Navarra igualará las indemnizaciones de las víctimas de la violencia policial con las de las víctimas de ETA

El Parlamento de Navarra aprobará en las próximas semanas una modificación de la ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas de la violencia policial o de grupos de extrema derecha, aprobada en 2019, por la que se equipararán las indemnizaciones que recibirán las víctimas reconocidas por esta norma con las que perciben las víctimas del terrorismo. Después de recibir el aval del Tribunal Constitucional a la ley tras los recursos presentados por PP y Vox, el Gobierno foral pondrá en marcha en los próximos meses la comisión que se encargará de estudiar las solicitudes de reconocimiento.

La proposición, presentada por los tres grupos que conforman el Ejecutivo de María Chivite, PSN, Geroa Bai y Podemos, tiene asegurada su aprobación en la Cámara foral, después de que EH Bildu haya anunciado su apoyo, mientras que Navarra Suma votará en contra. El texto consensuado entre los tres partidos modifica el artículo 12 de la ley y fija las indemnizaciones que tendrán derecho a percibir aquellas personas que sean reconocidas como víctimas de la violencia policial o de extrema derecha, así como sus familias. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica. Son las mismas cuantías que recibe cualquier víctima del terrorismo reconocida por el Estado.

Además, el texto recoge que estas indemnizaciones “son compatibles con las cantidades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las compensaciones económicas reconocidas al amparo” de la ley foral. De esta forma, la familia de Mikel Zabalza, navarro que fue torturado y asesinado por la Guardia Civil en el cuartel de Intxaurrondo (Gipuzkoa) en 1985, podría complementar la indemnización que le ha sido reconocida por el Gobierno vasco fijada en 135.000 euros hasta los 250.000 que contempla la ley navarra.

Con esta modificación se corrige el texto de la ley original que vinculaba las indemnizaciones a la ley foral de víctimas del terrorismo del año 2010, lo que complicaba el acceso a las prestaciones de las víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha por no estar mencionadas en la norma. “La ley necesitaba unas correcciones y es lo que se ha conseguido”, ha señalado la portavoz de Geroa Bai Uxue Barkos.

La modificación de la ley será aprobada a lo largo del mes de mayo y, antes del verano, según indican fuentes del Gobierno foral a este periódico, se formará la comisión que se encargará de estudiar de forma individualizada las solicitudes de reconocimiento. PSN, Geroa Bai y Podemos también han acordado los nombres de las personas que formarán la comisión, que según ha podido saber elDiario.es serán el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Martín Zabalza y José Miguel Gastón, director del Instituto Navarro de la Memoria, como miembros natos;  Marta Rodríguez, profesora de Sociología de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Mikel Berraondo, asesor de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Roldán Jimeno, historiador y Soledad Barber, profesora titular de Derecho Penal de la UPNA, como miembros designados por el Parlamento foral; además de dos peritos forenses designados por el Instituto Navarro de Medicina Legal, con experiencia en materia de víctimas y un psicólogo designado por el Instituto Navarro de Medicina Legal, con experiencia en materia de víctimas.

Una vez conformada la comisión sus miembros comenzarán a estudiar las distintas solicitudes de reconocimiento para decidir quiénes adquieren la condición de víctima, y en ese caso, cuál será su indemnización. Según fuentes del Gobierno todavía no se ha abierto el plazo para presentar solicitudes de reconocimiento pese a que la ley lleva más de tres años aprobada por los distintos recursos al Constitucional que han ralentizado el proceso. Se espera que para después del verano se pueda comenzar a analizar los primeros casos.

Entre ellos no estará el expediente de Germán Rodríguez, un joven activista político que durante los disturbios que siguieron a una intervención de la Policía en la plaza de toros de Pamplona el 8 de julio de 1978, falleció a causa de un disparo efectuado por las Fuerzas de Seguridad de Estado. Su hermano Fermín señala a elDiario.es que no quiere participar en una ley “que no se ha hecho pensando en las víctimas sino en pasar los filtros del Constitucional” y que “bloquea cualquier acceso a la Justicia” para reabrir los casos que fueron cerrados en el pasado.

“El reconocimiento es una de las patas de un banco que requiere verdad, justicia, reconocimiento y reparación. El reconocimiento y la reparación van después, primero tenemos que conocer la verdad y que se haga justicia sobre esa verdad. No se puede elegir una cosa y desechar las otras”, lamenta.

Sí que tiene intención de ser considerado víctima, en este caso de la extrema derecha, Javier López de Munáin, librero de Pamplona que durante la transición sufrió varios atentados cometidos por grupos de extrema derecha como los Guerrilleros de Cristo Rey o el Comando Adolfo Hitler en su librería El Parnasillo. Es una de las víctimas del llamado “terrorismo oculto”, que ha dejado en la comunidad foral al menos 26 atentados.

En Euskadi existe también una ley similar pero sus cuantías económicas son más bajas que para las víctimas del terrorismo, un elemento que ha llevado en varias ocasiones a EH Bildu a asegurar que estas otras víctimas son consideradas de segunda categoría. Fuentes del Ejecutivo consultadas por este periódico explican que “por el momento no está prevista” una actualización legislativa. No obstante, la comisión trabaja ya en su informe anual, “en el que cabe la realización de diferentes recomendaciones”. Esta ley tiene su aplicación más avanzada que la navarra y, además del caso de Zabalza, ha habido decenas más reconocidos. Por el contrario, se cortó de raíz el intento de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para valerse de esta ley para ser reconocidos como víctimas. Se les emplazó a que si habían sufrido la violencia de ETA disponen de herramientas para acceder a las prestaciones previstas.