Ambos están acusados de un supuesto delito de cohecho y prevaricación, que según la cifra aportada por el fiscal Juan Pablo Lozano, habría ocasionado un perjuicio de 18 millones de euros a las arcas públicas a consecuencia del Convenio Nueva Condomina, al fijar a la baja el precio de los terrenos que el ayuntamiento cedió a Samper para el desarrollo de su proyecto en Nueva Condomina y la construcción del nuevo estadio de fútbol.
Los recursos de la defensa del empresario han sido sistemáticos a las sucesivas ampliaciones del Secreto dictadas por el juez, pero llama la atención una de las argumentaciones esgrimidas en este último recurso en la que se habla de la existencia de un documento, que sería el desencadenante de las investigaciones abiertas al alcalde de Murcia.