El Gobierno de Navarra ha incluido en el anteproyecto de presupuestos que ha aprobado en su sesión de gobierno este pasado miércoles una previsión de subida de la renta garantizada para el 2023, tal y como había anunciado la consejera de Economía y Hacienda y portavoz del Ejecutivo foral, Elma Saiz. Con esta subida, todavía pendiente de determinar, el gobierno busca minimizar la pérdida de poder adquisitivo de las casi 13.000 familias que reciben esta prestación básica por la subida de los precios de la energía y la inflación. Esta subida se suma a las ya anunciadas de un 4% en el salario de los funcionarios, que tendrá un coste de 60 millones de euros, y del 12% para la financiación de los ayuntamientos, a los que se destinarán 303 millones.
Tal y como se detalla en el artículo 29 de la ley foral de la Renta Garantizada, las cuantías se actualizarán anualmente con un porcentaje de subida que “como mínimo” el valor mayor entre el incremento medio anual del IPC en Navarra en el año anterior y el de los salarios medios. Desde el Departamento de Derechos Sociales estiman que el incremento será el equivalente al del IPC anual, cuyo aumento ha sido mayor al de los salarios. En los cálculos macroeconómicos que el Departamento de Economía y Hacienda envió a la Airef -órgano fiscal independiente- previo paso para fijar el techo de gasto, se fijó una inflación del 8,9% para el 2022.
En el anteproyecto de presupuestos que en los próximos días será enviado al Parlamento foral para comenzar con su tramitación, se recoge una subida del 16% en el gasto del Departamento de Derechos Sociales, que aumenta hasta los 615 millones de euros. Una parte importante del gasto irá destinado a las prestaciones básicas que Navarra ofrece, como son la Renta Garantizada, el complemento a las pensiones más bajas y a las de viudedad. Los técnicos han hecho una estimación de gasto de 88 millones de euros para la Renta Garantizada y de 50 millones para el Ingreso Mínimo Vital.
12.600 unidades familiares reciben la Renta Garantizada en la comunidad foral. De ellas, unas 6.000 son beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, cuyas cuantías son algo inferiores. Por ello, el Gobierno de María Chivite y el Ejecutivo central acordaron el traspaso de su gestión para que Navarra asumiera el pago de las prestaciones para luego “hacer los ajustes” en la cuantía que paga al Gobierno central por los servicios que presta en virtud del Convenio Económico.
Retraso en el traspaso de la gestión del IMV
Este traspaso, previsto para el mes de octubre, ha sufrido un ligero retraso fruto de la “dificultad” de la transferencia, apuntan desde el Departamento de Derechos Sociales a este periódico. Euskadi lo tiene ya desde hace meses y tramita a la vez el IMV y su renta propia, la RGI. Estas mismas fuentes aseguran que antes de que finalice el año estarán completos todos los trabajos, que ya se han iniciado.
Por el momento, todas las nuevas solicitudes que la Seguridad Social reciba en Navarra para el Ingreso Mínimo Vital ya serán transferidas a la comunidad foral. Al mismo tiempo se está trabajando en proceso de migración de datos entre ambas administraciones para que “antes de que acabe el año” sea Navarra la que pague las prestaciones del IMV.
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