La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de la Región de Murcia Juan González (FAPA-RM) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el modelo semipresencial en todas las etapas educativas por el que ha optado el Gobierno murciano para afrontar la COVID-19. Un modelo que “vulnera el derecho universal a la educación y a la equidad, regulados en la Constitución”, explica a elDiario.es Región de Murcia Clara Sáenz de Tejada, portavoz de la FAPA Juan González. La escuela funciona como un lugar de compensación de desigualdades “y se resta oportunidades a los niños”, se queja al otro lado del teléfono Sáenz de Tejeda, quien remarca que Murcia es la única Comunidad donde se está aplicando la semipresencialidad también en Infantil y Primaria. La Federación representa a 450 Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) de los poco más de 600 colegios públicos que se pueden encontrar en la comunidad murciana, casi un 75 por ciento.
En el resto de España solo se compagina con la teleformación en Secundaria y Bachillerato, “pero en 2º de Bachillerato no se ha aplicado en todas las Comunidades porque tienen la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU,) y se ha hecho un esfuerzo para que reciban el cien por cien del currículo; los alumnos de Murcia tendrán una desventaja importante y una reducción de contenidos respecto a los demás chicos de 18 años de otras regiones porque no pueden seguir el mismo ritmo”.
Desde la FAPA Juan González confían en que el contencioso llegue a buen puerto. “Hemos intentado solucionar este problema por otras vías, pero al final vimos que la única salida era llevarlo a la Justicia”. Uno de sus argumentos está basado en el informe presentado hace unas semanas por la Abogacía del Estado a raíz de una petición del Ministerio Educación, para resolver sobre el derecho de las familias –atendiendo a criterios de seguridad- de disponer de una opción a la formación virtual para no llevar a los niños al colegio.
Sáenz de Tejeda señala que a aquellos alumnos con patologías de riesgo o que convivan en domicilios con familiares enfermos, se les permite quedarse en casa y seguir las clases desde allí “con un informe médico”, sin que se les abra expediente. Pero a los padres sin patologías que deciden no llevar a sus hijos al colegio no se les dispensa de la asistencia obligatoria. “Esto es lo que pasa cuando la decisión es de los padres, ¿Entonces, cuando el que decide si van o no van los niños a la escuela es la administración, qué pasa?”.
Para esta portavoz uno de los principales problemas que se está generando con la semipresencialidad es la falta de igualdad de criterios entre distintas escuelas e incluso dentro de los mismos colegios, entre cursos. “Algunos docentes, de forma totalmente lícita, se están acogiendo al derecho de no ser grabados y podría generarse crispación”. O escuelas donde se está dando cobertura en espacios compartidos a los niños el día que tienen que quedarse en casa, “hasta que la inspección se entera y se lo prohíbe a pesar de contar con personal y aulas disponibles; es una especie de café para todos”.
Pero no es el único problema. “Así se está favoreciendo también la precarización porque no todas las familias tienen los medios para ayudar a sus hijos en la formación virtual”. Se refiere a los medios telemáticos pero también a que “a veces los dos padres trabajan y no pueden conciliar, pero aun estando uno de los dos progenitores en casa no siempre es fácil el acompañamiento; puede suceder que los padres no tengan la formación para ayudar a sus hijos y hay familias extranjeras que no dominan el idioma, que los hijos han nacido aquí pero ellos no tienen las herramientas idiomáticas o lo hablan pero no saben leer”.
La FAPA Juan González pide más inversiones. “El punto de partida es erróneo, hay que invertir en más espacios y más profesores, estamos en una situación extraordinaria”, reclama Clara García, quien recuerda que además en Murcia hay un tercio de la población que está en riesgo de exclusión social.
La Consejería de Educación de Murcia, a la que va dirigido el contencioso administrativo, ha rechazado hacer declaraciones a este medio.