El Gobierno de Navarra va a crear puestos de profesorado con perfil de lengua extranjera al margen del cuerpo de docentes estatal para poder estabilizar a trabajadores de la red pública del Programa de Aprendizaje de Idiomas (PAI) y reducir la temporalidad, que alcanza un 70% de los contratos. El Parlamento foral ha aprobado este jueves una proposición de ley presentada por el principal partido del Gobierno, el PSN de María Chivite, y que únicamente ha sido apoyada por los 20 parlamentarios de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, generando una importante fractura dentro del Ejecutivo.
La ley pretende dar estabilidad con 350 plazas que saldrán a concurso público, y que tras la aprobación de una enmienda de la coalición de derechas, serán únicamente para este programa bilingüe, sin la posibilidad de que los docentes que las adquieran puedan pasarse a los modelos de castellano o euskera, creando así un cuerpo de docentes paralelo al ya existente. De hecho, el artículo dos del proyecto de ley indica que “los puestos de trabajo quedarán sujetos al régimen” navarro, en lugar de a la legislación estatal. Además, el Gobierno de Chivite se ha comprometido, a solicitud de Navarra Suma, a convertir en los próximos años este programa en un modelo educativo equiparándolo con el modelo D -en euskera-.
La norma no gusta ni a Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, socios del PSN en el Gobierno navarro, ni a EH Bildu, socio presupuestario del Ejecutivo, ni tampoco a la mayoría sindical, incluido UGT, porque establece como requisito para optar a las plazas el conocimiento de lengua extranjera, principalmente el inglés, algo que no está contemplado en la norma estatal. De hecho, el propio consejero de Educación Carlos Gimeno, defendió esta misma semana en sede parlamentaria que esta ley es la “única posibilidad” que ha encontrado su departamento para estabilizar las plazas de este profesorado tras haber intentado sin éxito negociar con el Ministerio modificar la normativa estatal. Se da la circunstancia, que la portavoz en la comisión de Educación de Geroa Bai, la exconsejera María Solana, intentó lo propio en la pasada legislatura obteniendo también la negativa del Gobierno central.
Son de hecho las dudas sobre su legalidad las que han provocado el rechazo de todos los grupos salvo Navarra Suma. Tanto es así, que Geroa Bai, Podemos, Izquierda-Ezkerra y EH Bildu solicitaron un informe jurídico al Consejo de Navarra para conocer si de verdad se cuenta con la garantía suficiente para aprobar la norma, que todavía no ha sido publicado. El consejero de Educación ha asegurado que existe informes del equipo jurídico del Ejecutivo que avalan esta ley amparándose en el “autogobierno” y las competencias propias de Navarra.
Gimeno argumentó en comisión parlamentaria que existe un caso anterior, también en la comunidad foral, similar al que se plantea ahora. Fue en 2003, cuando el profesorado de unas ikastolas dependientes del Ayuntamiento de Pamplona fueron “transferidos” al Gobierno de Navarra para ser estabilizados.
Los sindicatos plantean instar a la Abogacía del estado a que recurra al Tribunal Constitucional
Los sindicatos LAB, Steilas, ELA y UGT, que representan la mayoría de la mesa sectorial, se han concentrado delante de la Cámara foral para mostrar su disconformidad con la norma, que consideran que “vulnera la normativa estatal” por “discriminar” a gente que no tiene perfil de lengua extranjera, un requisito no contemplado en la normativa del Estado.
Allí, el representante del sindicato Steilas Raúl López ha indicado que se están viendo “los primeros movimientos” de sindicatos a nivel estatal, como CSIF, para instar a la Abogacía del Estado a presentar un recurso contra la ley foral por este motivo. “La ley provoca que haya dos grupos de personal funcionario que están desarrollando funciones semejantes o las mismas, pero que tienen derechos laborales completamente diferentes”, ha criticado López.
“La estabilización de los trabajadores hay que llevarla a cabo siempre”, pero que la manera tan rápida y utilizando trucos legales y no muy claros para que esta ley se apruebe lo antes posible sin tener informes jurídicos del Consejo de Navarra lo que va a hacer es, a estas personas que se les puede llegar a dar una plaza, ponerles en una tesitura muy peligrosa en la que si hay alguna sentencia contraria dentro de un tiempo vayan a ver su puesto en peligro“, ha lamentado Mikel Larraza, de UGT.