Tres concentraciones frente al Arzobispado después, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca tiene una buena noticia: el desahucio de Pilar Cortés, de 55 años de edad; su hija Pilar, de 29; y su nieta María, de 12, no se producirá el próximo martes 29, como demandaba la Iglesia. Un defecto de forma en la demanda del abogado eclesial retrasa el proceso hasta el 18 de septiembre, cuando el juez ha convocado una vista. Hasta entonces, esta familia podrá seguir viviendo en la casa parroquial de Yesa.
“Es un error de primero de Derecho”, comenta Jesús Hernández, de la PAH. “No les avisaron con 30 días de antelación, y eso nos da tiempo”, afirma en medio de un ambiente mucho más optimista que el de las dos concentraciones anteriores del 9 y el 16 de mayo. El juez ha estimado el recurso de la defensa y ha fijado una vista para el próximo 18 de septiembre.
Aunque es una victoria parcial “no deja de ser una victoria”, apunta Hernández, que anuncia que desde la PAH están “viendo todas las posibilidades, pero el mensaje es el mismo que antes: pedimos al Arzobispado que hable, que negocie”. La propia Pilar se muestra “encantada”. “Aparte del tiempo que ganamos, esta decisión demuestra que no está todo perdido, que se puede ganar”, apunta Jesús.
Fuentes del Arzobispado explicaron que el desahucio se debe a que la vivienda “no tiene cédula de habitabilidad” y las obras de envergadura que deben acometerse para legalizarla exigen que no haya moradores en el interior. De ahí el desahucio, que no consideran “una cuestión económica”. Sin embargo, la falta de contrato formal de alquiler permite que una vez que abandonen la casa, el Arzobispado no vuelva a permitirles entrar. Y esa es su intención, pues “se ha perdido la confianza” entre las partes, afirman.
“Fue un acuerdo verbal, de buena voluntad, para ayudar a una familia necesitada”, aseguran en el Arzobispado. “Ellas trabajaban en la parroquia y a cambio podían vivir en la casa parroquial”. La ausencia de una cédula de habitabilidad, sin embargo, hace que “cualquier problema” que pudiera ocurrir sea responsabilidad legal del arzobispado. “No se puede legalizar la situación”, aseguraban hace15 días.
El afán de la PAH es que durante los meses que les otorga este nuevo retraso, las posturas se acerquen y Pilar y su familia puedan regresar a su casa una vez finalicen las obras de acondicionamiento.