La consejera Solana o cómo enmendar a tu antecesor sin morir en el intento

N. Elia

La nueva consejera de Educación, María Solana, es una de las integrantes del gabinete de Uxue Barkos con más frentes abiertos. Además de que compagina su labor al frente del departamento con la portavocía del Gobierno, y sin apenas aterrizar en la consejería de Educación, Solana ha tenido que concentrar sus esfuerzos en impedir que le estallasen varias “bombas” activas que ha heredado de su sucesor, José Luis Mendoza. Y lo está haciendo gracias a enmendar de plano decisiones adoptadas por el anterior consejero. Pero, consciente de la fragilidad del Gobierno en el flanco educativo por las incesantes críticas a la gestión de Mendoza, Solana arregla los conflictos jurídicos sin ruido.

El más reciente incendio que ha tenido que apagar Solana afecta nada menos que a 3.500 profesores interinos que trabajan para el departamento. Los sindicatos CC OO y AFAPNA alertaron de que estos profesores podrían quedarse fuera de las listas de contratación si no acreditaban tener el CAP antes del próximo 2 de junio. El origen del problema que le estalla entre las manos a Solana proviene de la gestión de su antecesor, que el pasado 12 de abril, un día después de su dimisión, había ordenado la publicación en el BON de una resolución en la que se determina que los aspirantes que figuran en las listas de contratación del departamento deben acreditar que están en posesión de la Formación Pedagógica y Didáctica, el antiguo CAP que permite dar clase en Educación Secundaria.

Lo cierto es que este requisito se estableció con anterioridad en una orden foral del año pasado, pero el propio departamento de Mendoza, por necesidades de servicio, ha permitido a lo largo del curso la inclusión en las listas de contratación de aspirantes que no habían acreditado estar en posesión del CAP. Muchos, incluso, están cursando los estudios para poder hacerse con la titulación.

“Esta regularización es un intento de sacar de las listas al personal que ya viene trabajando y del que Educación se ha servido en momentos de necesidad, pero puede darse la paradoja de que se eche de las listas a cierto número de aspirantes y después, como no hay personal suficiente en algunas especialidades, haya que volver a contratarlos a través del Servicio Navarro de Empleo”, denunció el responsable de Educación de CC OO.

Ante la denuncia sindical, Solana se vio obligada a salir a la palestra para templar los ánimos. Sin que fuera un pronunciamiento oficial, la titular de Educación dejó entrever que su departamento enmendará la regulación emitida por su antecesor en el cargo. “Tengo a los profesores a la espera de que les tranquilicemos. No saben si van a seguir en las listas de interinos porque no están en disposición de acreditar el CAP antes del 2 de junio. Es posible que revisemos la fecha, no queremos que nadie se quede en el camino por una cosa que parece más burocrática”, aceptó la consejera. Y resumió la que viene siendo su línea de actuación desde que tomó posesión del cargo: “Hay que resolver problemas más que generarlos”.

Nuevo proceso de admisión en 0-3

En realidad, el primer gran problema que tuvo que resolver Solana a su llegada al departamento fue, precisamente, el desencadenante de la dimisión de Mendoza. El anterior titular de Educación firmó el pasado 5 de abril una orden foral para dejar en suspenso el proceso de admisión de escolares del ciclo 0-3 años para el próximo curso, una medida que afectó a cerca de 3.500 familias que esperaban poder matricular a sus hijos con normalidad. Los sobresaltos, sin embargo, habían sido la tónica general en los procesos liderados por Mendoza, y éste no iba a ser diferente.

El problema surgió cuando un particular interpuso un recurso de alzada contra la resolución que regulaba el proceso de admisión de los escolares para el primer curso de Educación Infantil. Este particular entendía que las reglas aprobadas por Educación no recogían la prioridad en la admisión para familias numerosas, ni tenía en cuenta la consideración de renta per cápita de la unidad familiar. En lugar de resolver el recurso y continuar con el proceso de admisión, Mendoza optó por suspenderlo y dejó a los casi 3.500 escolares en la incertidumbre de qué iba a pasar con ellos el próximo curso. Después, el consejero dimitió.

Solana ha tardado un mes en enmendar aquella decisión de Mendoza. La rectificación de la nueva titular de Educación vino de la mano de un nuevo plazo de inscripción que, ahora sí, reconoce prioridad a los miembros de familias numerosas y tiene en cuenta la renta per cápita de la unidad familiar. El mes de suspensión del proceso de admisión tendrá como consecuencia un retraso de otro mes para conocer la lista definitiva de admitidos, pero los escolares podrán acceder a los centros con normalidad.

Al explicar públicamente la solución adoptada, Solana evitó toda crítica. “Lo que hoy se está resolviendo es devenido de un problema anterior no resuelto”, se limitó a señalar.

Abandono escolar

Pero el problema de mayor calado al que se enfrenta la nueva titular de Educación es, tal vez, el de que Navarra ha pasado a ocupar el primer puesto entre las Comunidades Autónomas donde más ha crecido la tasa de abandono escolar. Tras 10 años en los que la Comunidad foral había estado en los primeros puestos de entre las autonomías con menores crecimientos de la tasa de abandono, este índice ha subido del 9,8% a principios de 2016 al 14,3% en el primer trimestre de este año.

Una cuestión, reconoció la consejera ante las preguntas del PSN, que le “preocupa sobremanera” y sobre la que afirmó que “está trabajando”. Los datos ofrecidos por Solana para describir este fenómeno no convencieron al socialista Carlos Gimeno: “La media de la tasa de abandono escolar va bajando en España y estamos en la distancia más corta entre Navarra y España. Estos han sido dos años tirados por la borda”, advirtió el socialista en relación al mandato de Mendoza. “O cambiamos ya, o la educación pública va a pagar un precio irreparable”, advirtió a la nueva titular de Educación.