Osasuna: pan, circo carísimo y otras responsabilidades

A finales de los años 80 el fútbol español estaba absolutamente quebrado. Todos los clubes tenían deudas muy superiores al valor de sus activos y, por tanto, eran incapaces de poder atenderlas. El opio del pueblo estaba en serio riesgo de desaparecer y la joven democracia no podía permitirse un pueblo sin circo, de modo que el Estado acudió al recate y aportó los fondos necesarios para sanear a todos los clubes en quiebra.

Para evitar que volviera a ocurrir algo similar, obligó a la reconversión en Sociedades Anónimas Deportivas a todos los clubes de fútbol profesionales, exigiendo aportaciones de capital por parte de los aficionados. La idea inicial fue que el accionariado de los clubes quedase repartido en tantas manos como fuese posible, pero poco a poco personas adineradas compraron paquetes accionariales grandes y pasaron a ser propietarios de los clubes.

De esta manera, Jesús Gil era dueño del Atlético de Madrid, Ruiz de Lopera del Betis, Ruiz Mateos del Rayo Vallecano y un tal Piterman lo fue del Alavés. Las aficiones seguían sintiendo los equipos como propios, pero la realidad es que eran propiedad de otros. Por eso la gente de Vitoria se molestaba con las decisiones de Piterman en la gestión del Alavés, pero no podía hacer nada pues era SU CLUB, no el de los alaveses.

De esta incómoda situación se libraron solo cuatro clubes. El Barça, el Madrid, el Athletic de Bilbao y, también, nuestro Osasuna. Estos cuatro equipos mostraron unos números ejemplares y consiguieron un estatus distinto que, por suerte, evitaba que fueran comprados por un multimillonario exótico que proyectase en el club sus excentricidades. La propiedad será siempre de quienes paguen sus abonos, que eligen entre ellos a su presidencia y a la directiva, aprueban o no la gestión, y pueden echar al presidente de turno si no es del agrado de la afición (que es, de facto, la dueña del club).

Pero no todo es tan sencillo, pues cualquiera no puede formar parte de una Junta Directiva. De entrada, se exige un aval a quienes gestionen. Esto quiere decir que quienes quieran presentarse a dirigir estos clubes y, por tanto, gestionar el patrimonio de los aficionados (socios y abonados de cada club), deben ser capaces de responder de las pérdidas que su mala gestión ocasionase. De modo preventivo, se les exige un aval del 15% del presupuesto de cada temporada (se supone que, por mal que gestionasen el club, es difícil provocar pérdidas superiores al 15% del presupuesto).

Este aval es solo una cuestión preventiva. Bueno, también limitante, pues un socio que ha sido aficionado a Osasuna desde pequeño, que se ha licenciado en administración de empresas, que tiene capacidad y ganas de dirigir al club, no puede hacerlo por falta de avales. Pero lo realmente sustancial es que, según la ley, quienes gestionan el club asumen responsabilidad económica por la mala gestión de dinero ajeno. ¿Les parece posible en un país como el nuestro? Pues así es.

Ingenuamente, exigir una responsabilidad económica a quienes dirigen una entidad por sus pérdidas parece injusto. Este negocio depende mucho del azar de que un balón pegue en el poste, o un árbitro pite un penalti riguroso en contra (esto en Osasuna nos suena), o el portero del otro equipo se convierta en internacional de repente. Con lo que, sí, parece injusto.

Pero, ¿es que alguien obliga a presentarse a alguien al cargo? La ingenuidad nos llevaría a pensar que Florentino cierra negocios en el palco del Bernabéu por majo, no por ser presidente del Real Madrid. O que Laporta fue recibido por Kofi Annan y por el presidente de los EEUU por guapo, no por presidente del Barça. Quienes se presentan al cargo saben perfectamente en qué consiste. Y saben, por tanto, todo lo que conlleva: incluida esa obligación de asumir su responsabilidad económica por una mala gestión.

Ahora nos encontramos con una propuesta, que quieren llevar al Parlamento de Navarra en forma de Ley, que pretende:

La alternativa: que Osasuna desaparezca y que la Hacienda Foral se quede sin cobrar un euro. ¿De verdad nadie va a ejercer la acción de responsabilidad contra las directivas anteriores que han llevado a Osasuna a esta situación antes de asumir el impago de la deuda con Hacienda? ¿No se quiere tanto al club como para que los responsables de su ruina paguen, y mientras tanto se mantenga la propiedad del estadio?

Osasuna es un club privado. Es verdad que representa un sentimiento importante en la comunidad. Es verdad, además, que es probable que atraiga turismo y el sector hostelero agradezca su existencia. Pero estamos hablando de que más de un 1% del presupuesto de la comunidad ha quedado enfangado. Nos lo han esquilmado debido a la pésima gestión de los últimos años.

Y ¿nadie? ¿Nadie, en serio, va a actuar contra quienes llevaron al club a la ruina? Para dar pistas, esta es la ley 10/1990 que explica quién puede exigir responsabilidades:

La acción de responsabilidad podrá ser ejercitada: por el club, mediante acuerdo de su Asamblea, obtenido por mayoría simple de los asistentes. Subsidiariamente, por socios que representen el 5% del número total de los mismos. En todo caso, transcurridos cuatro meses después del cierre de ejercicio económico por la Liga Profesional correspondiente y por el Consejo Superior de Deportes.

Esperemos que si los socios no son capaces de juntarse en número suficiente para actuar, y si la Junta Gestora no se decide a iniciar este proceso, la LFP o el CSD, actúen. Por el bien de Osasuna y por el bien de la ciudadanía navarra, que no puede quedarse sin cobrar.

Pan y circo. Pan o circo. Pan.

A finales de los años 80 el fútbol español estaba absolutamente quebrado. Todos los clubes tenían deudas muy superiores al valor de sus activos y, por tanto, eran incapaces de poder atenderlas. El opio del pueblo estaba en serio riesgo de desaparecer y la joven democracia no podía permitirse un pueblo sin circo, de modo que el Estado acudió al recate y aportó los fondos necesarios para sanear a todos los clubes en quiebra.

Para evitar que volviera a ocurrir algo similar, obligó a la reconversión en Sociedades Anónimas Deportivas a todos los clubes de fútbol profesionales, exigiendo aportaciones de capital por parte de los aficionados. La idea inicial fue que el accionariado de los clubes quedase repartido en tantas manos como fuese posible, pero poco a poco personas adineradas compraron paquetes accionariales grandes y pasaron a ser propietarios de los clubes.