La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado al sacerdote A.L.Z. a siete años y nueve meses de prisión por abusos sexuales a un menor. El párroco fue denunciado y apartado de sus funciones en 2019 por la Diócesis de Cartagena, cuando estaba destinado en la Iglesia de San Juan Bautista de Yecla y, al mismo tiempo, era el capellán del Hospital Virgen del Castillo del mismo municipio.
Desde el Obispado de Cartagena han reafirmado su “enérgica repulsa” ante los hechos “que la resolución judicial atribuye a este sacerdote contra la víctima, con el agravante de que era un menor de edad”. Comunican que mantienen la suspensión del ejercicio de la actividad religiosa “mientras que no termine el proceso penal canónico que está en curso”.
De acuerdo con el diario La Opinión, sobre este cura pesaban dos denuncias por abuso sexual y una por agresión sexual. En los abusos, las víctimas manifestaron haber sufrido tocamientos por parte de este sacerdote. La Fiscalía pedía cinco años de prisión en el primer caso y dos penas de cuatro y seis años en el segundo. En cuanto a la agresión sexual, que incluye un intento de penetración al menor, la Fiscalía solicitaba 12 años de prisión.
El Obispo en funciones de aquella época, Lorca Planes, manifestó que “en comunión con el Papa Francisco la Diócesis de Cartagena seguirá adoptando las medidas necesarias para atender estas denuncias” e hizo alusión a la “tolerancia cero” ante este tipo de comportamientos.
Se investiga otro caso en Cartagena
En abril del año pasado, un menor denunció a otro párroco, esta vez de la iglesia de San Antonio Abad de Cartagena. El Obispado de Cartagena afirmó que el titular de la diócesis recibió el 24 de marzo de ese año la denuncia de un menor contra el citado sacerdote y, tras estudiarla, ordenó cinco días después al responsable diocesano de protección del menor que comunicara los hechos al Ministerio Fiscal.
“Desde el primer momento en que el obispo tuvo conocimiento de la denuncia, la Delegación para la protección del menor y de los adultos vulnerables de la Diócesis puso en marcha todos sus protocolos para atender tanto a la persona menor de edad denunciante, como al sacerdote denunciado”, afirmó el Obispado de Cartagena en un comunicado, en el que añadió que, sin menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, el párroco también había sido apartado temporalmente del ejercicio pastoral.
El obispado ha aclarado, tras la sentencia de A.L.Z. que, al margen de la investigación canónica abierta en el seno de la Diócesis, siempre se actuará “ante estos delitos execrables de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley de Protección Jurídica al Menor y de acuerdo con la política de cooperación con la jurisdicción estatal exigida por los papas Benedicto XVI y Francisco a toda la Iglesia universal”.