El Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo -TJUE- ha dado un nuevo revés a la ley 1/2013, con la que, según argumenta la Coordinadora de PAH's de la Región de Murcia, “el PP eliminó las propuestas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular que la Plataforma de Afectados por las Hipotecas presentó, avaladas con un millón y medio de firmas”. En concreto, el auto del TJUE se refiere a la cláusula relativa a los intereses de demora que contienen las hipotecas españolas, y que en lugar de ser suprimida por la mencionada ley, fue limitada hasta un máximo de tres veces el interés legal.
“El PP, consciente de que la totalidad de las hipotecas en España contienen cifras en los intereses de demora que no cabe sino considerar abusivas, introdujo en la disposición transitoria segunda de la ley una limitación de tales intereses, al triple del interés legal, obligando a los jueces a recalcular en cada procedimiento la cuantía de los intereses de demora”, explica la Coordinadora.
Y prosigue: “Ahora el TJUE ha dictado un auto, frente a una cuestión prejudicial promovida por un juzgado de Santander, que establece que en los contratos celebrados entre profesionales y particulares, y ante cláusulas abusivas, los jueces no tienen facultad para recalcular tales cláusulas, sino que simplemente están obligados a suprimirlas y no tenerlas en consideración, como si no existieran en el contrato”.
Las PAH's murcianas han interpretado los hechos afirmando que “el PP, en su permanente política de protección a los bancos y sanción a la ciudadanía, ha provocado perjuicio a las decenas de miles de personas que en su ejecución hipotecaria les ha quedado deuda con el banco, ya que ésta se ha visto incrementada injustamente con la cláusula de abusiva del interés legal recalculado por los jueces”.
Por todo ello, las Plataformas de Afectados por las Hipotecas exigen la revisión de oficio de las ejecuciones concluidas con deuda a favor del banco “para la eliminación de la parte que corresponda los intereses de demora”, a la vez que llaman a las personas afectadas a solicitar dicha revisión.
“Igualmente reiteramos nuestra exigencia a los poderes públicos para que sean inmediatamente de aplicación todas las medidas de protección al Derecho a vivienda contenidas en los tratados internacionales suscritos por España, y que constituyen legislación aplicable en nuestro país”, han concluido.