Dos de las familias de las víctimas del incendio en las discotecas Teatre y Fonda Milagros han pedido a través del letrado que les representa, José Manuel Muñoz, dirimir la responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia en una pieza separada, al existir “suficientes” indicios en las actuaciones del Consistorio “que necesariamente exigen una investigación”.
En un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia, el abogado destaca que “estamos ante una supuesta actuación corrupta que debe de ser objeto de investigación, puesto que la corrupción no solo produce beneficios para los que intervienen en ella, sino que, a veces también produce muertes de inocentes” y continúa: “Las consecuencias del dejar hacer las sufren muchas personas, a veces de forma difuminada y otras, de forma muy concreta como ha sido en este caso”.
El abogado considera que la sanción que pudiera derivarse del ámbito administrativo resulta “insuficiente”, puesto que los hechos “en atención al resultado acaecido son susceptibles de ser tipificados como delito”; por ello, “la acusación entiende que la prevaricación por omisión debe de ser investigada y debe abrirse una pieza separada para la investigación de la actuación de los miembros del Ayuntamiento de Murcia”.
El letrado José Manuel Muñoz recuerda que desde el 11 de octubre de 2022 existía una orden de clausura y cierre que no había sido ejecutada, “por lo que el local ha estado funcionando sin licencia e incumpliendo la orden de cierre, con el peligro que ello conlleva”. Además, concreta que la orden era de “cierre y precinto”, lo cual se ordena “cuando por el funcionamiento se puede producir un daño o existe un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas”.
En su escrito, el abogado afea que “los responsables municipales no han justificado la causa por la que no se ejecutó la orden de 11 de octubre de 2022”, y recuerda que solo dos días después de acordar la revisión de los expedientes del resto de locales de ocio nocturno, el Ayuntamiento ha procedido a ejecutar el cierre y precinto de 7 locales que también tenían la orden de cese de actividad sin ejecutar. Extremo que respalda -según el abogado- la idea de que “no estamos ante un caso aislado, sino ante una estructura municipal que no ejecutaba las órdenes de cierre”.
Por su parte, el letrado Pedro López Graña, representante de una decena de familiares de dos de las víctimas, ha relatado a este periódico que “hemos solicitado al Ayuntamiento copia de todos los expedientes de las discotecas; pero no nos han respondido y a raíz de unas informaciones que se hicieron públicas sobre una posible manipulación de expedientes, hemos vuelto a reclamarla”. Además, “hemos solicitado copia de las actas de todas las intervenciones de la Policía Local en fechas previas al incendio, con la finalidad de ver qué intervenciones había habido”. El letrado ha adelantado que a partir del lunes, “cuando tendremos toda la información tras levantarse el secreto de sumario”, se plantearán cómo definir la acusación.
Levantan el secreto de sumario
La titular del juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, por auto notificado este viernes, ha acordado levantar el secreto de las actuaciones que se incoaron por la presunta comisión de trece delitos de homicidio por imprudencia ocurridos con ocasión del incendio que tuvo lugar la madrugada del pasado 1 de octubre, en la zona de ocio nocturno Atalayas (Murcia).
En su día, recuerda la resolución, se decretó el secreto de las actuaciones para que la Unidad de Policía Judicial actuante “pudiera desarrollar acciones pertinentes en aras a investigar cual fue la causa del incendio en el que consta que fallecieron trece personas, así como los posibles responsables”.
Si bien, al principio el secreto de las actuaciones se acordó “para evitar obstaculizar la investigación”, explica la juez, “dada la complejidad del siniestro en que tuvieron lugar los referidos presuntos delitos”, actualmente, “no se estima justificado suficientemente la necesidad de prorrogar el secreto de las actuaciones”. Y ello, según se detalla en el auto, “habida cuenta, de que obra que policía ya ha recabado datos objetivos tras inspeccionar los inmuebles donde tuvo lugar el incendio, ha obtenido información sobre la identidad de las personas responsables de los locales, ha tomado declaración a diversos testigos, y solo penden diversas diligencias complementarias de naturaleza jurídica para que la Unidad policial actuante-Grupo de Homicidios pueda llegar a la conclusión de sus investigaciones”.