Apuntes a la ley del ‘Solo sí es sí’

En la mentalidad conservadora hay Dios castigador que todo lo ve, y sólo Él puede redimir de los pecados (léase delitos) mediante su piedad. Por supuesto que en este esquema el castigo es el centro de todo el sistema. A la expiación de los pecados se llega por el sufrimiento, cuanto más intenso mejor. Frente a esta concepción, sobre todo a partir de la ilustración se abre paso el concepto de que, de cara a evitar delitos, lo más importante no es la retribución por el mal causado, sino la certeza de las penas, es decir, que el potencial infractor sepa que va a ser perseguido y castigado con seguridad. El castigo en sí pierde la ejemplaridad y el impacto de anteriores tiempos. Además, la ley penal se aplica por igual, sin privilegios de clase o condición. 

En la actualidad estas consideraciones siguen vigentes en tanto en cuanto desde los sectores conservadores de la sociedad se asocia la protección de la víctima con la dureza de las penas, su infinitud y el endurecimiento de las condiciones del castigo. Los  sectores más progresistas, en cambio, tienden a cifrar esa protección en otros factores: una investigación pronta y eficaz del hecho victimizante, que impida su impunidad; que el sistema penal sea capaz de poner a la víctima en el centro, de manera que pase de ser considerada un mero testigo en el proceso, a ser escuchada con empatía y ver atendidas sus necesidades de forma integral; y una lucha efectiva contra la reincidencia, por medio de programas de reinserción amplios y comunitarios financiados por el Estado que reduzcan el riesgo de reincidencia y los efectos más inhumanos del encierro prolongado.

Como es obvio, esto último resulta molesto a las corrientes más neoliberales, para las cuales cualquier gasto público social es superfluo y que, por supuesto, apuestan por la seguridad para quien pueda pagársela. Por eso, estos sectores siempre defienden que la mejor protección de las víctimas es meter al infractor en la cárcel y tirar la llave. Y además argumentan, en contra de todas las evidencias criminológicas, que a mayor dureza de las penas, menos delitos y menos reincidencia. El caso extremo de esta irracional forma de pensar es la férrea defensa de la pena de muerte en países como Estados Unidos, donde efectivamente se acaba con la posibilidad de reincidencia mediante el expeditivo método de acabar con el posible reincidente. 

La eficacia es nula en términos de prevención, pero ello no impide el éxito de esta suerte de punitivismo mágico por el que abogan los think tanks conservadores y que se expresa en la “tolerancia 0”, tan querida en los discursos políticos de todos los partidos. Su formulación es aparentemente sencilla: no vamos a dejar pasar ni una, porque cuando dejamos pasar una, crece la sensación de impunidad y entonces se nos va la sociedad de las manos. Evidentemente, esto acaba con una saturación del sistema penal, cuyos recursos nos son infinitos, en forma de juicios rápidos y sumarísimos para infracciones leves de ilegalidades populares, mientras qué en los grandes delitos, esos elaborados en despachos, con documentos públicos y más costosos de investigar, o bien carecemos de medios para descubrirlos o bien nos sobran gateras para evitarlos. Así vamos contribuyendo alegremente a una justicia penal clasista. 

Los sectores más neoliberales argumentan, en contra de todas las evidencias criminológicas, que a mayor dureza de las penas, menos delitos y menos reincidencia

Lo paradójico es el predicamento que estas visiones punitivistas han conseguido en sectores del feminismo, que tras haber sufrido históricamente los sesgos de un derecho penal patriarcal, parecen fascinados por la posibilidad de hacer uso de la última ratio de un poder al que acceden por primera vez. La contradicción que de ello resulta es evidente. No solo porque la política criminal punitivista se haya revelado poco efectiva y revictimizante, sino porque no parece una buena idea utilizar el marco ideológico conservador, cuando no lo eres. Es cierto que durante mucho tiempo la justicia patriarcal ha tendido a ser completamente indulgente con aquellos delitos cuyas víctimas eran y son mayoritariamente mujeres. Pero eso no se corrige, volviendo la mirada del Dios castigador hacia otro objetivo, para que descargue sobre él la ira de la justicia de los hombres. Eso no hace más que reforzar el poder autoritario del Estado, de determinado Estado, sobre los conflictos, robárselos a la víctima, a quien se trata como una incapacitada o una menor de edad, y atesorar el saber experto, esotérico del derecho, sobre el sentido común mayoritario de la sociedad. Y no nos olvidemos del juicio moral a la víctima, que tiene que ser exquisita y correcta, incluso renunciar a los derechos que la ley le otorga en favor de una opinión pública dispuesta en todo momento a colocarla bajo el juicio de Dios o de los programas estos de la tarde.

Si no se tienen claros los principios, las cosas se pueden complicar muchísimo. Y me temo que esto es lo que ha pasado con la Ley Orgánica 10/2022. Una  Ley que viene a satisfacer una demanda social, como es eliminar las posibilidades de interpretación contrarias a las víctimas de agresión sexual, poner el consentimiento en el centro del debate jurídico y clarificar como violencia tanto la denominada intimidación ambiental como la sumisión química. Es una ley que castiga más conductas, y que aporta elementos para hacerlo de forma proporcional al daño causado en cada caso, aumentando con ello su eficacia. 

Pero lo verdaderamente relevante es que es una ley integral, es decir, articula una serie de medidas de protección de las víctimas muy relevantes y que sería largo detallar. El error comienza cuando se vende exclusivamente como una ley penal “solo si es si”, y además una ley punitiva. Como si quienes aspiramos a diseñar políticas públicas feministas hubiéramos dado por perdida la batalla cultural frente al discurso conservador,  y buscáramos decirle a la sociedad:   somos como ellos , queremos castigar mucho, la única diferencia es que queremos castigar mucho a los violadores y a los agresores machistas y ellos no, porque en el fondo no les parece tan grave. 

Para la derecha esto es un chollo. No tienen que hablar de la Ley. Les basta con demostrar su supuesto buenismo, para que entremos de nuevo en su dinámica. Para hablar de nuestras contradicciones y no de las suyas. La falta de una disposición transitoria y la existencia de interpretaciones judiciales discrepantes son suficientes para generar un estado de alarma social inducida y una corriente de opinión que en el fondo difunde un mensaje muy simple: el Ministerio de Igualdad y el de Justicia está lleno de personas inútiles que desoyen a los expertos en derecho y está dejando a los violadores en la calle y a las víctimas indefensas. 

Llegados a este punto, el nerviosismo se instala y los errores crecen. La parte socialista en el Gobierno, como reconocida maquinaria electoral, renuncia a dar la batalla de los principios, como ya han hecho por ejemplo con la prisión permanente revisable, y busca salir del charco con el menor desgaste posible. Y el Ministerio de Igualdad, abrumado por las críticas que le llueven, no consigue zafarse del marco conservador y punitivista en el que se formulan para proyectar con asertividad, como a mi juicio debería, las evidentes bondades de la ley. Por supuesto que las sutilezas políticas de la judicatura escapan al común sentir de la ciudadanía. Pero el papel de los medios de comunicación conservadores es clave. 

Por ejemplo, la L.O. de 5 de junio de 2010 modificó el artículo 368 del Código Penal en materia de tráfico de drogas, rebajando las penas máximas y posibilitando la no entrada en prisión de hechos de menor relevancia. Como consecuencia de la misma, hubo muchísimas revisiones de condena y un notable número de excarcelaciones. A nadie se le ocurrió decir que el Gobierno estaba poniendo en libertad a multitud de peligrosos narcotraficantes que iban a acabar con la población joven, que las víctimas de los posibles delitos estaban angustiadas e inaugurar un contador de revisiones de condena, mezclando rebajas con excarcelaciones y con cualquier cosa. Podía haber ocurrido. No pasó. Sin embargo, todo esto ya lo sabíamos o deberíamos haberlo sabido, antes de entrar en el saloon a repartir guantazos. ¿Qué problema había con explicar que hay otra manera de hacer las cosas? Que la sociedad está mejor protegida al haber hecho desaparecer la antigua distinción entre abuso y agresión, y que al unificarlas resulta lógico  que los tribunales reajusten las penas asignadas a determinadas conductas, sin que ello suponga una menor protección  a las víctimas; que es una ley integral y, por lo tanto, lo más importante son las políticas públicas de protección; Que una justicia feminista, en definitiva, es aquella que pone  el acento en los cuidados sociales, en la prevención, la escucha a la víctima y la reparación del tejido social dañado por el delito. Y que en la mejor tradición ilustrada, desecha por irracional la tentación retribucionista a la hora de prevenir los delitos, para centrarse en lo que verdaderamente disuade al infractor: la certeza de la pena y el consenso social sobre su necesidad y proporcionalidad

¿Es que nadie va a dar esta batalla? Porque si no damos esta igual tampoco damos ya la siguiente.

En la mentalidad conservadora hay Dios castigador que todo lo ve, y sólo Él puede redimir de los pecados (léase delitos) mediante su piedad. Por supuesto que en este esquema el castigo es el centro de todo el sistema. A la expiación de los pecados se llega por el sufrimiento, cuanto más intenso mejor. Frente a esta concepción, sobre todo a partir de la ilustración se abre paso el concepto de que, de cara a evitar delitos, lo más importante no es la retribución por el mal causado, sino la certeza de las penas, es decir, que el potencial infractor sepa que va a ser perseguido y castigado con seguridad. El castigo en sí pierde la ejemplaridad y el impacto de anteriores tiempos. Además, la ley penal se aplica por igual, sin privilegios de clase o condición. 

En la actualidad estas consideraciones siguen vigentes en tanto en cuanto desde los sectores conservadores de la sociedad se asocia la protección de la víctima con la dureza de las penas, su infinitud y el endurecimiento de las condiciones del castigo. Los  sectores más progresistas, en cambio, tienden a cifrar esa protección en otros factores: una investigación pronta y eficaz del hecho victimizante, que impida su impunidad; que el sistema penal sea capaz de poner a la víctima en el centro, de manera que pase de ser considerada un mero testigo en el proceso, a ser escuchada con empatía y ver atendidas sus necesidades de forma integral; y una lucha efectiva contra la reincidencia, por medio de programas de reinserción amplios y comunitarios financiados por el Estado que reduzcan el riesgo de reincidencia y los efectos más inhumanos del encierro prolongado.