“Ante cada caso positivo la inspección de la Consejería de Política Social abre diligencias informativas, pero le hemos pedido que trabaje con más detalles aquellas residencias donde los brotes han sido más numerosos”, señala a este periódico Isabel Franco, vicepresidenta y consejera de Mujer, Familia, LGTBI y Política Social de la Región de Murcia. La finalidad de esta investigación es comprobar si se han cumplido los protocolos de actuación establecidos antes del verano ya que residencias como la de Ballesol, un centro privado con 30 plazas concertadas en la urbanización molinense de Altorreal, ha llegado a contar con más de 80 ancianos positivos, 11 de ellos fallecidos; y otras como la Residencia Club de Campos del Río y la de Santa Isabel, ubicada en Villanueva del Río Segura, han sobrepasado el medio centenar de ancianos contagiados.
Durante la primera ola de COVID en la Región se registró el fallecimiento de 66 ancianos en residencias, mientras que en esta segunda ola se han producido 60 decesos en los geriátricos, según informó el lunes por la mañana en rueda de prensa el portavoz técnico del Comité de Seguimiento de la COVID en la Región, Jaime Pérez; a pesar de que se quería evitar a toda costa que el virus entrara en estos espacios por la mortandad que ocasiona. Sólo durante el pasado fin de semana se han registrado una veintena de fallecimientos por la COVID-19 en estos centros.
Además, según fuentes oficiales, de las once residencias afectadas en la actualidad en la Región una es pública y las otras diez son concertadas. En total, cuentan con 271 residentes y 70 trabajadores contagiados por coronavirus. Ante estas cifras, Política Social ha ordenado que los trabajadores de los geriátricos se sometan a dos PCR semanales para evitar nuevos contagios. Esta medida se sumaría a la realización de PCR cada quince días tanto a residentes como a trabajadores.
Además de los cuatro millones de gastos realizados en contratos extraordinarios, sobre todo para aumentar las plantillas de las residencias privadas, las asociaciones de residencias de mayores (Adermur, Arsalu y Lares) reclaman a Política Social más apoyo económico. “Estamos centrados en el plan de rescate de las residencias; ultimando la ayuda económica que les vamos a conceder para sufragar los gastos añadidos que les está causando la COVID”, dijo Franco a este diario.
“Pocos trabajadores y mal pagados” en las residencias de ancianos
“Con el COVID se ha visto lo mal que están tratados nuestros mayores”, señaló Javier Lanza, secretario de la Federación de Sanidad de CCOO de la Región. “La pretensión debe de ser que sean las administraciones públicas las que lleven las residencias de mayores o si hay concierto que aporten el dinero suficiente”, añadió. Lanza considera que los problemas principales de los geriátricos es que “tienen muy poco personal contratado y con un salario bajísimo con respecto a lo que se gana en la administración pública. En cuanto puede se va a la sanidad pública porque estamos hablando de que ganan la mitad”, añade.
“La situación es un desastre”, apunta el sindicalista quien cuenta que los trabajadores del Servicio Murciano de Salud que han ido a trabajar a las residencias privadas y concertadas a raíz de estos brotes denuncian escasez en los EPI y la falta de guantes y mascarillas apropiadas en estos centros.
Lanza también señala que el objetivo de las residencias privadas es “ganar dinero”, al tiempo que muchas de ellas son “multinacionales”. Sobre las concertadas considera que “también quieren ganar dinero, aunque también es verdad que la administración pública tampoco aporta lo que tiene que aportar”. “Es bastante incompatible gestionar una empresa para ganar dinero y a la vez tengan una atención digna los que están allí”, considera.
“Tenemos muy claro que hay que abordar el nuevo modelo de residencia, pero mientras hablamos de vidas humanas no podemos desviar ni un solo minuto de nuestra atención a valorar nuestra cuestión”, dijo al respecto Franco.