El fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha comparecido hoy para celebrar la apertura del año judicial y presentar algunos datos sobre la actividad de su negociado en 2023. El acto llega en medio de la polémica por el acuerdo alcanzado el pasado 11 de septiembre entre la Fiscalía y la defensa de siete empresarios juzgados por abuso sexual a menores captadas por una red de explotación sexual.
La dilación del proceso -el juicio se ha retrasado diez años- ha librado de la cárcel a los acusados en medio de un gran revuelo social, que convocó a centenares de manifestantes hace cinco días a las puertas del Palacio de Justicia de Murcia para criticar el pacto alcanzado en una sentencia que algunos colectivos calificaron de “machista” al dejar impune el abuso a menores.
“Es inaceptable que una víctima de un delito lleve media vida sufriendo abusos, y otra media reviviéndolos ante los profesionales de la justicia, para muy posteriormente encontrarse con una sentencia que pueda parecer que juega a favor de sus agresores, lo que tristemente puede transformar lo que debe ser un sistema proteccionista, en una victimización vitalicia”, ha lamentado el fiscal.
En este sentido, Manzanera ha subrayado que hay que huir de la idea de “impunidad”: “Hay que huir tajantemente de posiciones de comodidad y complacencia, debiendo actuar con el mayor rigor profesional velando por los derechos de todos los intervinientes, y evitando prácticas dilatorias que buscan solo la aplicación de concretas atenuantes”.
“Penas ridículas”
El Fiscal se ha mostrado tajante en su discurso, llegando a decir que “no podemos resignarnos a que todos los procedimientos mínimamente complejos estén condenados a alargarse en el tiempo finalizando con penas ridículas”. “Es injusta esa situación de retraso tanto para los investigados como para las víctimas”, ha abundado Manzanera, que ha señalado que es “injusto” justificar con la tardanza “un escaso reproche judicial”.
En el caso de la red de explotación a menores se aplicó el atenuante de dilación indebida muy cualificada, lo que hizo que penas que en principio oscilaban entre los 24 a 56 años de cárcel acabasen siendo de cinco meses a dos años. Para Manzanera el transcurso del tiempo no puede comportar la extinción, “ni siquiera en parte, de la culpabilidad, salvo que se dé la prescripción del delito. Ni las deficiencias organizativas ni el exceso de trabajo pueden justificar, frente al perjudicado o víctima, una dilación indebida”.
Falta de medios
Al mismo tiempo, Manzanera ha denunciado “una permanente falta de medios personales” en el órgano de justicia. Recordemos que de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, el tiempo medio de duración de procedimientos en la Audiencia Provincial de Murcia es de 5,7 meses, cuando la media nacional es de 2,8.
El enorme volumen de trabajo, explica el Fiscal, “conlleva el uso a diario de los pactos de conformidad”. Manzanera ha aclarado que, aunque estos pactos se ajustan al derecho y en ocasiones son “necesarios porque agilizan la justicia”, no basta con que “sea legal, sino que además, debe ser justo”.
Manzanera ha hecho una serie de recomendaciones sobre la aplicación de los acuerdos, como limitarlos en los delitos más graves y, como en el caso de las menores explotadas, “si hay víctimas desvalidas, menores y discapacitados, los cuales tienen que convivir con un largo proceso judicial”. Para que se limitasen los pactos, el fiscal recuerda que sería necesaria “una reforma legal”: “Se hace necesaria una reforma de la ley 4/15, de 27 de abril, que regula el estatuto de la víctima del delito, para que proteja mejor a los más vulnerables, que limite en estos casos las conformidades y rebajas de penas, y que obligue a dar audiencia a las víctimas”. La Fiscalía General del Estado está preparando una circular sobre las víctimas “que seguro que ayudará a un mejor tratamiento de este tema”
Fuentes de la defensa del caso de las niñas traficadas en una red de menores han sostenido a este diario que “cuando se llega a un acuerdo con la fiscal se llega a un acuerdo en todos los términos, incluidos la suspensión”.
El fiscal ha querido aprovechar su discurso para recordar que las suspensiones de la pena recaen en el juez, con independencia del acuerdo que tenga lugar entre Fiscalía y defensa: “Una cosa es la conformidad, la cual debe tramitarla únicamente el fiscal con los abogados, con la única intervención judicial posterior de control de su legalidad, y otra la suspensión de la pena, cuya decisión final es discrecional del juez”.
La Fiscalía con más carga de trabajo de España
El Fiscal ha desglosado las carencias del sistema judicial murciano, destacando que de las 77 Fiscalías nacionales, la de Murcia es la primera en carga de trabajo, mientras que es la décima en número proporcional de fiscales. A su vez, es la Fiscalía con mayor ratio fiscal-población: “A la fecha de hoy somos 69 Fiscales y nueve refuerzos, en total 78, que deben ser consolidados con el pertinente aumento de plantilla, estando cerca de los 80 Fiscales que me propuse al comienzo de mi jefatura, cuando éramos 61”.
En total faltan al menos 11 fiscales de plantilla para equiparar a la Región a la media nacional. En materia de paridad, Manzanera celebra que las mujeres ocupan “el 65 % de las plazas”.
En cuanto a funcionariado, la Comunidad se posiciona como “la peor dotada de España”, con una ratio funcionario-fiscal 0,45, cuando hay fiscalías que tienen una “ratio” de 1 Funcionario por fiscal.
La Región también tiene carencias materiales. Manzanera ha alertado de la necesidad de finalizar no solo el ya iniciado Palacio de Justicia de Lorca, sino también iniciar el de Molina de Segura, y la necesaria Ciudad de la Justicia en Cartagena, así como la mejora de instalaciones de la capital: “Hay que seguir avanzando en los medios tecnológicos, y la necesidad de la reforma procesal dando la instrucción de las causas penales a la Fiscalía, para así intentar que las respuestas judiciales a los problemas de los ciudadanos en todos los ámbitos jurisdiccionales no sigan siendo, como hasta ahora, de una inaceptable tardanza”.
Descenso de criminalidad
A lo largo del pasado año judicial la Fiscalía ha observado, a rasgos generales, un leve descenso en delitos contra la integridad física, contra la libertad, libertad sexual, delitos contra el patrimonio, salud pública y contra el orden público. Sí que ha tenido lugar un aumento de incoaciones -aperturas- en delitos contra la Administración Pública, sobre todo en prevaricación y malversación: “Hay que reiterar que la vía penal es muy restrictiva, siendo rechazable la politización de la justicia y la judicialización de la política”, ha subrayado Manzanera.
En delitos de trata de seres humanos constan 20 causas registradas, con 32 víctimas. “Básicamente estamos ante falsas promesas de trabajo obligando a ejercer la prostitución, viviendo en condiciones infrahumanas. Sigue siendo la 'esclavitud' del siglo XXI, y la Fiscalía está haciendo un esfuerzo en coordinarse con las fuerzas policiales, y con todas las instituciones competentes”, ha asegurado Manzanera.
Preocupa el aumento en los delitos contra la libertad sexual entre menores: se han tramitado 87 expedientes por agresión sexual frente a los 52 del año anterior. En total, abunda el Fiscal, el año pasado llegaron a los tribunales murcianos 142 casos de agresiones sexuales contra menores de 16 años, casi el doble que en 2022, y siete fueron violaciones.
De 2023 constan un total de 8.514 procedimientos de violencia contra la mujer. De ellos solo en 80 se han aplicado medidas cautelares de prisión provisional. Solo hay un total de 190 pulseras activas de protección, que aunque cuadriplican las del año anterior, el Fiscal ha reconocido que “sigue el problema de su implantación en algunas poblaciones donde existe escasa cobertura de señal”.
En materia laboral bajan los homicidios imprudentes de nueve a seis, y se mantienen las lesiones con 896, con nueve sentencias de las que cinco son condenatorias. El fiscal ha destacado “la coordinación de la Fiscalía con Inspección de Trabajo y con Poder Judicial para perseguir la explotación laboral de extranjeros”.
Manzanera ha recordado que permanece abierto el procedimiento judicial de contaminación del Mar Menor: “Estamos a la espera que la Audiencia Provincial fije fecha para el juicio oral”, ha señalado. A su vez, hay 34 causas abiertas por la misma razón en los juzgados de Cartagena y San Javier, con diete escritos de acusación del Fiscal, “habiéndose obtenido esta semana la primera condena en Cartagena”, celebra el Fiscal. En este caso, un agricultor ha acordado con la Fiscalía un año de prisión y el pago de 17.000 euros por el derrame de nitratos a la laguna salada de una desaladora ilegal.
“Fiscal Contigo”
El Fiscal ha terminado su discurso anunciando una nueva campaña de apertura de la Fiscalía a la sociedad murciana con el proyecto “Fiscal Contigo”. En ella se explica en los centros de enseñanza qué es un fiscal y cuál es su labor. La iniciativa se inició en diciembre de 2020, y que es única en España. En total, el curso pasado han participado 196 centros, y 15.719 asistentes. Este año comienza su 5ª edición.
“Acabo ya mi intervención dando, en nombre de la Fiscalía, mi más sincera enhorabuena a todos los que esta mañana van a ser reconocidos en su labor dentro de la Justicia en esta región, distinciones seguro que merecidas”, ha felicitado.