El Tribunal Supremo ha rebajado este miércoles las condenas que la Audiencia Nacional impuso a los ocho jóvenes acusados de agredir a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) el 15 de octubre de 2016. El Supremo mantiene las condenas por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y/o amenazas, aunque ha estimado parcialmente los recursos de las defensas y ha suprimido los agravantes de discriminación en su actuación y de abuso de superioridad en el caso de delito de atentado.
No obstante, el agravante por abuso de superioridad se mantiene en las acusaciones por delito de lesiones. Por otra parte, también ha anulado a dos de los acusados las condenas por delito de lesiones al estimar la Sala que no hay pruebas de cargo. En definitiva, las penas se han reducido de entre los dos y los trece años de prisión, al año y medio y los nueve años y medio de prisión. Las condenas son firmes.
La plataforma Altsasu Gurasoak ha detallado cómo quedan las condenas de los jóvenes implicados:
Bel Pozueta, madre de uno de los condenatos y cabeza de lista de EH Bildu por Navarra al Congreso, ha asegurado que están apesadumbrados: “Estamos abatidos, con una tristeza increíble. Siempre nos ha movido la esperanza. Hay tanta gente en tantos sitios tan diferentes que creen que esto es una barbaridad, que pensábamos que el Tribunal Supremo podría frenar esto, pero lo único que hace es ahondar, poner un maquillaje a una injusticia”. Pozueta ha insistido en que “se mantiene la injusticia en letras mayúsculas. Esto es una barbaridad: una barbaridad jurídica, una barbaridad social”.
A pesar de que los abogados de los condenados todavía están analizando la sentencia, Pozueta ha reconocido que “se prevé el recurso al Tribunal Constitucional”. Ha asegurado que el siguiente paso que van a dar es “apelar a la solidaridad y a la movilización”, y aseguran que, si es preciso, llegarán al Tribunal de Derechos Humanos de la UE: “Europa es un horizonte donde llegaremos, pero un horizonte donde la injusticia ya será concretada porque pasarán años y nuestros hijos habrán pasado ya los años de condena en la cárcel”. Asimismo, Bel Pozueta ha hecho referencia a las excesivas multas económicas que ha fijado el Tribunal Supremo: “Son una barbaridad. Parece que alguien ha querido sacar beneficio económico de esta historia”.
Sentencia
La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados, que consideran que debió mantenerse la agravante de discriminación. Los jueces Vicente Magro y Antonio del Moral defienden que “sí debió aplicarse la agravante de discriminación, al considerar que los actos excluyentes a las personas que representan instituciones del Estado son actos de discriminación por una cuestión de ideología contra lo que representa el Estado”. Los magistrados han señalado que “el hecho probado sí hace mención a la animadversión por la presencia de las víctimas en la localidad y por su pertenencia a la Guardia Civil”.
Sin embargo, los otros tres magistrados, aunque reconocen que “los hechos probados son execrables y reflejan una motivación abyecta” porque la agresión “se produjo al constatar que las víctimas eran miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, sostienen que “no se describe una situación de discriminación”. La resolución considera, por tanto, que no cabe aplicar este agravante porque las víctimas no pertenecen a un colectivo con “unas situaciones objetivas de vulnerabilidad”.