“A partir de 1978 centenares de familiares asesinados a raíz del golpe de estado de 1936 deciden localizar, exhumar y dignificar los restos de sus desaparecidos en Navarra. ¿Cómo ocurrieron los asesinatos? ¿Cómo vivieron la larga dictadura? ¿Cómo consiguieron localizar los desaparecidos y qué hicieron los familiares?”. Así es como se presenta la exposición virtual 'Lur Azpian, desobiratze goiztiarrak Nafarroan' —Bajo Tierra, exhumaciones tempranas en Navarra—, fruto del primer proyecto de difusión del archivo oral del Instituto Navarro de la Memoria. Su director, Josemi Navarro, remarca que el objetivo de estas iniciativas es “profundizar en el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”.
La exposición está dividida en cuatro partes: “El golpe militar de 1936”, “La posguerra”, “Las exhumaciones en la Transición”, y “Memoria”. En ellas, además de unas breves explicaciones, se muestran fragmentos de las entrevistas realizadas a familiares de las víctimas de los asesinatos y desapariciones. La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, quiso subrayar durante la presentación del proyecto el “destacado el papel de los familiares, y de las asociaciones memorialistas en este ámbito”, además de recalcar el “compromiso” de Navarra con la memoria. De hecho, recientemente se firmó con la Sociedad de Ciencias Aranzadi el Plan de Exhumaciones 2021, “en el que se contemplan una veintena de intervenciones en distintos puntos de Navarra, que se sumarán a las más de 120 que se han llevado a cabo desde el año 2000 y que han permitido exhumar a 235 personas e identificar a 112 de ellas”.
Tras el triunfo en Navarra del golpe militar de julio de 1936, los sublevados originaron una ola de violencia que causó “más de 3.000 muertes y desapariciones forzadas”. Muchos de los familiares supieron que las víctimas fueron detenidas y llevadas a la cárcel, donde las palizas eran habituales. Después, muchos fueron asesinados y muchos otros fueron hechos desaparecer, y sus familiares no recibieron más información acerca de su paradero. La exposición virtual y los testimonios dejan claro que la última vez que vieron a sus familiares se les ha quedado “grabada a fuego” en la memoria. Manuel Pastor cuenta que se encontraba en su habitación y su padre en el altillo de la casa cuando se tropezaron. “Fue según él bajaba de la escalera y yo salía de la habitación. Ese fue el último momento en el que vi a mi padre, serio. No me dijo ni palabra”, recuerda.
Al padre de Petra Jiménez lo detuvieron cuando este escapaba a Francia. “Lo pillaron en Irun y lo llevaron a la cárcel de Alsasua, donde estuvo 50 días”, relata. Durante ese periodo, madre e hija iban todos los días a llevarle comida, hasta que una vez les dijeron que “estaba en libertad” y no volvieron a verlo más. Algo parecido intentó hacer el padre de Pilar Jiménez. “Un primo les avisó para que salieran del pueblo. Mi padre se fue, pero volvieron a los pocos días porque tenía cuatro criaturas. Al momento los cogieron y los llevaron a la cárcel. Los tuvieron días allí, y les daban palizas”, narra.
Muchos de los asesinatos fueron cometidos por milicias armadas “formadas por carlistas, falangistas y uniformados”, recoge la exposición. En general, los asesinatos perseguían ideologías políticas y conflictos sociales. Durante la II República hubo libertad política, por lo que la gente se afilió tanto a partidos como a sindicatos y asociaciones culturales y sociales. Todo ello ayudó a los perpetradores a identificar “fácilmente” a sus objetivos: “republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos”. También fueron señalados aquellos que antes del golpe de estado “reclamaron un reparto justo de las tierras para tener acceso a ellas para su cultivo”. Es lo que le pasó al abuelo de Alberto Ruiz, jornalero que no tenía tierras. “El administrador daba tierras a sus amigos y a los demás los tenía sin nada. En el pueblo ha habido una reivindicación por tierras terrible, pero en esa reivindicación el administrador tenía unos enemigos y cuando llegó el golpe del 18 de julio se tomó la revancha”, admite.
Que vengan y lo maten de un tiro, eso es para matarlos a ellos. Mis tíos, que eran tan jóvenes, vieron al guardia que había matado a su padre, fíjese lo que hubieran hecho, y tuvieron que aguantarse y callar
Además, las listas de los asesinados y desaparecidos las completaban muchas veces vecinos de la misma localidad. Tras los crímenes, los perpetradores tuvieron “total impunidad” frente a cualquier agresión cometida contra los vencidos. Los familiares de las víctimas tuvieron que hacer frente a la dictadura conviviendo con los responsables de las muertes y desapariciones de sus seres queridos. Durante la posguerra, además, los perpetradores siguieron humillando a las víctimas, sobre todo a las viudas. “Mi abuelo era de los que estaba con los que mandaban a fusilar a la gente. A mi abuela, su hermana, le cortaron el pelo porque fueron a por mi madre y les dijo que lo que le fueran hacer a su hija se lo hicieran a ella. Se la llevaron y le cortaron el pelo al raso”, cuenta Dolores Irisarri.
“Saqueaban las casas después de matar. De casa de mi abuela desaparecieron todos los apegos del campo y las gallinas. Saqueaban porque luego iban al casino y celebraban las muertes con productos que habían quitado a las víctimas”, recalca Antonio López. Esas humillaciones públicas generaron una herida profunda en la memoria de estas personas, como recoge 'Lur Azpian'. “A veces mi padre venía amargo a casa porque había ido al bar y se había encontrado con uno de los asesinos, que además decían barbaridades”, relata León Felipe Marín. Sin embargo, ante esa impunidad que tenían, las víctimas no pudieron hacer nada. “Que vengan y lo maten de un tiro, eso es para matarlos a ellos. Mis tíos, que eran tan jóvenes, vieron al guardia que había matado a su padre, fíjese lo que hubieran hecho, y tuvieron que aguantarse y callar”, deplora Esther Serrano.
Apoyo entre víctimas para encontrar a sus seres queridos
Ya en plena dictadura, hubo familias que no se conformaron con tener a sus seres queridos en las fosas donde fueron enterrados. En Navarra, al menos una veintena de familias exhumaron los restos de sus familiares pese a las dificultades. La exhumación de Fortunato Aguirre en 1959 podría tratarse de la primera exhumación con documentación gráfica en España. No obstante, durante la dictadura no todas las exhumaciones fueron realizadas a voluntad de las familias de las víctimas. Con la construcción del Valle de los Caídos, en 1959, “decenas de fosas comunes fueron exhumadas en toda España y trasladados sus restos a Cuelgamuros sin conocimiento de las familias”, indica la exposición. De aquellas exhumaciones, al menos seis se hicieron en fosas comunes de Navarra. Félix Ángel Valerio cuenta que poseen un documento del párroco de Arandigoien en el que se certifica que “los cuerpos de Segundino y Germán Valerio fueron trasladados al Valle de los Caídos”.
A partir de 1978, familiares de las víctimas, la sociedad civil, políticos y varios sacerdotes ligados al Concilio Vaticano II “crearon un hilo asociativo de víctimas de Navarra”, dentro de cada población y entre ellas. Fue un movimiento con “apoyo mutuo”, en el que reivindicaron y dignificaron la memoria de las víctimas. “A nosotras nos animaron en Valtierra a buscar a nuestros padres. Mi hermano ayudaba a todo el que podía. Antes no nos conocíamos, pero ahora somos como familia”, detalla Gloria Nieves.
Cuando sacamos los restos, los trajimos al cementerio. Después, cuando los recogimos todos, pusieron las cajas en la plaza del ayuntamiento. Gente que estuvo matándolos se presentó a dar el pésame
Para poder localizar las fosas, fue inprescindible la “memoria oral”. En aquel momento, todavía muchas de las personas que recordaban esos asesinatos seguían vivas, lo que facilitó el hallazgo de las fosas comunes al no haber ninguna documentación sobre ellas. Asimismo, hay una “coincidencia generalizada en subrayar el papel de José María Jimeno Jurío” en la localización de los lugares donde fueron enterradas las víctimas, quien, además, sufrió amenazas de muerte por su implicación.
Las exhumaciones, en las que se removieron “sentimientos muy profundos”, fueron seguidas de entierros en panteones comunes en los que se colocaron placas conmemorativas con los nombres de todos los fusilados del pueblo, además de funerales religiosos y homenajes. Tomasa Robles y Alberto Ruiz coinciden en que los curas de sus respectivos pueblos “ayudaron mucho” y “se portaron muy bien”. “Cuando sacamos los restos, los trajimos al cementerio. Después, cuando los recogimos todos, pusieron las cajas en la plaza del ayuntamiento. Gente que estuvo matándolos se presentó a dar el pésame”, narra Valentín Castillejo. Sin embargo, no todas las exhumaciones fueron exitosas. Algunos de los familiares conocieron el traslado de los restos de sus seres queridos al Valle de los Caídos en el momento en el que vieron las fosas en las que habían sido enterrados años antes vacías. Otras de las razones por las que no encontraron a sus familiares fueron las pistas falsas, la falta de información y los movimientos de tierra posteriores.
Aunque los procesos de exhumación que se dieron en Navarra entre 1978 y 1980 sirvieron para “cerrar heridas y duelos”, los familiares de las víctimas recuerdan que todavía no se ha hecho justicia. José Remírez cuenta cómo el cura le pidió hacer una “confesión general” con la que “perdonar a aquel que ha hecho mal”, porque el señor “acudía todos los días arrepentido”, a lo que Remírez contestó: “Pues dígale usted a ese señor que venga a pedirme perdón a mí, no a usted”. “La rabia no hay quien te la quite. El perdón está un poco más lejos, porque ellos tampoco lo pidieron”, admite Tomasa Robles. Por eso, con los nuevos programas públicos del Gobierno de Navarra, los familiares de las víctimas se muestran “esperanzados”, ya que los poderes han “intensificado su apoyo en torno a tres pilares: la verdad, la justicia y la reparación”.