Los gobiernos central y navarro firmarán previsiblemente este jueves el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a la comunidad foral en una reunión entre las delegaciones del Estado y de Navarra de la Junta de Transferencias. De esta forma, la comunidad foral se suma a Euskadi y gestionará de forma íntegra la gestión de esta prestación, que se creó en 2020 y que se reguló por ley a finales de 2021, a partir del mes de octubre.
La gestión del IMV a Navarra se ha valorado en 48,35 millones de euros, el resultado de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste presupuestado en los Presupuestos Generales de Estado para 2022 en esta materia, 3.021,9 millones de euros, y que no incluyen la subida del 15% anunciada por Pedro Sánchez este mismo lunes. La comunidad foral se descontará esta cuantía del canon que se abona al Estado por los servicios prestados.
Los dos ejecutivos habían cerrado ya hace unos meses que la comunidad foral sea la encargada de gestionar el IMV, si bien todavía no se había fijado una fecha para su formalización a falta de concretar algunos flecos del traspaso. Según han detallado este lunes los portavoces parlamentarios de Podemos, Mikel Buil, y de Geroa Bai, Uxue Barkos, el Gobierno de Chivite ha citado este lunes a los representantes de la parte navarra de la Junta de Transferencias para conocer los detalles del acuerdo.
Todos los grupos parlamentarios navarros han apoyado el traspaso de la gestión de esta prestación, que según ha precisado el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz no se trata de una transferencia al uso, ya que no se traspasa “personal, medios materiales, ni la potestad legislativa en esta materia”, sino que los que se transfiere es la gestión económica de una prestación de la Seguridad Social.
Desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral ha señalado que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la seguridad social con el sistema de información y gestión de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales. Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e ingreso mínimo vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.
A partir del 1 de octubre, el Departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.
La noticia se produce tras más de un año y medio de negociaciones entre ambas administraciones y después de estar parcialmente bloqueada por las diferencias entre la comunidad foral y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acerca del modelo de financiación de la prestación.
El principal punto de desencuentro entre ambas administraciones y que ha retrasado el acuerdo más de un año reside en el modelo de financiación del IMV una vez se formalice el traspaso. El Ministerio de José Luis Escrivá quería que fuese como el que está funcionando hasta ahora: que Navarra de la orden de pago a la tesorería de la Seguridad Social para aquellas familias que cumplen los requisitos del IMV, mientras que la comunidad paga de su bolsillo el complemento de la Renta Garantizada.
Sin embargo, la comunidad foral defiende que la trasferencia ha de ser “integral”. Esto es, que Navarra se haga cargo del pago completo de las prestaciones para luego “hacer los ajustes” en la cuantía que paga al Gobierno Central por los servicios que presta en virtud del Convenio Económico.
En Navarra, entre unas 5.000 y 6.000 personas son perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, de las que muchas complementan esta prestación con la Renta Garantizada navarra, que es más garantista. En la comunidad foral más de 15.000 familias reciben mensualmente la Renta Garantizada, la prestación que aprobó el Gobierno de Uxue Barkos en 2016 para garantizar unos ingresos mínimos con los que poder pagar un alquiler y la manutención a familias en situación de vulnerabilidad, y que es muy similar al IMV. Por ello, el Ejecutivo de María Chivite ha solicitado el traspaso de la gestión de esta prestación para una gestión “más eficaz” de la ayuda.