El profesor Diego Reina, primer objetor público al veto parental en Murcia, abrió el melón de los insumisos este lunes al dar el paso y programar una actividad complementaria en su instituto sin la autorización expresa de los padres de sus alumnos. Su acto de valentía ha tenido consecuencias en la comunidad educativa y en algunos centros educativos de la Región otros docentes se han declarado objetores, mientras que algunos padres han escrito a la dirección de los centros educativos de sus hijos para autorizar las actividades complementarias sin autorización previa y mostrar su confianza ante el personal docente.
El profesor de Primaria Antonio Rubio se declaró insumiso a principios de curso, tal y como consta en el acta del claustro que celebró el colegio Juan XXIII de Murcia del pasado 23 de septiembre. Un acta en la que se decidió expresar formalmente a la Consejería de Educación el malestar del profesorado con las instrucciones de principios de curso y en la que se decidió no programar ninguna actividad complementaria como medida de protesta.
Rubio, jubilado hace un mes, contó a eldiario.es Región de Murcia que “hubo un debate en el que consideré que las instrucciones eran ilegales e inconstitucionales; ilegales porque van en contra de la ley orgánica y de los decretos de currículo de la propia Consejería de Educación”. Unas instrucciones nunca pueden ir en contra de una norma de rango superior, recuerda. “Por eso me declaré insumiso a esa normativa; no pensaba pedir la autorización a los padres para actividades publicadas en la Programación General Anual (PGA)”.
No fue el único en mostrar en ese claustro su oposición radical a las instrucciones, hubo otros compañeros en contra “de someter a autorización nuestra labor docente; las actividades complementarias son obligatorias y nunca han necesitado permiso salvo que se desarrollen fuera del centro escolar y conlleven un coste económico”.
El claustro decidió en ese momento, y hasta que no se resolviesen los recursos presentados contra las instrucciones, “que no íbamos a desarrollar actividades complementarias, se dejaban en suspenso”, explicó Rubio. Por ejemplo, en el primer trimestre había una actividad de la Policía Local de Murcia a través del Ayuntamiento que se programa para los alumnos de quinto de Primaria dentro del área de Ciencias Sociales. “Tiene dos partes: La primera se desarrolla en los colegios, vienen los agentes e imparten unas charlas sobre normativa básica de interpretación de señales, y la en la segunda se sale al Parque Infantil de Tráfico para poner en práctica lo aprendido y hacen un recorrido con karts y bicicletas”. Solo se hizo la segunda parte, “porque siguiendo las instrucciones hubiéramos tenido que pedir permiso y no lo hicimos como medida de protesta y presión; lo que se está cuestionando en nuestra labor docente”.
Rubio no se considera un precursor de “esta batalla” y argumenta que solo ha hecho “lo que llevo haciendo toda mi vida; defender la escuela publica y sus valores y en este sentido, las instrucciones son un atentado a los principios de la enseñanza pública”.
Y se plantea “a cuento de qué vienen las instrucciones a dar solución a un problema inexistente”, si en la Región hay 250.000 alumnos en la enseñanza obligatoria y ni una sola queja ni una demanda social.
Suspendido el encuentro con Celaá
La consejera de Educación murciana, Esperanza Moreno, ha pospuesto la reunión que estaba prevista este viernes con la ministra del ramo, Isabel Celaá, y ha informado de que no paralizarán las instrucciones de principios de curso en las que se requiere la autorización paterna para asistir a actividades complementarias en los centros educativos de la Región. Una decisión que han tomado respaldados por sus servicios jurídicos, según unas declaraciones que han hecho a Europa Press, y a las que han remitido a este medio declinando hacer valoraciones.
La ministra Celaá dio este pasado 17 de enero un plazo de un mes a la consejera murciana para paralizar las instrucciones, que se cumple este lunes. En caso de que el Ministerio decida acudir al TSJ para reclamar la suspensión cautelar de la misma “se acatará la decisión del órgano judicial”, según la Consejería, que sigue recabando toda la información técnica y jurídica para esta reunión, para la que se fijará una nueva fecha.