EH Bildu y PNV han solicitado en el Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé explicaciones por el ascenso del mando de la Guardia Civil con rango de teniente general Arturo Espejo, supuestamente relacionado con la muerte de Mikel Zabalza, un conductor de autobús navarro que falleció en 1985 en el cuartel de Intxaurrondo tras ser torturado. Según publica 'Gara', Espejo ha sido nombrado recientemente por Marlaska, como jefe del Mando de Apoyo, uno de los cuatro integrantes de la cúpula de la Guardia Civil.
Además, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu pregunta por escrito al Gobierno si considera que “es idóneo que en la cúpula de la Guardia Civil se encuentre el mayor responsable en uno de los casos más turbios sucedidos en el seno de ese cuerpo policial”, si “la decisión del ascenso y nombramiento se tomó tras conocer que el Gobierno vasco tenía la intención de reconocer a Mikel Zabalza como víctima de la violencia” y si el ascenso de Espejo es “la única medida que ha tomado el Gobierno en relación al Caso Mikel Zabalza”.
Arturo Espejo compareció el pasado 30 de marzo en la comisión de Interior celebrada en el Congreso por las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de remodelación de más de una docena de cuarteles del instituto armado. Espejo reconoció que se siguieron adjudicando obras al constructor canario Ángel Ramón Tejera, 'Mon', incluso después de que Asuntos Internos empezara a sospechar de irregularidades.
El joven Mikel Zabalza –al que en su familia preferían llamar, en castellano, “Miguel Mari”– no era miembro de ETA ni colaborador de los terroristas. Era un treintañero navarro que trabajaba en la compañía del transporte público de Donostia. A pesar de ello, la Guardia Civil lo detuvo en noviembre de 1985 en aplicación de una reciente Ley Antiterrorista que le confería poderes especiales para interrogar a detenidos y suspender derechos. Fue trasladado al cuartel de Intxaurrondo, donde sufrió “graves torturas y tratos inhumanos y degradantes”, según constató un informe oficial del Gobierno vasco conocido en 2022. Su cadáver apareció ya en diciembre en aguas del río Bidasoa, en la zona de Endarlatsa, un punto que une Gipuzkoa y Navarra con la frontera francesa.
La versión oficial policial de la época es que huyó mientras reconocía con unos agentes un supuesto zulo terrorista en ese punto, aunque apareció muchos días después en un lugar ya rastreado y sin signos de llevar semanas sumergido. Arturo Espejo era el agente instructor de la detención, uno de los guardias civiles que le custodiaba.
Casi cuatro décadas después, ese informe oficial desmontó esa tesis autoexculpatoria y concluye que hay un “grado de convicción suficientemente fundado” para sostener que Zabalza fue víctima de “hechos de naturaleza violenta, de etiología médico-legal homicida” cometidos por funcionarios públicos. La única duda es cómo se produjo la muerte concreta, si ahogado en un lugar distinto al Bidasoa y luego arrojado allí o por algún tipo de “asfixia violenta”, y quiénes fueron los responsables. Fruto de ello, la familia de Zabalza ha podido acogerse a las indemnizaciones previstas en la ley vasca de víctimas de violencia policial, que complementa a la de víctimas del terrorismo. También Navarra dispone de una herramienta similar con compensaciones económicas incluso más elevadas.
En el caso de la norma navarra, recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, el Ejecutivo foral podrá complementar con 115.000 euros los 135.000 euros que le han sido reconocidos a la familia de Mikel Zabalza por parte del Gobierno vasco, para alcanzar así los 250.000 euros que la ley navarra fija como el máximo previsto para violaciones de derechos humanos con resultado de muerte.
El caso de Zabalza será uno de los primeros que estudiará la comisión que se encargará de analizar todas las solicitudes que se reciban y, según ha podido saber este periódico, ya se han comenzado los contactos con la Administración vasca para estudiar la posibilidad de complementar la indemnización de la familia de Mikel Zabalza.
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