El Gobierno de Navarra interpreta, tras haber sido desestimada su petición de aclaración de la sentencia, que el veto del Tribunal Supremo al traspaso de las competencias de Tráfico a la comunidad foral afecta únicamente al reparto de funciones de la Guardia Civil y la Policía Foral y que, por tanto, no anula la transferencia de las siete funciones que ya gestiona Navarra. En paralelo, el Ejecutivo de la socialista María Chivite trabaja con el Gobierno central en la reforma exprés de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas, para asumir las competencias.
En el auto en el que Supremo rechaza aclarar la sentencia al Gobierno navarro, los magistrados se remiten a los propios términos de la sentencia, en la que fallaron: “Se estima la demanda y respecto de su alcance precisamos que la nulidad del Real Decreto 252/2023, en cuanto que aprueba el acuerdo de traspaso más el complementario, alcanza a las funciones o servicios prestados por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra”.
Consideran que en este caso no hay punto oscuro que aclarar, ni error material o aritmético, ni se ha omitido pronunciamiento alguno que exija completar la sentencia. “Basta estar a los propios términos de la sentencia que la Comunidad foral ha entendido en cuanto a su alcance”, señalan.
Así, tras conocer este auto, desde el Ejecutivo navarro interpretan, según informan fuentes de Interior a este periódico, que la sentencia no anula el resto de funciones incluidas en las competencias de Tráfico, ya que los magistrados únicamente se refieren en su escrito a la gestión de las carreteras.
En concreto son siete servicios ya transferidos y que gestiona Navarra: el cobro de las tasas; autorizaciones para los centros médicos de reconocimiento; inspección de autoescuelas; autorizaciones para los centros de recuperación de puntos del carnet; campañas divulgativas de seguridad vial; autorización de eventos con vehículos históricos; y la elaboración de informes de pruebas deportivas que se desarrollen en carreteras navarras.
Además, en el acuerdo que en 2023 firmaron los gobiernos central y navarro para el traspaso de las competencias, se incluía también que Navarra asumiría la gestión de las multas de tráfico a partir del año 2025. En el Ejecutivo foral entienden que esta cuestión tampoco queda anulada por la sentencia del Supremo, si bien los equipos jurídicos del Ejecutivo estudiarán más al detalle la sentencia para confirmarlo.
Mientras, el Gobierno de Chivite avanza en la reforma de la LORAFNA para poder asumir las competencias de Tráfico. Ya se ha conformado la comisión navarra que negociará con el Gobierno central el texto que se modificará del Estatuto, que posteriormente deberá pasar por el Parlamento de Navarra, el Congreso de los Diputados y el Senado, donde se votará como ley orgánica.
El Gobierno de Navarra quiere que esta reforma de su Estatuto esté lista antes de que finalice el año. Con todo, la sentencia del Supremo va a retrasar el calendario que ya habían acordado las dos administraciones y que fechaba la culminación del traspaso en 2027, año en el que estaba previsto que la Guardia Civil dejase de operar en las carreteras navarras.
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