pusimos el móvil y un foquito para alumbrarnos. Entonces se prendió ahí la planta [generadora de gasolina] y ya comenzó el dolor de cabeza. Al rato, cuando se apagó, estábamos los dos con vomitadera y de ahí ya no supe más. Cuando me percaté de lo que había pasado eran las 13:00 de la tarde, ya en el hospital”.
La pareja había cobrado 1.000 euros por su primer mes de trabajo, pero no habían recibido contraprestación económica por el segundo mes y medio, según apuntan desde el sindicato. “Mi marido era albañil y estaba haciendo una especie de casa. Yo le ayudaba. Le ayudaba a jalar la mezcla, a jalar los bloques, con la carreta. También lo dejamos todo limpio y mire que daba asco”, ha dicho la viuda. La jefa, que vive en Lorca, los recogía para comprar la comida en un supermercado cercano y después los llevaba de vuelta a la casa. La pareja no sabía cómo acceder por ellos mismos al centro del municipio murciano.
“Mi marido me decía, yo no aguanto estar aquí. Hace mucho frío. Llorábamos del frío ahí”, ha contado Lilliana de su estancia en la finca semiderruida. Actualmente se aloja en casa de su prima en Lorca. “Lo que quiero es que se haga justicia para mandar a mi marido a Nicaragua, a su país, y enterrarlo allá porque su familia lo está esperando”, ha afirmado la viuda entre lágrimas.
Causa penal en el juzgado de Lorca y denuncia a la Inspección de Trabajo
Lilliam María Miranda se ha personado, con apoyo de CCOO, como víctima de los hechos en la causa penal abierta en el juzgado de Lorca número 1 a partir del atestado presentado por la policía judicial.
Su abogado es Saúl Castro, especializado en derechos humanos, y quien también llevó la acusación del sindicato en el caso Yawari de explotación laboral y sexual de trabajadoras marroquíes en el campo de Cartagena que culminó con una pena de de cárcel de 45 años para el agresor.
“Queremos garantizar que la causa no se archive prematuramente, que se le tome declaración a Lilliam, y que se investigue no solo el fallecimiento de Denis, sino también la situación de trata para la explotación laboral en la que se encontraban ambos y que determinó la muerte de este y las lesiones graves que se le produjeron a ella” por la intoxicación por monóxido de carbono, apunta Castro en conversación telefónica con elDiario.es.
El abogado señala que ve “un fallo sistemático y estructural” en la protección a víctimas de trata y en la garantía de sus derechos en la Región. “Es decir, ni la Inspección de Trabajo ni las autoridades competentes están poniendo en el centro a las víctimas ni buscando investigar de forma estructural todos los entramados empresariales”.
Castro reconoce como “fundamental” el trabajo realizado desde el movimiento sindical y la sociedad civil para garantizar que “a falta de un Estado que implemente políticas públicas y que investigue, por lo menos que haya actores que están haciendo monitoreo y que litigan activamente en casos de graves violaciones de derechos humanos”.
CCOO ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia por vulneración flagrante de los derechos laborales fundamentales. El sindicato también considera que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de trata de seres humanos para la explotación laboral, homicidio, lesiones graves, así como contra la integridad moral.
Ayuda para la repatriación del cadáver
Desde el sindicato afirman que se pondrán en contacto con Delegación de Gobierno y la Fiscalía de la Región de Murcia para que “no se criminalice a esta familia” ya que les consta por informaciones publicadas en prensa que sus empleadores han afirmado que la pareja estaba ocupando la vivienda “de forma ilegal” y que no había ningún tipo de vinculación laboral, “cuando, evidentemente, eso no es así, porque incluso hay acopio de materiales de construcción”.
También quieren ayudar a Lilliam a repatriar el cadáver de su marido de vuelta a Nicaragua.
“Creemos que es fundamental que esto no se vuelva a repetir y que se le tiene que dar una respuesta, no solo a Lillliam. Quiero recordar que son padres de dos niños que, de alguna forma también son víctimas de esta situación”, ha planteado Romera. Consideran que “tiene que haber una reparación más allá de la muerte” del trabajador fallecido y que “por lo menos sus hijos y su mujer tengan una vida digna, se legalice su situación, obtenga un trabajo honesto y se pueda reunificar a la familia”.
Por otro lado, esta misma semana la Policía Nacional detuvo a seis varones como presuntos responsables de una empresa agrícola que operaba en tres fincas de Lorca, Mazarrón y Águilas, en las que se explotó a al menos 23 ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.
A los arrestados se les imputa la supuesta autoría de los delitos contra los derechos de los trabajadores y ciudadanos extranjeros así como de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a grupo criminal.