El miércoles 26 de octubre todos los padres, madres y profesores de España estamos convocados a una huelga contra la LOMCE, contra las Reválidas y contra los recortes en educación. Voy a explicar por qué es importante esta huelga, y por qué creo que la respuesta debe ser masiva.
En primer lugar, porque la LOMCE es una ley sin ningún apoyo, que aprobó el Partido Popular con la oposición de todos los grupos parlamentarios y que, además, está puesta continuamente en duda porque, de nuevo, todos los grupos parlamentarios, van a llevar una Proposición No de Ley para paralizarla en cuanto se forme gobierno y vuelva la actividad normal al Congreso.
El PP intentó paralizar esa propuesta, pero la mesa del Congreso desestimó el veto Popular, por lo que esta llegará al Congreso y, una vez más, el PP se quedará solo defendiendo una ley que fomenta la competitividad entre alumnos, entre centros educativos, que fomenta la segregación, que atenta contra el carácter igualitario de la educación pública como generador de inclusión social y garante de la igualdad de oportunidades. No voy a extenderme más sobre la LOMCE en sí, pues mucho se ha hablado, y mucho quedaría por hablar, pero la urgencia de esta huelga requiere una respuesta inmediata que excede este tema.
Esto nos lleva a la cuestión de las Reválidas, último aspecto de la LOMCE que queda por aplicar. El Gobierno (en funciones, amparaÌndose en una espuria “urgencia”) aprobó, el 30 de julio, in extemis, un Real Decreto que imponía las Reválidas para este curso lectivo.
Las Reválidas suponen el final de la educación tal y como la conocemos, y son un grave perjuicio para padres, profesores y, sobre todo, para los alumnos. El sistema de Reválidas hace que los alumnos deban realizar un examen único y centralizado tras aprobar 4º de ESO y otro tras aprobar 2º de Bachillerato. En ambos casos, la obtención del título dependerá de un solo examen. El perjuicio para los alumnos es obvio, pues hemos de recordar que, para llegar a aprobar 4º de ESO, el número de exámenes parciales, trimestrales y finales que ha de aprobar un alumno, desde Primero de Primaria, es casi incalculable.
Lo mismo podemos decir con la reválida de Bachillerato, imprescindible para obtener el título y, además, determinante para el acceso a la Universidad. Las Reválidas olvidan todas esas pruebas que el alumno ya ha superado, las considera “sospechosas” y, de rebote, pone también bajo sospecha el trabajo y el juicio de los docentes (que, no lo olvidemos, son los que conocen a esos alumnos, los que los han visto pasar por todas esas pruebas, y tienen muchos maÌs elementos de juicio que una prueba uÌnica, llena de nervios e incertidumbre).
Se da, además, la paradoja de que, si alumno aprueba en su instituto 4º de ESO o 2º de Bachillerato y suspende la Reválida, se queda en un “limbo”: no puede volver al instituto (pues ya tiene aprobadas las materias), pero no tiene el título, por lo que deberá prepararse la siguiente Reválida por su cuenta. Un auténtico disparate.
Pero no termina aquí la cosa. Alguien puede estar a favor de este disparate, que hay gente para todo. Pero es que la aplicación, en Murcia, de estas reválidas es un caos que está provocando un estrés inimaginable a alumnos y profesores. Y todo por la improvisación y el desprecio que el Ministerio ha demostrado hacia todos nosotros: decidió que era urgente aprobar el Real Decreto que instauraba las Reválidas el 30 de julio pero, al mismo tiempo, decidió que mandaría una propuesta a las Comunidades Autónomas sobre cómo será esa Reválida, atención, ¡el 30 de noviembre! Es decir, que llevamos más de un mes de clase, sin saber cómo va a ser esa prueba crucial para el acceso a la Universidad de nuestros alumnos.
Se ha pedido a la Consejera que, como en otras Comunidades Autónomas, se hiciera una prórroga de la PAU, para poder trabajar con garantías desde el primer día de clase, pero la Consejera (reprobada en la Asamblea por todos los grupos políticos salvo el PP) ha decidido que no, que esperará a que llegue esa propuesta de Madrid, y que ya entonces se pondrán a trabajar para elaborar un modelo para Murcia. Eso significa que nos iremos probablemente a enero, con casi la mitad del curso trabajando a ciegas en cuestiones cruciales, a la hora de preparar a nuestros alumnos para esa prueba.
Podría seguir enumerando casos del caos que está suponiendo la implantación de la LOMCE (un solo ejemplo: alumnos que tenían pendiente una materia que ha desaparecido con esta ley, de repente pasan a tener suspensa otra, que no tiene nada que ver) pero eso nos llevaría demasiado tiempo y espacio.
Por último, no puedo dejar de mencionar los recortes, que continúan, pese a los pomposos anuncios de “recuperación económica”. Así, en Murcia, seguimos bajo el imperio de una “Ley de Medidas Extraordinarias” que dura, atención, ya cinco años. Es decir, que no tienen ya nada de extraordinarias, y que suponen atentados contra la educación como los siguientes. Las bajas de los profesores no pueden cubrirse durante los primeros diez días lectivos de dicha baja: es decir, que durante dos semanas, los alumnos se quedan, por ejemplo, sin clase de Matemáticas o de Lengua, si su profesor cae enfermo. Y eso por ley. Prohibido mandar sustitutos. Calidad Educativa, lo llaman, a eso.
Más recortes “extraordinarios”: obligar a los profesores a trabajar más horas de las “oficiales”, lo que repercute, inevitablemente, en la peor atención a los alumnos. Más recortes: aumento de la ratio. Clases con más de cuarenta alumnos en Bachillerato, con más de treinta en la ESO: imposible atención individualizada a los alumnos con necesidades educativas especiales, hacinamiento en las aulas, pues muchas de ellas fueron construidas para el modelo LOGSE, con una ratio mucho más baja, que rara vez superaba los 25 alumnos, y que ahora se quedan pequeñas para el desastre que se nos está viniendo encima.
Y qué decir del chiste que supone ver cómo se nos pide a los profesores el uso en el aula de las “Nuevas Tecnologías”, cuando no hay dinero para comprar o mantener nuestros vetustos ordenadores, cuando los hay. Claro, que cuando hay que concertar centros privados, como el NELVA o el Monteagudo o el AYS, la Consejería se gasta la mitad de todo el presupuesto anual en ello, porque era muy necesario.
Podría seguir eternamente, pero creo que cualquier padre, madre, alumno o docente que esté leyendo esto tendrá bien claro ya cuál debería ser su postura ante la huelga del 26 de octubre.
Estamos siendo insultados, continuamente. Aunque solo sea por dignidad, deberíamos salir todos a la calle a demostrar nuestro rechazo y nuestra defensa de la educación pública.
*Diego Sánchez Aguilar es miembro de la Asamblea de Docentes de Cartagena y Comarca