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El Gobierno de Navarra solicita a Siemenes Gamesa la devolución de 1,7 millones de euros en ayudas tras el cierre de su planta de Aoiz

Concentración de los trabajadores de Siemens Gamesa tras el anuncio del cierre de la planta de Aoiz

elDiario.es Navarra / Europa Press

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El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, ha informado de que el pasado 26 de enero el Ejecutivo foral inició el procedimiento para solicitar a Siemens Gamesa la devolución de 1,7 millones de euros que había recibido previamente por ayudas públicas a la inversión empresarial.

Irujo ha explicado, en una comparecencia en el Parlamento foral a petición de Navarra Suma, que el Gobierno ha iniciado dicho procedimiento después de que el pasado año la compañía cerrara su planta en Aoiz, donde trabajaban 239 personas.

Mikel Irujo ha afirmado que la orden foral sobre régimen de ayudas a las inversiones empresariales dispone la obligación de que la empresa mantenga su actividad en Navarra al menos durante cinco años después de finalizada la inversión (diez años en el caso de que las ayudas fueran dirigidas a terrenos o edificios). Por ello, una vez cerrada la planta de Aoiz, el Gobierno ha solicitado el reintegro de 1,7 millones de euros, más los intereses de demora.

Respecto a la situación de la antigua plantilla de Gamesa en Aoiz, Mikel Irujo ha explicado que, de los 239 trabajadores, 175 se adhirieron al plan de recolocación. Actualmente, 147 personas trabajan en otras empresas, 90 están inscritas en los servicios públicos de empleo y una está en formación en el Servicio Navarro de Empleo.

El consejero ha explicado que ha mantenido reuniones con Siemens Gamesa, que le ha trasladado que los cerca de 1.500 puestos de trabajo de la compañía en Navarra “se van a mantener porque es uno de los polos esenciales de la empresa”. No obstante, ha dicho que no tenía información sobre un posible nuevo proyecto para la planta de Aoiz.

Sí ha afirmado que “hemos impulsado y apadrinado el proyecto liderado por Iberdrola para una fabrica de reciclado de palas” y ha avanzado que este jueves se reúne con la ministra del ramo para explorar posibilidades. En términos generales, Irujo ha dicho que “se está trabajando en inversiones pero requieren de una discreción enorme” y ha dicho que “obviamente pelearemos porque el coche eléctrico se fabrique en Landaben”.

Asimismo, ha señalado que ha habido reuniones con el alcalde de Aoiz y, además de la posibilidad de la planta de reciclaje de palas, el Gobierno foral baraja la posible inversión con fondos europeos en una estación de energías renovables en Aoiz, que supondría “una inversión importante”.

Ante la petición que han hecho algunos grupos parlamentarios de condicionar la concesión de ayudas a obligaciones para las empresas, Irujo ha dicho que las ayudas ya están condicionadas y se prevé su devolución por incumplimientos. “¿Podemos mejorar? Sí y este año vamos a hacer una reflexión de las ayudas. Lo anuncio desde ya”, ha dicho, con vistas a las convocatorias del año 2022.

Durante su comparecencia, Irujo también ha abordado la situación de las empresas Trenasa, Myasa y MTorres. En el caso de Trenasa, ha explicado que existen actualmente dos expedientes sobre la mesa, uno de suspensión de contratos, que afecta a 113 de 118 trabajadores y que está prorrogado hasta el 30 de abril, y otro expediente de despido colectivo sobre el que no ha habido nueva comunicación. “El servicio de Trabajo no tiene conocimiento de si se ha ejecutado algún despido, al menos no se ha comunicado”, ha dicho, señalando que “el pasado 9 de febrero la empresa y el comité mantuvieron un encuentro que garantizaba a priori la actividad de la planta de Castejón para los próximos meses”.

En cuanto a Myasa, empresa del sector de automoción con 94 trabajadores, solicitó en octubre el concurso de acreedores voluntario ante el Juzgado de lo Mercantil de Pamplona. La solicitud se llevó a cabo para “acometer la reestructuración de la deuda y del negocio para poder mantener la actividad de la compañía”, según ha explicado Irujo. “La competencia para decidir sobre los contratos de trabajo corresponde al Juzgado de lo Mercantil, previo informe de nuestro Departamento. Hasta hora el Juzgado no ha solicitado dicho informe. Está abierto el periodo de consultas”, ha explicado Irujo.

Por último, en relación con la empresa MTorres, el consejero ha recordado que, tras el ERE presentado por la compañía, la dirección y la mayoría sindical alcanzaron un acuerdo que preveía reducir de 164 a 111 los despidos (63 en Navarra y 48 en Murcia), con una indemnización de 33 días por año de antigüedad con un tope de 24 mensualidades, entre otros aspectos.

El portavoz de Navarra Suma, Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado que la intervención de Irujo le plantea “las mismas dudas que teníamos con la actuación del consejero anterior -Manu Ayerdi-”. “Vemos que desde su propio Departamento hay un alejamiento de la realidad de las empresas y un desconocimiento de la evolución, y esperamos que eso se rectifique. Estamos generando un entorno industrial que no está favoreciendo el desarrollo y mantenimiento del empleo en Navarra. Es imprescindible aprobar el Plan de Empleo con presupuesto, porque con el panorama que nos viene encima nos viene un escenario complicado”, ha señalado.

La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha afirmado que Navarra Suma “se está olvidando de que un día gobernaron, hace ya más de seis años, pero también atravesaron una gravísima crisis económica y estoy convencida de que no habría hecho ese discurso cuando hubiera comparecido la última consejera de UPN”. “En la última crisis Navarra perdió más de 40.00 empleos y no escuché a UPN hablar con tanta beligerancia como han hecho ahora. Navarra avanza, pese a ustedes”, ha dicho al parlamentario de Navarra Suma.

Desde Geroa Bai, Mikel Asiain ha asegurado que “gran parte de la culpa de esta situación radica en la reforma laboral aprobada en el año 2012, que conllevó la flexibilización del empleo y la facilidad para los despidos, aplaudidas por los empresarios y criticadas por los representantes de los trabajadores” y, rechazando la posición de Navarra Suma, ha avalado las explicaciones ofrecidas por el consejero sobre la situación en las cuatro empresas.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que la pandemia es la “excusa” para la adopción de medidas por parte de algunas empresas y ha señalado que en los cuatro casos abordados en la comisión parlamentaria se observan “situaciones estructurales que vienen de lejos”. Con vistas al futuro del sector industrial en Navarra, Aznal ha señalado que le “preocupa” que la “tendencia” que se aprecia con estas cuatro empresas “coja más fuerza y sea una cadena de acontecimientos en nuestro tejido empresarial”. “Tenemos que hacer una profunda reflexión de hacia dónde queremos que vaya nuestra industria”, ha señalado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha criticado que “se hace una utilización de todos los mecanismos habilitados por la reforma laboral de forma persistente”. “Las empresas buscan la rentabilidad, es su leit motiv, la cuestión es qué hacemos los demás en relación a estos, y nosotros creemos que cualquier ayuda tiene que tener una vinculación en relación al mantenimiento del empleo porque es la parte social que nos toca y porque es la parte con la cual estamos consiguiendo sostener nuestros servicios públicos, el empleo”, ha subrayado.

Por último, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que “las ayudas públicas se deben condicionar al mantenimiento del empleo y a la calidad de ese empleo”. “Somos muy conscientes de la situación tan tremenda que estamos viviendo y que está afectando también a la viabilidad de las empresas. Hay algunos condicionantes que dependen de la normativa europea que permite esas deslocalizaciones y que la reforma laboral sigue vigente y esto facilita a las empresas atornillas a los trabajadores, y esto exige hacer las cosas de otra manera, evitar que esto vuelva a pasar.

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